Luz, gas y transporte. Frente al robo de los tarifazos: estatización bajo gestión de trabajadores y usuarios

El Gobierno de Milei viene aplicando aumentos exponenciales en las tarifas de servicios públicos que se han realizado muy por encima de los niveles salariales y de la propia inflación. La luz, el gas, el transporte, el agua, junto con las comunicaciones, entre otros, son servicios fundamentales para la subsistencia de los hogares y están resultando impagables para muchas familias. En tan sólo un trimestre la pobreza se incrementó de 44,9% en el cuarto trimestre de 2023 a 54,8% en el primero de 2024 (9,9 puntos porcentuales).

De acuerdo al Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) dependiente de la UBA y el CONICET, en julio las tarifas de agua, luz, gas y transporte llegaron a representar el 15% del salario promedio, alcanzando un monto de unos $142.645. Por su parte, otros estudios como el del Centro de Educación Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC), estimaron que si una familia tipo necesitó $1.352.395 para pagar sus gastos de junio en la Ciudad de Buenos Aires, dos tercios se deben destinar al pago de servicios, casi $890.000, incluyendo gastos en telefonía, internet y salud.

Mientras el salario mínimo aumentó apenas un 68% entre diciembre ($156.000) y agosto ($262.432,93) y la inflación acumuló una suba de 126% hasta junio, el IIEP muestra que el costo de la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 374% sólo hasta el mes de junio, con aumentos de tarifas que van desde 230% en la energía eléctrica hasta 1.208% en el gas y de una inflación promedio de 126% hasta junio. En agosto se vienen más aumentos de agua (5,16% promedio), energía eléctrica (4%) y gas (4%), telefonía celular (5% y 6%), combustibles (3%) y prepagas (8%). Junto con ello, en el AMBA el gobierno nacional anunció que eliminará todos los subsidios desde septiembre.

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Detrás de los tarifazos está el objetivo de reducir los subsidios económicos a las empresas privatizadas para alcanzar el “equilibrio fiscal” que exige el Fondo Monetario Internacional. Una continuidad del ajuste que ya había empezado a encarar mediante segmentaciones y aumentos de tarifas, los ex ministros de Economía Sergio Massa y Martín Guzmán, en la gestión del Frente de Todos, y los tarifazos extraordinarios aplicados durante el gobierno de Mauricio Macri.

Pero la baja de estos subsidios siempre se da bajo el presupuesto de garantizar las ganancias de las empresas, que resultan "intocables", sin siquiera una investigación respecto al destino de los mismos y las inversiones realizadas. De esta forma, el gobierno y el FMI buscan transferir los costos a las familias trabajadoras mediante abultados tarifazos, y golpean doblemente el poder adquisitivo por los efectos inflacionarios de estas subas sobre el resto de los productos de la canasta básica.

Con la tuya: ganancias millonarias de las privatizadas

El gobierno impuso estos tarifazos sin absolutamente ningún cuestionamiento sobre qué hizo cada empresa prestataria con los multimillonarios subsidios otorgados por el Estado nacional desde el año 2002, que llegaron a representar casi 3 puntos del PBI en 2014, mientras que cientos de miles de familias se quedan sin energía eléctrica cuando hay temperaturas elevadas o bajas, y el transporte público es de una pésima calidad.

El esquema de subsidios que rigió esencialmente durante los gobiernos kirchneristas tuvo el rol de garantizar las ganancias de las empresas de energía sin tocar el esquema de privatizaciones. Pero también buscó garantizar de manera directa la energía barata a las grandes empresas como Techint, Arcor y tantas otras: no son los hogares, sino las empresas las principales demandantes de gas y electricidad.

De acuerdo a un informe de la consultora PxQ, los subsidios a la energía (considerando energía eléctrica, gas y otros) ascenderían durante 2024 a U$S 6.744 millones de dólares, un 30% menos que lo verificado durante 2023. Asimismo, en términos del Producto Bruto Interno (PIB), representan 1,0 puntos porcentuales este año, verificándose una disminución de 0,5 p.p. respecto al año anterior, y de 1,3 p.p. menos respecto a 2021.

A través esencialmente del Estado antes mediante los subsidios, y ahora sobre todo a través de las tarifas desorbitantes que debe pagar cada trabajador, se está sosteniendo y financiando la tasa de ganancia de los prestatarios privados. Ni un esquema ni otro plantean una respuesta racional entre las necesidades de la clase trabajadora y las posibilidades de desarrollo existentes en el país y la región.

Mientras los bolsillos de las mayorías populares sufren las tarifas elevadas, las empresas privatizadas ganaron millones en los primeros meses del año. Según un informe de CIFRA, Metrogas ganó 19.116 millones de pesos en el primer trimestre de 2024, un aumento de 1.630% en relación al mismo período de 2023, y Edenor 50.867 millones de pesos en los primeros tres meses del año.

Es decir, ambas empresas ganaron $769.000.000 por día en 2024. Una suma muy lejana a lo que cobra un trabajador promedio, o un jubilado, en donde el haber mínimo en julio incluyendo el bono fue de $285.622.

Terminar con el saqueo

Argentina, aún con su economía atada al imperialismo, fue uno de los primeros países del mundo en conquistar una industria hidrocarburífiera integrada. No sólo eso: Gas del Estado llegó a ser la tercera compañía de su tipo en el mundo.

Pero las empresas públicas gestionadas por el Estado capitalista fueron vaciadas por la “patria contratista”. Con la privatización menemista se desmembró la producción energética nacional que integraba extracción, producción, transporte y distribución.

Bajo el modelo de gestión privada, ya sea con subsidios o con tarifazos, las empresas, que la levantan en pala, desinvierten imponiendo la decadencia del sistema energético. O sólo invierten parcialmente cuando pueden cobrar carísimo cada peso que desembolsan, como ocurrió durante los años de Carlos Menem y Fernando De la Rúa.

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Un servicio esencial

Los servicios públicos son un derecho esencial para el pueblo trabajador. Su provisión hay que desacoplarla de la lógica de la ganancia empresaria.

El actual estado de desmembramiento del entramado energético carece de racionalidad. Para establecer una planificación racional es necesaria la estatización del sistema energético nacional, es decir de todas las etapas productivas: desde la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte hasta la distribución a los usuarios.

Esta salida es opuesta a volver a la antigua Segba o Gas del Estado para ser expuestas nuevamente al vaciamiento de la "patria contratista" o el "Club de la Obra Pública". La expropiación o quita de concesiones a las empresas privadas debe ser sin ningún tipo de indemnización: no se puede hacer como Axel Kicillof que indemnizó a Repsol luego del saqueo de años.

Por el contrario, una auditoria en la que se abran los libros contables de las empresas debe establecer la reparación que deben pagar al pueblo trabajador por la decadencia a que empujaron el sistema.

Toda la producción de hidrocarburos y el conjunto del sistema energético deben ser nacionalizados y gestionados por trabajadores y técnicos especializados. También es central la participación de comités de usuarios populares. Por la realización de un plan nacional sustentable para garantizar a la población un servicio barato y de calidad, en camino hacia el abaratamiento de los costos energéticos en base al desarrollo productivo y llevar adelante la transición energética.

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