Antofagasta. El royalty y la fiesta de las empresas mineras

El circuito del saqueo minero

Este lunes se conoció a través de un artículo en La Segunda que producto del ambiente de incertidumbre política y económica, los grandes empresarios chilenos han estado sacando sus dólares del país de manera sistemática. Casi US$ 4.000 millones asociados a empresas no financieras y familiares salieron del país en 2020, según datos del Banco Central.

Eso significa que parte importante de las millonarias ganancias que han tenido los dueños de Chile durante la pandemia a costa de contagios, despidos y sobrecarga laboral de los trabajadores, las han fugado al extranjero. Según el artículo, una de las estrategias comunes para llevarse la plata para afuera es crear sociedades con contabilidades en dólares creadas exclusivamente para inversiones en el exterior. Y se menciona a Luksic como uno de los empresarios que “dio pasos más concretos para colocar una posición corporativa en el extranjero”.

El caso de la familia Luksic es un emblema de cómo funciona el saqueo de la riqueza nacional. Es cosa de mirar una de sus principales empresas: Antofagasta Minerals. Esta empresa decidió en plena pandemia repartir la totalidad de las utilidades generadas durante el 2020. Eso significa sencillamente que este año no van a reinvertir sus utilidades para, por ejemplo, aumentar salarios y condiciones laborales. Todo irá a parar a los bolsillos de los dueños. De un plumazo la familia Luksic recibirá cerca de US$ 350 millones en utilidades por Antofagasta PLC.

Una verdadera fiesta vive el clan Luksic. No olvidemos que su minera pasó de valer US$ 11 mil millones a U$ 25 mil millones. Una sola empresa del grupo Luksic se valorizó en plena pandemia un monto equivalente al presupuesto total anual de la salud en Chile. Sin mencionar que la fortuna familiar del magnate creció prácticamente el doble en un solo año.

Así funciona el circuito del saqueo. El Estado les otorga una concesión de explotación minera; las y los trabajadores generan la riqueza exponiéndose al contagio, trabajando en turnos extenuantes y muchos en condiciones de precariedad y subcontrato; las comunidades quedan contaminadas con índices de cáncer superiores a todo el país y luego Luksic se queda con las utilidades y se las lleva fuera del país. Esto, multiplicado por todas las grandes empresas mineras y monopolios extranjeros que operan en el país.

¿Royalty para aprovechar una oportunidad?

El alza del precio del cobre ha reabierto el debate sobre los impuestos o el royalty a la minería. Como explicamos en una columna anterior, nadie sabe muy bien cuánto tributan realmente las mineras. Pero lo que sí está claro es que la cifra de impuesto que pagan comparada con las utilidades que reciben es absolutamente desproporcionada. Por eso, hay especialistas que sostienen que el Estado le ha regalado a las mineras privadas US$ 120.000 millones en sólo 10 años.

Uno de los proyectos que se debate es el presentado por Esteban Velásquez (FRVS) el cual establece un derecho de compensación económica en favor del Estado de Chile por la extracción del cobre y del litio, correspondiente al 3% del valor de lo extraído. Se trata de una medida elemental, puesto que resulta escandaloso que en Chile apenas exista vergonzoso “impuesto específico”. No olvidemos que el grupo de las diez mineras privadas más grandes del sector, que representan cerca del 80% de la producción de cobre del país, han pagado en promedio US$ 3.474 millones en impuestos por año a lo largo de los últimos 14 años, mientras que CODELCO aportó en promedio US$ 3.814 millones anuales en el mismo lapso de tiempo. ¡Sólo CODELCO aporta más que las 10 gigantes de la minería privada!

El exigir mayores impuestos para resolver cuestiones urgentes de salud, vivienda, educación y pensiones es algo sentido por muchos. Por ejemplo, en la región de Antofagasta sindicatos del Hospital Regional de Antofagasta, sindicatos mineros de Chuquicamata, de la industria y decenas de organizaciones sindicales y sociales, están exigiendo un impuesto extraordinario a las grandes mineras y fortunas para financiar un plan de emergencia sanitario. La iniciativa fue coordinada por Lester Calderón, candidato a gobernador de Antofagasta, trabajador y dirigente sindical y es apoyada por un arco diverso de sectores.

Pero en estas cosas no se puede guardar ninguna ingenuidad. Son varios los motivos. En primer lugar, no hay que olvidar que los aumentos de impuestos a la minería desde el 2005 a la fecha han implicado una negociación y acuerdo con las las grandes empresas, quienes han aceptado un impuesto específico a cambio de privilegios tributarios como la invariabilidad. En segundo lugar, porque las grandes mineras y los políticos a su disposición cuentan con un abanico de herramientas para frenar o amortiguar esta discusión, desde los convenios de invariabilidad tributaria, el Tribunal Constitucional (la derecha ya ha dicho que el proyecto de royalty es inconstitucional) y el quórum de dos tercios en la Convención Constitucional.

Es decir, no se puede descartar que avance la tramitación parlamentaria del royalty, pero lo que es seguro es que un impuesto negociado con las grandes mineras, la derecha y la ex Concertación no terminará con el circuito del saqueo, sino que sólo será una forma de hacer menos obsceno el saqueo en momentos donde el precio del cobre está por las nubes. Sin ir más lejos, la Democracia Cristiana fue explícita en plantear que votará a favor del royalty, pero para presentar indicaciones.

Luego de la rebelión de octubre y en medio de un proceso constituyente, la discusión no puede limitarse a cómo aprovechar la oportunidad de altos precios para quedarse con las sobras de la fiesta que viven las grandes mineras, monopolios y trasnacionales. El pueblo y la clase trabajadora han demostrado que hay fuerzas para mucho más. Es el momento de instalar la discusión de la nacionalización de los recursos naturales bajo gestión de trabajadores y comunidades. No sólo el cobre, también el agua y el litio. Porque la discusión no es sólo de plata, es sobre quién se beneficia de las riquezas nacionales, quienes las controlan y cómo es posible planificar democráticamente la explotación de los recursos para que la consecuencia no sea el sacrificio de territorios completos.

Mitos y realidades sobre la nacionalización

Nos quieren hacer creer que esto es imposible. Regalarle el litio a un personaje como Ponce Lerou y prácticamente privatizar una comuna entera como es María Elena es perfectamente posible. Pero que el Estado explote los recursos naturales que la misma Constitución establece como su propiedad, eso sí que es imposible. Las y los trabajadores saben que la primera respuesta de los jefes ante cualquier reclamo, incluso los más básicos, es “no se puede”. Pero si en la historia no hubiese habido trabajadores que decidieron demostrar que sí se podía, entonces hoy nadie tendría derechos laborales.

Hay otros quienes plantean que no vale la pena el esfuerzo, que es mucho lo que arriesgamos porque los dueños de Chile tienen mucho poder. Pero acá la pregunta a todos quienes participaron y apoyaron la rebelión de octubre es: ¿valió la pena? La derecha dice que estamos peor por culpa del estallido, pero según todas las encuestas el apoyo a las movilizaciones luego de octubre del 2019 no hizo más que aumentar. Y es que muchos se preguntan: ¿sin movilizaciones estaríamos discutiendo esto? ¿Habría proceso constituyente? ¿Habría 10%? La alternativa es resignarse a una vida destinada a trabajar para que otros se lleven los dólares y quedarse con las enfermedades, la vivienda precaria y las bajas pensiones. Y que nuestros hijos repitan el mismo ciclo.

La rebelión mostró el poder que tiene el pueblo y la clase trabajadora cuando despliega su fuerza en las calles. Pero es cierto. Para acabar con el saqueo, enfrentar las trampas del proceso constituyente y que la crisis no la paguen los trabajadores necesitamos más que un estallido. Si la fuerza de la clase trabajadora se despliega y se fortalece la organización y la coordinación de sindicatos, asambleas territoriales, poblaciones y organizaciones sociales, podemos conquistar cambios estructurales. Impulsar una campaña unitaria por la nacionalización de los recursos naturales bajo gestión de las y los trabajadores y comunidades debe ser un paso para fortalecer esta organización.

Otra de las objeciones que surgen del debate es que la nacionalización de los recursos significa regalarle a políticos y burócratas la administración de enormes recursos. Y es que en ciudades como Calama, CODELCO parece una minera privada más que beneficia a unos pocos y contamina la ciudad. No basta con la nacionalización si esos recursos los administrarán los mismos partidos a sueldo de los dueños de Chile y de un Estado que responde a sus intereses. Es imposible poner las riquezas naturales al servicio del pueblo si es que su explotación sigue en manos de privados, pero la única forma de garantizar un control y planificación democrática de esos recursos es que la administración esté en manos de las y los trabajadores y las comunidades.