Declaración. Frente a la crisis política en Perú luchemos por una salida independiente de los trabajadores y los sectores populares

Frente a este descontento social, el gobierno ha respondido implementando la represión y el recorte de las libertades democráticas. Inicialmente se declaró el estado de emergencia y la inamovilidad en las ciudades de Lima y Callao, pero la movilización popular obligó a Castillo a retroceder. Sin embargo y ante la continuidad de las luchas obreras y populares en el interior del país, ahora el ejecutivo ha decretado el estado de emergencia en todo el país, con ello se suspenden literalmente “los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”. Estas medidas antidemocráticas que buscan acallar a los manifestantes, no lo han logrado hasta la fecha, pero ya han costado 6 muertos, los cuales son responsabilidad directa e indirecta de la represión policial ordenada por el ejecutivo.

Todo esto se da en un contexto de profunda deslegitimación de los principales poderes del estado y sus representantes, y de una gran polarización entre el Ejecutivo y el Parlamento, lo cual se manifiesta en las diversas movilizaciones que se dan de manera cotidiana exigiendo, por un lado, la destitución de Castillo, y por otro lado, el cierre del Congreso. El desprestigio de las instituciones estatales y de los principales líderes políticos, quedo claramente evidenciado en los resultados de la última encuesta de la empresa encuestadora Datum que le da un índice de impopularidad de 82% al Congreso de la Republica, mientras que el 76% de los encuestados rechazan la gestión de Pedro Castillo, así mismo, el 62% rechaza al Premier Aníbal Torres y al actual ministro de Economía Oscar Graham Yamahuchi.

Esta nueva oleada de luchas populares, que tienen su epicentro en las regiones del interior del país donde paradójicamente Castillo gano en las pasadas elecciones presidenciales, han puesto en jaque al gobierno central ya que es la primera vez, desde que Castillo llego al gobierno, que sectores importantes de las masas campesinas, obreras y de los sectores populares se movilizan y confrontan abiertamente su gestión. Este nuevo escenario, nos plantea la necesidad de proponer una salida de fondo desde la perspectiva de la clase trabajadora y los sectores populares que nos permita luchar por un gobierno de las y los trabajadores.

Como llegamos hasta aquí

Castillo llego al gobierno como consecuencia del voto de un sector importante de los trabajadores y las grandes mayorías populares del campo y la ciudad, además del apoyo de algunos sectores de las clases medias que rechazaban la posibilidad que Keiko Fujimori, la hija del dictador que asesino estudiantes y trabajadores, gane las elecciones presidenciales pasadas. El triunfo de Castillo despertó mucho entusiasmo en los sectores obreros y populares, sobre todo del interior del país, quienes lo veían como una alternativa de cambio frente a la arremetida neoliberal que se viene dando en el Perú desde la década del 90 del siglo pasado, la cual ha costado la vulneración sistemática de los derechos del pueblo trabajador.

El contexto político en el cual Pedro Castillo ganó las elecciones, estaba marcado por una profunda crisis orgánica, la cual se manifiesta hasta la actualidad y se expresa en la deslegitimación de las diversas fuerzas políticas tanto de la derecha tradicional como de la izquierda, así como del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial. Como consecuencia de esa crisis, en los últimos cinco años, tres presidentes se vieron obligados a dejar abruptamente sus cargos: PPK fue obligado a renunciar cuando no llevaba ni dos años en su cargo, luego Vizcarra seria vacado por el Parlamento y Manuel Merino seria también obligado a renunciar por la fuerza de las movilizaciones. Anteriormente, el Congreso de mayoría fujimorista fue cerrado por Martin Vizcarra. A esto habría que sumarle que los presidentes que gobernaron el país en los últimos 30 años (Alberto Fujimori, Toledo, Alan García, Ollanta y PPK), están sancionados o investigados por casos de corrupción y por violación a los derechos humanos y uno de ellos se suicidó (Alan García).

Desde antes que Castillo se instale en Palacio de Gobierno, la derecha y la ultra derecha, al servicio del imperialismo y de la mano de los grandes empresarios y sus medios de comunicación, buscaron impedir que el docente rural y ex sindicalista asuma el gobierno, por esa razón, trataron de desconocer los resultados electorales de la segunda vuelta hablando de fraude y, desde que Castillo piso Palacio de Gobierno, trataron de desestabilizarlo; destituyéndole primero a sus ministros de estado y luego, en dos oportunidades, buscaron destituirlo a través de la figura de la vacancia presidencial. Estas iniciativas de la derecha se dieron a pesar que ya en la segunda vuelta Castillo había mostrado sus inclinaciones conservadoras al oponerse a las legítimas demandas de las mujeres y la diversidad sexual, así como su predisposición a pactar con la burguesía, razón por la que firmo la “Proclama Ciudadana” con la cual se comprometía a respetar la constitución fujimorista de 1993 y a mantener incólumes los soportes del modelo neoliberal. Fue por esa razón que nosotros, desde la CST, nunca le dimos la más mínima cuota de confianza y alertamos sobre el curso que iba a tomar su gobierno.

Ya con Castillo en el gobierno, las iniciativas destituyentes de la derecha y la ultraderecha, vinieron acompañadas de la idea que Castillo fracasaba en su gobierno por ser un mal gestor del estado y un ignorante. Frente a esto, Pedro Castillo y sus aliados de la izquierda reformista, como ya lo venían haciendo en la campaña electoral, buscaron un acercamiento con la derecha, la ultraderecha y los grandes empresarios capitalistas. A ello se deben los llamados cotidianos del presidente a los grandes empresarios imperialistas a invertir en el Perú y su distanciamiento del programa de Perú Libre lo que generó una primera crisis con este partido que lo llevo al gobierno. Castillo también deslindo categóricamente con el supuesto comunismo y marxismo que la gran prensa le endilgaba de manera cotidiana. El presidente dejo claro en diversas oportunidades que lo suyo era construir un proyecto de unidad nacional con la burguesía, como bien lo dijo en su discurso de asunción presidencial el pasado 28 de julio de 2021.

Pero la cosa no se quedó en el aspecto declarativo, sino más bien se expresó en los nombramientos de los nuevos funcionarios de los altos cargos que tienen que ver con el funcionamiento de la economía y con las políticas de este sector. En ese entender, Castillo nombro al banquero neoliberal Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú y desde el Ministerio de Economía y Finanzas se anunció que se le daría continuidad a las políticas de ajuste neoliberal que se han aplicado en el país en los últimos 30 años. Por ello, las principales demandas de la clase obrera relacionadas a la defensa de sus derechos laborales que venían siendo conculcados por sus patrones en complicidad con los gobiernos de turno, y que se agudizaron notablemente durante la pandemia, cayeron en saco roto, así como las demandas de los micro y pequeños agricultores del interior del país que se enfrentan de manera cotidiana a la invasión de productos agrarios importados y a los elevados precios de los fertilizantes que encarecen su producción y reducen la comercialización de sus bienes llevándolos a la pobreza.

Frente a la presión destituyente de la derecha parlamentaria y mediática, Castillo cedió en toda la línea he hizo suyos los postulados de la derecha y los empresarios. Por eso, no tardo en anunciar que ya no impulsarían la posibilidad de cambiar la constitución de 1993 y que menos promoverían un proceso constituyente, por el contrario, el presidente se autodefinió a él y a su gobierno como defensores del orden legal existente y de la institucionalidad proveniente del podrido régimen de 1993. Y para asegurar su estabilidad al frente del ejecutivo y mostrarse dúctiles al empresariado, Castillo junto a Vladimir Cerrón, se deshicieron de los sectores provenientes de la centro izquierda que tenían presencia en el ejecutivo, y a cambio han ido llenando los ministerios y cargos de alta responsabilidad con representantes de los empresarios y lobistas al servicio de los capitalistas de siempre, muchos de ellos cuestionados por delitos de corrupción. Este grado de descomposición es tal, que el actual Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no tuvo el más mínimo reparo en reivindicar públicamente y en medio de la presente crisis como sus referentes a Hitler y Mussolini, y para caerles bien a los fujimoristas no tuvo mejor idea que decir que “durante el gobierno de Alberto Fujimori hubieron cosas buenas”.

De esta manera, Pedro Castillo termino por frustrar las ilusiones de los sectores populares y de la clase trabajadora, quienes esperaban que alguien proveniente del movimiento sindical pudiera pelar por defender sus derechos y reivindicaciones. Esto, sumado a la profundización de la crisis económica heredada de la pandemia y de la actual situación económica internacional, se convierten en las principales motivaciones que están llevando a este nuevo despertar del movimiento de masas que, como ya lo vimos, se expresa en las diferentes regiones del país.

Por la auto organización de la clase obrera y los sectores populares para pelear por un programa de emergencia y por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana.

La derecha y la ultra derecha destituyente, aliada orgánica de la burguesía local e internacional, así como los grandes medios de comunicación, pretenden colgarse de este proceso de ascenso social para tumbar a Castillo.

La burguesía y sus operadores políticos apuestan por la caída del presidente, no porque este represente ya un problema para sus intereses de clase, sino más bien porque su caída les permitirá imponer un nuevo presidente enteramente sometido a sus intereses. Por esa razón, los empresarios, la derecha y los grandes medios de comunicación pretenden instalar la idea ante el movimiento de masas de que Castillo debe renunciar, lo cual daría vida a un nuevo gobierno, el que podría recaer en la vice presidenta Dina Boluarte, o en la presidenta del Parlamento, o podría surgir también de nuevas elecciones. Todas estas alternativas solo buscan oxigenar el régimen de 1993 y descomprimir el descontento social creando confianza en un recambio por arriba, que cambie algo para que nada cambie.

Si bien Castillo tiene responsabilidad en la presente crisis que afecta fundamentalmente a la clase obrera, los campesinos pobres y los sectores populares del campo y la ciudad, también son responsables directos de esta crisis los grandes empresarios nacionales y extranjeros, quienes, aprovechando la debilidad del actual gobierno y su política de conciliación de clases, han seguido imponiendo sus intereses, por esa razón se ha mantenido el piloto automático neoliberal acrecentando así los índices de precariedad laboral, pobreza y pobreza extrema de las grandes mayorías.

Frente a esto, las grandes centrales sindicales como la CGTP, SUTEP, FENATEP, que son controladas por los aparatos de la vieja izquierda reformista y estalinista, vienen sosteniendo a Pedro Castillo desde que este llego al gobierno, y, para no quedar por fuera de esta nueva dinámica de ascenso social, últimamente han convocado a movilizaciones para buscar, según ellos, reorientar el accionar del ejecutivo. Sin embargo, estamos seguros que Pedro Castillo, en su afán por mantenerse en el poder a costa de lo que sea, seguirá cediendo a las presiones de la derecha y los empresarios, por esa razón y para evitar que las consecuencias de la presente crisis las sigamos pagando el pueblo trabajador, debemos dar vida a espacios independientes y basados en la auto organización obrera, campesina y popular, expresados en comités de lucha que se constituyan en los centros de trabajo, centros de estudio, los barrios pobres y las zonas rurales y comunales.

Esto también pasa por recomponer, reestructurar o dar vida a los Frentes de Defensa de los Intereses del Pueblo sobre la base de la democracia plena de los que luchan y con representantes revocables para evitar su burocratización o su cooptación por los viejos aparatos de la izquierda reformista. Todo esto deberá estar orientado a implementar, cuanto antes, un gran encuentro nacional obrero y popular que aglutine y unifique a todos estos espacios y sectores en pie de lucha y nos permita pelear de manera conjunta por un plan de emergencia que confronte a los grandes empresarios y a sus agentes de la derecha y que cree las condiciones para un verdadero plan de lucha que, sobre la base de preparar la huelga general, pueda enfrentar la actual ofensiva conservadora y derechista del congreso y los ataques a la economía obrera y popular.

Este plan de emergencia deberá ser el principal instrumento para organizar a los trabajadores, los campesinos y los sectores populares de manera independiente del gobierno y los empresarios y deberá contemplar, entre otras medidas, las siguientes:

• Congelamiento de precios de los combustibles, gas y alimentos. Aumento general de salarios y pensiones al nivel de la canasta básica familiar, la cual equivale en promedio a los 2,500 nuevos soles.

• Derogatoria inmediata de todos los mecanismos legales que promueven la precarización laboral y la informalidad laboral tanto en el sector privado como en el sector público. Nos estamos refiriendo a la eliminación inmediata de la tercerización laboral y los contratos CAS y al nombramiento inmediato de los trabajadores que se encuentran sujetos a estos sistemas laborales.

• Para enfrentar el desempleo y subempleo, reducción de la jornada laboral a cuatro horas, cinco días a la semana, sin reducción del salario, para que de esa manera se puedan crear los espacios necesarios para que los millones de trabajadores desempleados o sub empleados que hoy padecen pobreza y pobreza extrema, puedan tener una fuente de subsistencia y de trabajo.

• Nacionalización y estatización de la empresa imperialista Repsol y que esta empresa pase a estar bajo control de sus trabajadores, de esta manera evitaremos que se den los incrementos desmedidos de los combustibles que encarecen significativamente el costo de vida afectando sobre todo a los más pobres. La nacionalización con control obrero de Repsol también evitara que se puedan repetir ecocidios como el de las playas de Ventanilla.

• Nacionalización del comercio exterior que es la principal causa que motiva que los insumos agrarios ingresen al país a precios elevadísimos encareciendo la producción nacional. El libre comercio también genera la importación desmedida de productos agrarios, lo cual afecta a los micro y pequeños productores nacionales que se basan en la agricultura de subsistencia.

• Nacionalización y estatización de la banca bajo control de sus trabajadores, para que de esa manera se puedan implementar mecanismos de financiamiento para los micro y pequeños productores del campo.

• Que las empresas que se declaren en quiebra o que no puedan cubrir los salarios y generar estabilidad para sus trabajadores, pasen a estar bajo control obrero y de la comunidad.

• Por la nacionalización de las empresas mineras, las cuales deberán pasar a estar bajo control de sus trabajadores y de las comunidades y pueblos originarios aledaños organizadas democráticamente, ya que estas empresas mineras, como Southern en Moquegua y Yanacocha en Cajamarca, han demostrado a lo largo del tiempo que solo contribuyen a sobre explotar a sus trabajadores y a contaminar el medio ambiente afectando la vida y las actividades económicas de los campesinos y comuneros de las zonas aledañas.

• No pago de la fraudulenta deuda externa y que esos recursos sean reorientados a la inversión en salud pública, educación y vivienda. Estos recursos también servirán para la implementación de un bono-salario equivalente al valor de la canasta familiar (2,500 nuevos soles), el cual deberá servir para la subsistencia de los sectores sociales que se encuentran sin trabajo.

• Imponer con la lucha y desde los espacios de auto organización obrera y popular a escala nacional, una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nos permita acabar con el legado fujimorista y neoliberal expresado en el régimen jurídico y político de 1993.

Somos conscientes que para avanzar con éxito en la lucha por este programa de emergencia y en la preparación de un verdadero plan de lucha, debemos recuperar las experiencias más avanzadas de auto organización de los trabajadores y los sectores populares, que sobre la base de la coordinación y la democracia directa de las organizaciones sindicales y sociales, puedan abrir el camino para la derrota definitiva del régimen reaccionario del 93 y los ataques neoliberales a los trabajadores y al pueblo, imponiendo con la movilización una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Para esta pelea, sin embargo, necesitamos construir un partido revolucionario con perspectiva socialista, que al calor de los combates por venir, establezca la lucha por un gobierno de los trabajadores y el pueblo, única forma de avanzar en la satisfacción integral y definitiva de todas las demandas del pueblo trabajador. Hacemos un llamado a todas y todos los que hoy salen a pelear contra el incumplimiento de las promesas de campaña de Pedro Castillo y contra las políticas económicas neoliberales que este gobierno viene implementando, para que nos organicemos y empecemos a construir ese instrumento político de la clase obrera, la juventud, las mujeres y los sectores populares.