Varias empresas ya que dejaron decenas y hasta cientos de familias en la calle con la complicidad del Gobierno, la “oposición” y los sindicatos. En lo que va del año suman más de 5.000 despidos en la zona.
Martes 4 de julio de 2017
En una de las principales zonas industriales de la Provincia de Buenos Aires, que involucra las localidades de Zárate, Baradero y Campana, siguen creciendo los despidos y ya suman más de 5.000 en lo que va de 2017, dejando en evidencia lo falso de la supuesta “recuperación de la economía” de la que habla Mauricio Macri.
En ese marco, concejales de esas ciudades pidieron a los respectivos consejos deliberantes que se declare la “emergencia laboral”, por entender que hay problemas estructurales en la zona como consecuencia de los despidos masivos y, principalmente, las fábricas que directamente cierran.
Ese mismo pedido había realizado Myriam Bregman semanas atrás, denunciando la situación crítica que se vive en la Ciudad de Buenos Aires y exigiendo que se declare la emergencia laboral en suelo porteño. “Si estás en contra de un Gobierno de derecha, lo enfrentás en la calle”, sentenció la candidata a legisladora del Frente de Izquierda en referencia a la “oposición” que no sólo no resiste el ajuste a los trabajadores sino que votó en el Congreso todas las leyes que el macrismo necesitó.
Familias en la calle
A principios de este año Atanor había anunciado una inversión de de U$S 70 millones a la par que dejó en la calle a 180 familias en un comunicado donde advertía el cierre de las plantas ubicadas en Baradero y Munro, al norte de la Provincia de Buenos Aires. “Esta decisión de negocio implica concentrar sus esfuerzos en sus plantas de síntesis y formulación ubicadas en San Nicolás y Pilar, en la Provincia de Buenos Aires y Río Tercero, en la Provincia de Córdoba; y, consecuentemente cesar su actividad química en las plantas ubicadas en las localidades de Baradero y Munro, en la Provincia de Buenos Aires”, justificaba la patronal su decisión de “concentrar” la producción cerrando plantas.
“Atanor continúa con su proyecto de inversiones por U$S 70 millones para los próximos cinco años destinadas a promover sinergias que permitan seguir ofreciendo un servicio y productos de alta calidad a sus clientes, mejorar la productividad y fortalecer año tras año el importante posicionamiento de la compañía en el mercado de protección de cultivos”, decía el comunicado de la empresa que informó a sus trabajadores de los despidos con un cartel que decía "lamentamos informar que la planta cesará su actividad productiva”
En marzo la compañía norteamericana Ingredion despidió a 112 trabajadores en su planta de Chacabuco y 84 en la de Baradero. “Desde el año 2013, Ingredion viene atravesando una situación cada vez más difícil, que se ha profundizado en el 2016. La constante pérdida de competitividad, consecuencia de la importante distorsión generalizada de costos principalmente laborales, sumado a la fuerte caída de ventas produjo como resultado que nuestro costo laboral por tonelada producida supere entre un 50 % y un 100 % los costos de nuestros competidores”, declaró la empresa en un comunicado.
En junio, la química Lanxess anunció el cierre de su planta de producción de químicos en Zárate, dejando 170 familias en la calle “por un plan de reestructuración de producción a nivel mundial” para concentrar la producción en las empresas que tiene en Sudáfrica.
Sindicatos en la rosca con las patronales
Por su parte, desde el gremio Uocra afirmaron la semana pasada que 637 trabajadores perderán su trabajo desde julio en los proyectos relacionados con el complejo de Atucha. Sin embargo desde ese sindicato no anunciaron ninguna medida de fuerza para resistir los despidos.
Julio González, secretario general de la regional Zárate-Campana de Uocra, denunció que la empresa Nucleoléctrica Argentina no cumplió el acuerdo de reincorporación paulatina de los obreros y empleados de Atucha a sus puestos de trabajo, que proponía reintegrar “600 en mayo, 300 en junio y 200 en julio. Sin embargo, a la fecha sólo fueron 297 los ingresantes”, explicó el gremialista a la Agancia Télam y resaltó que era un compromiso ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.
De la misma manera, voceros del personal jerárquico afiliados a la Unión de Empleados de la Construcción (Uecara), señalaron que sólo fueron reincorporados 24 trabajadores entre administrativos, técnicos y capataces. “Ese entendimiento, que impacta fuertemente en la zona, que es donde vivimos la mayoría de nosotros, por la cantidad de personas que quedaron sin trabajo, ahora tampoco parece cumplirse”, agregaron. Pero al igual que sus colegas de la Uocra, nada dijeron de medidas de lucha para enfrentar este ataque.
González informó solamente que dejó “asentado en el Ministerio de Trabajo el incumplimiento del acuerdo. Lo hicimos el último día hábil del mes pasado, dándole tiempo también para ver si tomaban a los 600 que habíamos acordado para mayo”.
El total de los trabajadores que acordaron ser reincorporados es de 1.100, mientras que otros 1.100 fueron despedidos, 700 de los cuales recibieron un subsidio de $ 4.000 durante tres meses.
Queda en evidencia que ni “la economía se está recuperando”, como declaró Mauricio Macri en el acto del día de la Bandera en Rosario, ni la oposición tradicional y las centrales sindicales combaten los ataques del Gobierno y las patronales. Unos votando todas las leyes en el Congreso y los otros manteniendo la tregua de no convocar a un plan de lucha contundente que lo enfrente.
