A través de la adulteración de viáticos, comisiones de servicio, gastos de representación, alargamiento injustificado de la carrera y al pago de otros servicios inexistentes, los militares defraudaron por 3 mil millones de pesos a las arcas fiscales entre el año 2009 y 2017.
Domingo 18 de septiembre de 2022
Esta semana concluyó la formalización de 39 exfuncionarios del Ejército por delitos de fraude al fisco en Coyhaique. La investigación se centró en el Fondo de Ayuda Mutua de la IV División, el que fue utilizado para razones distintas a las de su propósito inicial.
El FAM funciona al interior de la institución desde 1950, los afiliados ingresaban dinero mensualmente, que luego al retirarse del ejército sería otorgado como un segundo finiquito, pero en 2006 colapsó la red, provocando montos adeudados entre sus afiliados.
Tras haber desfinanciado el fondo, el Ejército recurrió al presupuesto fiscal para cubrir los depósitos adeudados.A través de la adulteración de viáticos, comisiones de servicio, gastos de representación, alargamiento injustificado de la carrera y al pago de otros servicios inexistentes, los militares defraudaron por la suma de $2.811.652.230 a las arcas fiscales. Estos mecanismos permitían devolver con dinero fiscal los montos depositados por oficiales y suboficiales en la fallida cooperativa informal.
El magistrado Juan Patricio Silva Pedreros fijó en 6 meses el plazo de investigación, mientras todos los imputados quedaron en libertad ya que el Ministerio Público no solicitó ninguna medida cautelar.
Pero los procesos judiciales no son ninguna novedad en el Ejército y cada vez se conocen nuevos delitos de fraude al fisco, dejando en total evidencia el nivel de corrupción que tiene el Ejercito de Chile. Una institución que al igual que Carabineros goza de todas las regalías del Estado Chileno, no contentos con esto, los altos mandos del Ejército desvían dineros públicos para beneficio personal.
Estos casos generan gran cuestionamiento por parte de la población a pesar de los intentos de sus altos mandos y del gobierno por lavarle la cara a estas instituciones, que solo se han levantado contra la clase trabajadora y el pueblo, defendiendo los intereses de los empresarios y sus partidos políticos. Siendo los principales responsables de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, gozando de total impunidad, amparados por el gobierno de turno.
El gobierno de Gabriel Boric, estos últimos meses ha mantenido una agenda completamente represiva, manteniendo la militarización en las fronteras y en el territorio Mapuche, reprimiendo a estudiantes secundarios y trabajadores subcontratados, mientras que en las cárceles siguen existiendo presos políticos de la rebelión popular.
Todos estos fraudes multimillonarios, son robos para las necesidades del pueblo trabajador, ya que son esos dineros que podrían invertirse en salud, viviendo y educación. En un escenario donde el alza en el costo de la vida sigue golpeando a miles de familias trabajadoras en todo el país, quienes tienen que arreglárselas con el alza en los precios de los alimentos, los combustibles, y con un sueldo mínimo totalmente por debajo de la canasta básica familiar, se hace urgente debatir la disolución de todas las fuerzas represivas, dejando en evidencia su carácter de clase al defender los intereses de los empresarios.
