Tarifazos. En febrero el Gobierno ya redujo un 30% los subsidios gracias a los tarifazos

El gobierno de Milei continúa con su plan de recorte de subsidios a las tarifas, del cual su objetivo es de un 0,5% del PBI, o lo que significa alrededor de 3.000 millones de dólares para cumplir con la meta fiscal acordada con el FMI. El impacto se ve en mayores tarifas que ya llegaron a los usuarios con más de 175% de aumento.

Ya en febrero con los aumentos anunciados a partir del 16 de abril (y los que algunos usuarios en AMBA denuncian retroactivos a la primera quincena), el gobierno redujo a un 48% del valor total lo que destina para subsidiar el costo del sistema energético nacional. Implica alrededor de $263.962 millones, mientras en enero había cubierto el 78% del total, según datos de la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA).

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en los primeros 3 meses del año, el gobierno redujo un 66,7% real (sin contar la inflación) los subsidios en relación al mismo trimestre del año pasado.

Como contraparte en el AMBA comenzaron a llegar boletas con aumentos de entre 100% y 175% mensuales para el mismo consumo eléctrico de la boleta previa. El tarifazo es generalizado a todo el país y alcanza tanto a hogares como a comercios e industria, en distintas proporciones.

Factura de luz con 100% de aumento. Casi 40 mil pesos le llegaron a una maestra de Mendoza. Es madre y sostén de hogar que paga alquiler. ¿Cuánto ofrece de aumento el gobierno a docentes hasta junio? ¡CERO! Abajo los tarifazos, arriba los salarios! pic.twitter.com/N7RMRk2v1k

— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) April 4, 2024

Deuda de las privatizadas, pagan los usuarios

A pesar de los millonarios subsidios que destinaron los gobierno a las empresas privatizadas de servicios de energía, éstas no sólo no han invertido para brindar un servicio de calidad (más bien con cortes de luz que se hacen moneda corriente) sino que las generadoras eléctricas y petroleras buscan que el Gobierno les pague una deuda acumulada por 2.200 millones de dólares: 1.300 millones correspondientes a la energía eléctrica y 900 millones por el gas natural. Para cubrir esto, el titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, evalúa dar un bono especial para petroleras y generadoras. De haber pagado esta deuda el gobierno no hubiera tenido el superavit fiscal que tanto festejó en enero.

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Además las empresas distribuidoras mantienen una deuda con CAMMESA de $641.042 millones. Entre ellas Edenor, de Vila, Manzano y Filiberti, debía hasta febrero $187.300 millones; y Edesur, de la italiana Enel, $112.300 millones. A pesar de que estas empresas ganaron $48.000 millones y $80.000 millones respectivamente, no pagan sus deudas argumentando que las tarifas no reflejan sus costos, es decir, piden más tarifazos al gobierno para que los usuarios cubran sus deudas. No sólo eso, sino que además estas empresas le reclaman al Estado por "pasivos regulatorios" acumulados por el congelamiento de tarifas, que llegan a casi $2 billones en total.

Ganancias empresariales y destrucción del salario

El plan de recorte de subsidios en los servicios reclamado por el FMI implica descargar sobre las grandes mayorías fuertes tarifazos que se suman a una escalada de precios generalizada en alimentos, prepagas, alquileres, que por otro lado no se ve reflejada en aumentos salariales. Así por ejemplo el salario minimo, perdió el 17% su poder adquisitivo en el primer trimestre. Se liberan los precios, menos para el salario.

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Con Milei las empresas privatizadas de servicios han visto multiplicarse su valorización de mercado obteniendo jugosas ganancias. Es el caso de Metrogas vio que triplicó el valor de sus acciones, pasando de $238 por acción antes del balotaje en noviembre de 2023, a $906,5 actualmente.

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El gobierno tiene grandes contradicciones entre decir querer bajar la inflación y por otro lado liberar tarifazos que pueden llegar al 1000%. Por otro lado las enormes caídas en distintas ramas de la producción producto de la recesión de la "motosierra", plantean que será cada vez más difícil para el Gobierno cumplir con su plan de ajuste sin redoblar los ataques sobre los jubilados, los trabajadores y sus familias.

Es necesario la expropiación y estatización de estas empresas privatizadas y ponerlas bajo gestión de sus trabajadores y usuarios para brindar un servicio económico y eficiente acorde a nuestras necesidades y no en favor de sus ganancias. Garantizando que su acceso sea un derecho esencial, contra los tarifazos actuales que recaen con mayor fuerza sobre los sectores populares. Y en el camino de pelear por una transición de la matriz energética en armonía con el ambiente.