A finales del mes de noviembre las comisiones de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Hídricos, aprobaron en general el proyecto –en segundo trámite- que modifica y prorroga la Ley de Riego o Ley 18.450 que fomenta la inversión privada en obras de riego y drenaje. Se espera que la ley pueda ser aprobada por 12 años mas.
Sábado 18 de diciembre de 2021
La ley 18.450 se mantiene activa desde 1985, o sea lleva cerca de 36 años subsidiando a latifundistas agropecuarios, para que a destajo exploten los suelos y reservas de agua. Tras un concurso la ley otorga dinero (bonificaciones) a dueños de grandes superficies de hectáreas de riego ponderado, para que empresarios agropecuarios inviertan en equipos y elementos de riego mecánico o de generación.
Según la ley, las superficies de 12 hectáreas (ha) (cerca de 17 campos de futbol) tienen derecho a una bonificación máxima de un 90%, las superficies de más de 12ha hasta 80%, y las áreas con más 30ha hasta un 70%.
Tal fomento ha permitido que la agroindustria se expanda sin miramientos por los suelos del valle central del país, arrasando con la flora nativa, contaminando la tierra, el agua, aire y fauna con plaguicidas, y quebrando impunemente con el ciclo hídrico al extraer el agua de las cuencas sin respetar su proceso de transferencias de agua entre la atmosfera, tierra y mar (ciclo del agua). Si a esto ultimo, le sumanos la vigencia del código de agua que permite el usufructo de privados mediante la compra, arriendo y venta de los derechos del agua, quedan muy claras las razones de porque existe sequia en Chile.
El fomento a la tecnificación de la industria ha permitido que solo un puñado de familias (Luksic, Delano, Sutil, Concha y Toro, entre otros) se enriquezca, mientras las comunidades y campesinos sufren las consecuencias de sequias, contaminación, falta de alimento y cesantía viéndose obligados/as a sobrevivir o a migrar forzadamente.
A inicios del mes de diciembre expiro la última prórroga a la Ley de Riego y el gobierno busca que esta ley sea nuevamente prorrogada por otros 12 años (su última prórroga en el 2009 así lo estableció). Una ley creada en plena dictadura cívico militar busca seguir subsidiando la producción agrícola industrial, mientras el campesinado apenas logra sobrevivir.
Acabar con el saqueo del agua y la explotación del suelo por la industria agrícola son hechos que, en lo inmediato no tienen solución, ya que una simple ley no hará que el empresariado latifundista modifique su lógica capitalista y, por ende, desista de seguir enriqueciéndose. Es esencial acabar con el código de aguas y renacionalizar los recursos naturales bajo control de trabajadores y comunidades. Por esto, urge que las comunidades, junto a campesinos y trabajadores se organicen para asumir el control de la producción agrícola, definan el uso del suelo, y definan al agua como un derecho y no como un recurso a ser explotado.
