Actualidad. Excarcelaron a Miryam Bogado, la adolescente guaraní que estuvo presa por ser pobre

“Gracias, gracias, gracias, gracias”, es lo único que decía Myriam Bogado al salir de la cárcel. El viernes pasado el juzgado penal a cargo del juez Fernando Verón rechazó un hábeas corpus presentado por la Comisión Provincial contra la Tortura y acompañado por el ministerio de Derechos Humanos de la provincia, ahora el juez de instrucción Carlos Giménez aceptó dejarla en libertad mientras dura el proceso.

Myriam tiene 19 años, es parte de una comunidad mbya guaraní, tiene un hijo de 4 años, el padre está ausente, y su segundo hijo también falleció. Su hija de 4 meses había nacido el año pasado de manera prematura y, como consecuencia de esto, estuvo internada 45 días con asistencia médica. Como informó el periodista Horacio Cecchi " al morir, la beba pesaba 100 gramos menos que al nacer, después de 4 meses durante los que el sistema de salud de Misiones no resolvió ninguna de las necesidades de supervivencia de la beba, en pocas palabras, la abandonó en brazos de dos adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, para luego responsabilizarla por el abandono".

Su abogada Roxana Rivas dijo que ninguna de las personas que declararon en el juicio señalaron que Miryam haya sido una madre violenta o que haya maltratado a la hija, como para que el juzgado de instrucción pudiera adjudicarle algún tipo de responsabilidad. A pesar de no haber dado muchos más argumentos, el juez Giménez la procesó por ese delito, que podría tener una pena de hasta 35 años.

“En este caso son fundamentales porque lo que parece ser sospechoso para el juez de instrucción, Carlos Giménez, tiene una explicación coherente para la conducta de las mujeres de su cultura, ante la muerte, por ejemplo. La forma en que se interpreta todo su accionar desde la postura occidental la convierten a ella en sospechosa”, aseguró la abogada de la adolescente.

La comunidad Kuokuere í está ubicada muy cerca del Paraná, dentro de lo que es el departamento de San Ignacio. Allí viven más de diez familias que subsisten en base al Estado, con el agregado de pequeñas actividades de agricultura doméstica y manufacturas que venden fuera de las ruinas de San Ignacio. Se encuentra en territorios que pertenecen a empresas y terratenientes, como la mayor parte de las comunidades guaraníes sin títulos de propiedad.

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Las políticas de ajuste que llevan adelante el oficialismo y la oposición, y la discriminación que sufren los pueblos originarios tienen estas consecuencias. Comunidades sin acceso a la salud ni a los servicios esenciales. Algo que sin dudas será peor bajo las instrucciones del FMI.