Familiares y compañeros de David Ramallo, Diego Soraire, Richard Alcaraz, Luis Pons y Maximiliano Páez encabezaron la movilización a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT).
Martes 6 de diciembre de 2016 13:04
Con una unidad construida en el dolor pero también en la fortaleza que da la lucha, los familiares de víctimas de crímenes patronales se movilizaron en el día de ayer a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) como parte de su reclamo de justicia.
Organizaciones sociales y políticas acompañaron esta movilización encabeza por familiares de las víctimas, trabajadores y cuerpos de delegados de la 60, el INTA y la municipalidad de Avellaneda. Estuvo presente Patricio del Corro, legislador porteño del PTS en el Frente de Izquierda y Alejandrina Barry del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), miembros de la comisión directiva del Sutna, la Agrupación Chóferes por las 6 horas — David Ramallo, la agrupación Clasista en el transporte, la Agrupación Marrón Clasista de estatales y Tribuna estatal, entre otros.
David Ramallo en la línea 60, Diego Soraire en el INTA, Richard Alcaraz en la construcción, Luis Pons en la municipalidad de Avellaneda y Maximiliano Páez en la Cooperativa Infraestructura Urbana (ex sueños compartidos) de Tigre perdieron su vida por la impunidad que gozan las patronales públicas y privadas. Estas vidas le dan nombre propio a los 450 muertos por asesinatos laborales y los 650 incapacitados que hay en la Argentina al año, solo entre los trabajadores en blanco. Porque la ilegalidad de la precarización le quita a los trabajadores hasta el derecho a ser un número cuando su salud y su vida está en juego.
Al llegar a la SRT representantes de los cuerpos de delegados de la 60, el INTA y la municipalidad de Avellaneda, fueron recibidos por funcionarios de esa dependencia. Se abrió un expediente para incluir las denuncias sobre las condiciones laborales de riesgo que provocaron esas muertes y que conrinuan sin resolverse. Se marca de esta esta forma la complicidad y responsabilidad estatal en estos crímenes, desde favorecer con subsidios millonarios a las empresas responsables, hasta desoir las denuncias de los trabajadores, como muestra claramente el ejemplo de MONSA — DOTA.
Esta responsabilidad estatal también se refleja en la connivencia en la persecución a quienes salen a luchar contra estas condiciones laborales y de vida. Es por eso que los convocantes decidieron iniciar la movilización en los tribunales laborales, acompañando el reclamo de reincorporación definitiva de Héctor «Tortuga» Lema, trabajador de la 60 despedido por persecución sindical. Respeto a este caso los abogados de la causa informaron que será convocada una nueva audiencia, por lo que allí mismo los trabajadores se comprometieron a seguir la pelea.
