Medioambiente. El Tribunal Ambiental en defensa de Dominga ¿Quién debe decidir qué proyecto ambiental se aprueba?

El Primer Tribunal Ambiental dio a conocer el lunes 17 de enero, una nueva resolución respecto del megaproyecto minero portuario que la empresa Andes Iron busca instalar en la región de Coquimbo.

Acogiendo un recurso de la empresa, el tribunal resolvió que la última calificación realizada por el Comité de Ministros, donde rechazan por tercera vez el proyecto, no cumplió con lo establecido en un fallo previo de la misma judicatura.

El dictamen señala que consideró dos argumentos nuevos , con la exclusión de observaciones de la Conaf sobre la flora Algarrobilla (especie en peligro de extinción) y Pacul (especie endémica) y la insuficiencia del Plan de Contingencias para enfrentar derrames de hidrocarburos en la zona marítima del proyecto.

Es importante recordar el grave impacto ambiental que implica este proyecto, para un ecosistema único y frágil, que afecta al 80% de la población de pingüinos de Humboldt además de ser una zona de gran importancia para el tránsito de ballenas entre otras especies.

Pero además este proyecto tiene un significado especial producto de la relación estrecha entre su aprobación y el negocio millonario de la familia Piñera y Délano, donde la desprotección del archipiélago en que se instalaría el proyecto minero era una condición para obtener aún mayores ganancias, por parte de quien era en ese entonces presidente, y de quien dependía la protección de la zona. Tras su muerte, se descubrió que la defensa de Piñera también es parte del llamado caso Hermosilla, quien tejió tráfico de influencias sobre piezas claves del poder judicial.

¿Es el poder judicial quien debe decidir sobre un proyecto ambiental como el de la minera Dominga?

Dominga es un proyecto contra el que se han movilizado las comunidades y hay cientos de personalidades científicas que llaman a rechazarlo, mientras que los empresarios, sus políticos y el poder judicial lo han defendido valiéndose del tráfico de influencias.

El gran problema es que el Tribunal Ambiental parece ser el paladín de Andes Iron (empresa responsable del proyecto), pues en su fallo no consideró en nada la realidad ambiental del proyecto.

Esto abre otro debate que no se puede omitir. Tanto el gobierno como la derecha han venido impulsando una reforma al sistema de estudio de impacto ambiental, para buscar acelerar la aprobación de proyectos de alto impacto, rebajando exigencias que al final terminan en favorecer el saqueo de los recursos naturales, esta reforma conocida como proyecto Evaluación Ambiental 2.0, termina con el Comité de Ministros y le da más peso al poder judicial y al Sistema de Evaluación Ambiental.

El problema de esto es que esos organismos ni siquiera son electos, son funcionarios nombrados a dedo, es decir, vuelve aún más antidemocrática la toma de decisiones sobre proyectos que pueden destruir una comunidad y los bienes comunes naturales, con argumentos supuestamente técnicos, que utilizan el chantaje a las comunidades dividiéndolas con promesas que significan hambre para las futuras generaciones.

Por último, quien tiene en su agenda profundizar el saqueo de los recursos naturales y ha utilizado en su discurso el caso de Dominga es Johannes Kaiser, mostrándolo como un ejemplo de las trabas de lo que la derecha bautizó como “permisología”.

Es urgente rechazar este proyecto, no se puede confiar más en esta institucionalidad ambiental que le da todas las oportunidades a los grandes empresarios, mientras la participación de las comunidades es algo puramente consultivo, ¿Por qué no pueden decidir las y los trabajadores, las comunidades, el movimiento ambiental, junto a los científicos que ponen sus conocimientos al servicio de la defensa del medio ambiente? Eso sería algo más democrático que la casta de jueces.

Para avanzar en este sentido, es necesario dar una lucha por rechazar el proyecto minero Dominga enfrentando a la derecha, y haciéndolo de forma independiente del gobierno.