El Senado provincial aprobó con los votos del oficialismo el proyecto presentado por el gobernador Rodolfo Suárez. La mayoría de representación del Consejo corresponde a sectores empresariales y apenas el 3% para trabajadores del Estado.
Mercedes Gomez @mechagmz
Martes 28 de julio de 2020 13:53
Foto: Prensa Legislatura
Según el Artículo 2 del proyecto sobre el objeto y naturaleza jurídica, dicho Consejo “es un órgano colegiado de carácter consultivo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y de participación para el debate, diseño, planificación e implementación de políticas públicas en materia económica, ambiental y social.
El Consejo actuará como entidad consultiva, vinculado funcionalmente con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, o el que en el futuro lo reemplace”.
Solamente con los votos del oficialismo fue aprobado este proyecto que ya es ley. Tanto el peronismo como Protectora, el PI y el Frente de Izquierda votaron en contra. Al respecto, el senador Lautaro Jiménez del FIT, en sus fundamentos expresó que “la conformación que prevé este Consejo Económico y Social convocado por el gobierno expresa una orientación de clase muy importante en cuanto a cómo están representadas las cámaras empresariales”. En el Artículo 6 del proyecto se especifica que las “Organizaciones Empresariales representativas de la Industria, del Comercio, del Sector Agrícola, del Turismo, del Desarrollo Tecnológico, de la Construcción, del Sector Hidrocarburífero y del Sector Minero: ocho (8) representantes, uno por cada sector enunciado”, y en cuanto a la representatividad de los sindicatos de le corresponden 4 miembros al sector privado y 1 al sector público.
En cuanto a lo ambiental del Consejo, Jiménez denunció que implica la creación de una nueva banca para el lobby de la minería que “ya ha comenzado con una campaña hacia el departamento de Malargüe para volver a atacar la 7722 a favor del uso del cianuro”.
Es importante destacar que, de conjunto, es un organismo compuesto por los mismos sectores que durante la pandemia han despedido, suspendido o llevado adelante rebajas salariales a alrededor de 20.000 trabajadores y trabajadoras hasta el mes de mayo, a pesar del DNU N° 329 que prohíbe los despidos y el DNU N° 297 para el cobro íntegro del salario. Son los sectores que, en plena pandemia, dejaron a la deriva a más de 300 trabajadores golondrinas del norte del país luego de que levantaron toda la cosecha sin tener un techo ni la posibilidad de volver a sus hogares. Son solo dos ejemplos para graficar de quiénes estamos hablando.
Por otro lado, en la sesión se discutió alrededor de la supuesta apertura al diálogo donde toda la oposición planteo que no es tal. Esto sucede, por ejemplo en la educación y la salud. Al respecto, el legislador de la izquierda expresó que “no es casualidad que mientras se hable de una política de dialogo, se niegue nada más y nada menos que la convocatoria a paritarias. Estamos en medio de un conflicto docente con el sindicato más grande y representativo de la provincia que es el SUTE (…) No tienen garantizada la conectividad, no les pagan el aguinaldo. Piden que se abra esta instancia natural (paritarias) que tienen los trabajadores para poder plantear sus demandas y les es negado”. Y agregó que a su vez, “los trabajadores de la salud vienen pujando semana a semana por que el ministerio adopte medidas, no solo en materia de reconocimiento y remuneración salarial, sino también a lo que hace a la protección de la vida de los trabajadores de la salud, tanto en medidas de prevención que tiene que ver con la entrega de elementos de protección personal como en un régimen laboral de 14 días por 14 días. Con muchos tires y aflojes siempre terminan postergándolos, o desconociendo, o buscando excusas para que no se cumplan estos reclamos”.
