Viernes 7 de agosto de 2015
En la madrugada del jueves 6, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó en primer turno y por mayoría aplastante, la primera “pauta bomba” en el Congreso. El gobierno de Dilma, que se opuso, fue derrotado con la enorme contribución de la propia base oficialista, y eso promete aumentar aún más la turbulencia en el Congreso durante las próximas semanas, además de mostrar un creciente aislamiento del gobierno en la Cámara.
Las denominadas “pautas bomba” son medidas que, de ser aprobadas, elevarán los gastos del gobierno, dificultando el ahorro para el ajuste fiscal y el pago de intereses de la deuda pública hasta fin de año.
Sin embargo, las diferencias entre el gobierno y la oposición no favorecen en nada a los trabajadores y al pueblo pobre, por ninguno de los lados. Por un lado, Dilma está en contra porque quiere seguir profundizando su ajuste fiscal que viene atacando las condiciones de vida de la población trabajadora, por otro la oposición quiere más dinero para privilegios a funcionarios militares y de alto escalafón del estado. Las “bombas” son arrojadas sobre los trabajadores.
La medida votada se trata de la equiparación de los salarios de Abogacía General de la Unión (AGU, órgano encargado de la defensa y asesoramiento jurídicos de la Unión) con los subsidios del Supremo Tribunal Federal. En la práctica, sería un aumento salarial que costaría a las arcas del gobierno cerca de 2,5 mil millones de reales por año (cerca de 700 millones de dólares), según datos de Agência da Câmara.
Esta pauta beneficia a delegados federales y de la policía civil, que es un sector de funcionarios públicos que ya se caracteriza por cobrar salarios altos. La “pauta de los abogados”, como se hizo conocida, amplía el techo de los salarios de la AGU a cerca del 90% del salario techo del escalafón público (que es el salario del Procurador General de la República, actualmente en 33.763 reales por mes, más de 9.000 dólares), es decir un valor cercano a los 30.386,70 reales.
Otra “pauta bomba” que debe ser votada en las próximas semanas es la corrección del rendimiento del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS, de 3% al año) más la Tasa Referencial (TS) al rendimiento de los ahorros, que está en 6,17% al año más TR para los depósitos hechos a partir de 2016. Esa medida aumentaría los costos de la construcción civil y de la financiación de obras, por ejemplo, del programa de financiamiento de viviendas del gobierno federal “Minha Casa Minha Vida”.
Una más de las “pautas bomba” defendida por la denominada “bancada de la Bala” en el Congreso, es la creación de un piso nacional para los salarios de los policías militares. Este piso estaría basado en los salarios base de la policía militar del Distrito Federal (actualmente en 3.886,16 reales, sin remuneraciones extra, el salario de un soldado de la Policía Militar es de 5.005,44 reales). La aprobación de la Propuesta de Enmienda Constitucional nº 300 (PEC 300) que también aumenta los salarios de los bomberos, significará para el gobierno un costo extra de 60 mil millones de reales al año (casi 17 mil millones de dólares) según datos del diario Folha de S. Paulo.
La votación de la Desvinculación de los Ingresos de la Unión (DRU por sus siglas en portugués) es otra de las pautas bomba y es la más cara de todas, costaría alrededor de 122,7 mil millones de reales (más de 34 mil millones de dólares). Esta pauta concede mayor libertad para el manejo del presupuesto federal, permitiendo por ejemplo mayores gastos con proyectos de los parlamentarios en sus respectivas regiones electorales, estados y municipios.
La última pauta bomba es la regularización de recursos no declarados que fueron desviados al exterior, como el dinero de empresarios proveniente de la evasión fiscal. Esta pauta fue pospuesta y podría traer al gobierno una recaudación extra que aliviaría los esfuerzos para el cumplimiento de la meta de ajuste de cuentas del gobierno.
Crisis política
Las “pautas bomba” están dificultando el paquete de ajuste fiscal de Dilma y Levy, este último hizo un nuevo llamado a un esfuerzo conjunto de los partidos y parlamentarios en nombre de la pauta de ajuste fiscal, que sería una pauta unificadora de los intereses de las diversas fracciones de empresarios y poderosos. Sin embargo, la crisis política y de representatividad de todas las camadas de gobernantes que sirven a los ricos en el país se muestra como una traba en el avance de un “pacto nacional” por el ajuste, que para Dilma también minimizaría la crisis política de su gobierno. Crisis política que involucra también escándalos de corrupción y que se convierte en un factor acelerador de la crisis económica en Brasil, como admitió anteayer (5) el ministro del PT, Aloísio Mercadante.
Por ejemplo, el miércoles, el vice presidente del PMDB y principal articulador político del gobierno, Michel Temer, hizo declaraciones afirmando que la situación en el país es grave y apela a la unidad más allá de las diferencias entre los partidos en nombre de la solución de los “problemas del país” (léase, crisis económica y necesidad de aprobación del paquete de ajuste fiscal como sugieren los bancos y el FMI). Afirmó además que el Congreso Nacional es capaz de unificar el país y admitió que Brasil vive una crisis económica y una crisis política que está siendo ensayada.
El martes (4), Renan Calheiros, presidente del Senado, afirmó que no habrá “pauta bomba” en el Senado, que la Casa estaría alineada con las preocupaciones de Levy con relación a los esfuerzos para el ajuste fiscal. Sin embargo, sea Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Michel Temer o Levy y Dilma, todos tienen acuerdo en un punto, que el ajuste fiscal debe ser aplicado y con base en recortes de los gastos sociales y de los derechos de los trabajadores, devaluación y reducción de salarios a través del Plan de Protección de Empleos, por ejemplo, recayendo sobre los hombros del conjunto de los trabajadores y de la población pobre el peso de la crisis que ellos generaron.
