Editorial en Pateando El Tablero, la izquierda en radio, todos los miércoles de 13 a 15hs por 101.7 Jujuy FM.
En la editorial de hoy quiero que consideremos algunos aspectos políticos, económicos y sociales que se desprenden del abrupto anuncio del cese de operaciones de la minera Aguilar S.A. informado este lunes.
El principal argumento de la empresa para cerrar la mina es como dice en una línea de su carta “la campaña de exploración 2017-2020 no arrojó los resultados esperados.” Nos preguntamos, ¿Qué resultados se encontraron?, ¿Cuáles eran los esperados?
Nada sobre esto se sabe, puesto que la empresa no dio a conocer a las familias mineras el informe sobre recursos y reservas de mineral que la llevó a tomar esta decisión, tampoco lo hizo frente al Gobierno en la reunión que mantuvieron los directivos junto al Gobernador y funcionarios en el día de ayer.
De aquí se desprende una primera tarea, exigir a la empresa que haga público estos estudios, que los propios trabajadores junto a ingenieros y técnicos puedan hacer los propios, y dejar en claro, cuál es la verdadera situación de producción y reservas de la mina.
O a caso, ¿le vamos a creer a ciegas a una empresa propiedad del grupo Glencore, un pulpo mundial cuyo fundador, Marc Rich, fue acusado de evasión impositiva y estuvo prófugo de la Justicia en Estados Unidos?
No nos olvidemos tampoco, que la producción minera no es para beneficiar a la humanidad, en manos de las multinacionales como toda otra actividad capitalista, se guía por un fin de lucro, la cuestión entonces pasa por si la empresa sigue arrojando ganancias o no; y aquí entra el costo de extracción del mineral, las inversiones necesarias para aumentar su disponibilidad, elementos fundamentales que la empresa no pone sobre la mesa, pero tampoco el Gobierno se los solicita.
De aquí se desprende una segunda tarea, exigir que la empresa haga públicos sus balances contables. Allí encontraremos esta información con los detalles del caso. Más aún cuando vemos que en su página web Glencore afirma en 2019 haber ganado 11,6 mil millones de dólares de los cuales 1,8 mil millones provienen de la extracción de cinc y plomo en minas de Perú (El Volcán y Los Quenales), Bolivia (proyecto Sinchi Wayra) y El Aguilar en la provincia de Jujuy.
Seguramente la compañía se resista a cumplir con estos pasos elementales, sabemos que el Glencore en todo el mundo hizo su fortuna no en base al “mérito” si no al fraude, la ayuda de los Estados, con fuertes denuncias por plomo en sangre en la zona de Antapaccay Perú, cerrando otras minas como en el Congo (minera Mutanda) pese a registrar ganancias millonarias, y en el caso de la provincia tenemos el ejemplo fresco del cierre de la fundidora en Palpalá en enero de 2019. Allí de un día para el otro decidió bajar la persiana, dejar en la calle a 128 familias, y para ello contó con la ayuda del ministerio de Trabajo y el propio sindicato, que se limitaron a solicitar indemnizaciones al 50% y promesas de reubicar a una parte del personal en el Parque Solar Cauchari.
Con estos antecedentes una tercera tarea es apoyar a los mineros y sus familias para pelear la defensa de los 700 puestos de trabajo, sabiendo que será duro como ya anticipan los 75 días de huelga que los mineros llevan hoy en Colombia contra Glencore, y todo esto apuntando a una medida de fondo: la estatización de la mina bajo control de los trabajadores como plantea el bloque de diputados del PTS-Frente de Izquierda.
Los recursos son de la provincia y los propios mineros durante varias generaciones han dejado su vida, no puede ahora una multinacional suiza, quitarles la esperanza, menos aún, en medio de una crisis donde la economía va a caer en picada este año, sin señales claras de recuperación. La estatización es la única forma de evitar que El Aguilar se transforme en un pueblo fantasma a casi 4000 metros sobre el nivel del mar.
O ¿alguien puede creer que con el retiro voluntario y los “programas sociales” que ofrece la empresa y el Gobierno, no se va a repetir la triste historia de la privatización de Altos Hornos Zapla?
Pero también la estatización bajo control obrero y de las comunidades originarias tiene que permitir establecer un plan de producción que considere el impacto ambiental y cuide la naturaleza y las condiciones de vida de la población.
La última vez que se propuso la estatización de la mina El Aguilar fue en mayo de 1974, por parte de un grupo de diputados nacionales, aunque no prosperó partiendo del hecho que la conducción sindical de ese entonces no apoyaba el proyecto como cuenta la historiadora Delia Maisel (“Rebeliones mineras. Lucha Sindical en mina el Aguilar-Jujuy”).
En ese momento se venía de enfrentamientos muy duros de los mineros con la patronal norteamericana, St. Joseph Lead Co. dueña de El Aguilar, la cual tenía vínculos societarios con otro pulpo de los commodities, los cerealeros Bunge y Born que recordemos integran la zaga de “los traficantes de granos” que investigó el periodista Dan Morgan. Así estos últimos junto a la St. Joseph Lead Co. fundan la empresa Sulfacid S.A ubicada en la provincia de Santa Fe. Pasaron los años y esta última compañía que cambió su nombre a ArZinc dejó en la calle a 400 familias tras ser cerrada en 2016 por la propia Glencore que se hizo de la misma cuando llegó a minera El Aguilar en 2005.
Los vínculos con los cereales Glencore los ha continuado, siendo un productor y acopiador de peso en todo el mundo, y en el país habiéndose quedado con la mayoría de las acciones de Renova S.A, la principal productora de biodiesel de América Latina haciendo sociedad con el grupo Vicentin. Una vez más no fue el mérito de Glencore lo que le permitió llegar a esta empresa, sino que lo hizo por medio de una operación más que sospechosa, tal como lo denunció el presidente del Banco Nación, Claudio Lozano.
De esto último, vemos como algunos de los actores cambian de nombre, otros aparecen nuevos, pero sus mecanismos son siempre los mismos. Por eso, ¿se puede seguir confiando en hacer un pacto con el gran capital como proponen los gobiernos?
En la pelea contra el cierre de mina El Aguilar seguramente se escriba una nueva página donde la lucha de clases desmienta a quienes quieren un acuerdo que arroja que siempre pierdan los mismos. Como ya dijimos, el único pacto que vale firmar es junto a los trabajadores y sus familias.