No más alzas. El sueldo mínimo “con justicia de género” del gobierno que se apaga al encender la luz

El origen de un ataque

Antes de adentrarnos en el impacto que tendrá en nuestras vidas el alza del suministro eléctrico, debemos entender primero que esta política se originó en el contexto de pandemia con Piñera como presidente, para evitar la posibilidad de protestas por parte de la población, en respuesta ante el alza de la “cuenta de la luz”. Y es que era de esperar: aún rondaba el “fantasma” de la revuelta para el gobierno. Por lo mismo, desde el gobierno de Chile Vamos se proclamaron las leyes N°21.185 y N⁰21.194, a través de un Mecanismo de Precios Estabilizados al Cliente, que permitieron congelar los precios de la electricidad de manera temporal y revertir un aumento del 9,2%.

A esta medida, se sumaron algunas leyes posteriores en el gobierno de Boric, que significaron una millonaria deuda estatal con las empresas generadoras de más 6.000 millones de dólares, hasta ahora.

“Deuda que no se paga, sale más cara”: ¿Para quién, quiénes ganan, quiénes perdemos?

Para nadie pasó desapercibida la frase que Boric expresó, al referirse a la decisión de asumir el pago de la “deuda de la luz”, en el contexto de su gira por Magallanes hace algunos días. La cuestión es que esa deuda la asumimos las familias trabajadoras. Y miles de mujeres en Chile, cargaremos con el peso de una doble precarización sobre nuestros hombros, más aún que la ya existente en nuestras vidas.

La cuestión es que la deuda sólo nos afectará a nosotros, ya que las empresas eléctricas seguirán resguardando sus ganancias.

Para reforzar esta afirmación, es importante saber que Enel es una de las distribuidoras de energía más grandes en Chile, una transnacional que realiza operaciones en más de 30 países en 5 continentes, con más de 2 millones de clientes sólo en Chile. El área que abarca su concesión, se conforma principalmente en las comunas de Cerrillos, Las Condes, Maipú, Providencia, Santiago y Vitacura, en la Región Metropolitana.
Entre sus mayores accionistas se encuentran bancos como Citibank (4,94%), Banco de Chile (4,12% y 3,13%) y las Administradoras de Fondos de Pensiones. Esta empresa sólo durante el 2023, obtuvo ganancias por más de 505 mil millones, lo que significa una ganancia de más de 1.386 millones de pesos por día.

Por su parte CGE, la Compañía General de Electricidad, es una trasnacional china dirigida por State Grid Chile Electricity SpA con un 97,145% de participación. En la actualidad, CGE es la mayor empresa distribuidora de electricidad en Chile, con más de 3,2 millones de clientes en el país. Sólo en 2023, lograron alcanzar más de $214.799 millones en ganancias.

Mientras estas trasnacionales multiplican sus ganancias con nuestras familias, nos vemos empujados a estar endeudados. Sólo en este 2024, podemos ver que más de 4 millones de personas estamos morosas. Una cifra que es inédita y que nos empuja al “bicicleteo” permanente, para poder llegar a fin de mes. Más aún cuando somos mujeres y madres. Y es que nos vemos empujadas a estar endeudadas porque el sueldo que recibimos simplemente no alcanza, y no será diferente con el aumento del sueldo mínimo a los 500 mil pesos del gobierno, ya que éste se nos apagará al encender la luz y con la inflación sistemática de nuestras necesidades básicas.

El aumento del “sueldo mínimo con justicia de género” del gobierno que se apaga al encender la luz

Las Ministras del Trabajo Jeannete Jara, y de la Mujer, Antonia Orellana, en las últimas jornadas han vociferado que el aumento del sueldo mínimo, es “una conquista histórica y de justicia social, que fortalece por sobre todo a las mujeres”. Totalmente alejadas de la realidad son estas frases, llenas de una retórica populista que utiliza la necesidad que tenemos millones de mejorar nuestras condiciones de vida. El aumento de la “cuenta de la luz”, está acompañado además por el alza del costo en los gastos comunes, para quienes viven en condominios de casas y edificios; y a esto se suman meses de inflación que no bajará este año del 4,6%, lo que ha significado el creciente aumento en los precios de alimentos, de transporte, bencina, entre otros gastos básicos que tenemos todos los hogares.

En Chile, más del 60% de los hogares son sostenidos por mujeres. El desempleo ha aumentado en el último trimestre, llegando a un 9,3% según información entregada por el INE. En las siguientes semanas, los gastos comunes, para quienes vivan en condominios, subirán en un 7,6%.

Al mismo tiempo, bajo estas condiciones, nuestra salud mental se ve afectada. Desde el centro de estudios CIFAR, señalan que: un factor clave para que las mujeres suframos enfermedades de salud mental, es la variante socio-económica, constituyéndose ésta como la variante con mayor impacto en el deterioro de nuestra salud mental.

El salario mínimo, promovido por el gobierno, apenas alcanzará para financiar el pago de leyes sociales, la canasta básica de sobrevivencia para una sola persona y un viaje diario, según ha informado la Fundación SOL. Mientras el promedio de integrantes de la familia chilena, supera las 3 personas.

La realidad para los y las pensionadas es mucho más compleja y cruel, ante el contexto del aumento de la “cuenta de la luz”, con pensiones miserables que no superan los 151 mil pesos en el caso de las mujeres.

Buscan que asumamos una “responsabilidad” que no nos corresponde

Desde el Congreso, cuyos parlamentarios ganan como gerentes más de 7 millones de pesos mensuales- con una velocidad en su aumento nunca antes vista-, se han unificado acordando que la deuda la tendremos que cargar las familias obreras en Chile.

El gobierno de Boric ha decidido perpetuar la lógica concertacionista de que una necesidad fundamental, como lo es la electricidad, sea un bien de consumo, un privilegio y un negocio, profundizando la privatización de éste y salvaguardando los intereses empresariales, tal cual como se hizo con los dueños de las Isapres.
Lo que rige hoy es llevar a cabo la agenda de la derecha empresarial en Chile.

Medidas parches que se queman como un fusible

Este lunes 1 de julio, el Ejecutivo anunció un proyecto de ley para ampliar el subsidio a la totalidad del 40% más vulnerable, es decir a 1,7 millones de familias, para buscar “paliar” la sobrecarga en las familias más vulnerables. Sin embargo, ello está condicionado a la inexistencia de deuda.

Desde el oficialismo también apoyaron esta medida, a través de la Asociación de Municipios Libres -en mira a las elecciones municipales de octubre próximo-, entregando este lunes en La Moneda una carta para que el gobierno aumente el subsidio por el alza de las “cuentas de la luz” a un 80% para la población con menos recursos. Al parecer, este requerimiento no será tomado en cuenta.

Esta medida no hace más que aumentar las ganancias de los empresarios, a través de los intereses que estos cobrarán por el subsidio. Por ninguna parte pierden, juegan con la necesidad de millones de personas, más aún en pleno invierno cuando la electricidad es un recurso fundamental por haber menos horas de luz y para calefacción, en el período de mayor concentración de enfermedades respiratorias en el país.

Ante este escenario, necesitamos respuestas estructurales

En primer lugar y como una cuestión urgente, se requiere el congelamiento de la deuda, la nacionalización de los servicios energéticos y básicos. De forma que los y las trabajadoras y usuarios, podamos administrar el proceso.

El Estado debe hacerse responsable. La nacionalización es una vía clave y necesaria para que Chile, como país, no siga dependiendo de grupos empresariales extranjeros, como sucede hoy.

Necesitamos medidas de fondo, no parches. Medidas que permitan vivir efectivamente en condiciones en las que nuestras vidas no se encuentren expuestas a la profundización de la precariedad, como es hoy, con las mujeres trabajadoras cargando de manera doble con esta condición. Por mientras, el gobierno de Boric usa de manera populista las banderas del movimiento de mujeres para hacerse de un discurso de género, con medidas paupérrimas como lo son el sueldo mínimo y “de ataque” en cuanto a lo que significa el alza de tarifas por consumo de electricidad.

Es crucial desarrollar un plan de inversión y de coordinación de los sistemas, y una planificación para que la producción de energía tenga como primera prioridad a nuestras familias y necesidades, y no las de un puñado de empresarios.

Al mismo tiempo, quienes juegan un rol central en las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, como lo es la CUT en Chile, no pueden permitir este ataque, ni tampoco seguir conformándose con sueldos que nos mantienen en el mismo nivel de precariedad.

El ingreso mensual debe cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda, transporte y salud como mínimo. No por nada se llama “salario mínimo”.

Debemos aspirar al menos a un sueldo mínimo que parta desde los 700 mil pesos, que garantice que nadie pueda estar sin empleo, y que considere el reparto de las horas laborales como algo fundamental. Trabajar 4 días a la semana por 6 horas diarias.

¡No queremos seguir dejando la vida en el trabajo! y sosteniendo el mes, trabajando en varios lugares, porque no nos alcanza para subsistir.

Que los parlamentarios dejen de recibir sueldos de gerentes, cuestión que los hace vivir alejados de la realidad de las grandes mayorías; que ganen como un trabajador profesional, como lo son los trabajadores de la educación.

La CUT debe romper su silencio. Y, junto a organizaciones de mujeres, estudiantiles y sociales, es su deber convocar a movilizaciones para frenar esta alza en las tarifas de consumo de electricidad y para conquistar sueldos que efectivamente nos permitan llegar a fin de mes y garantizar la canasta básica familiar, como una cuestión estructural.

Desde el movimiento de mujeres, que conformamos miles de trabajadoras, también podemos jugar un rol clave, utilizando nuestro potencial revulsivo como una palanca que desequilibre la balanza y que permita a otros sectores impedir estos ataques.