El Estado mexicano y la criminalización migrante.
Viernes 31 de marzo de 2023
El concepto de necropolítica, desarrollado por el camerunés Achille Mbembe, plantea nuevas formas de dominación, sumisión y tributo, practicadas en particular, en el continente africano poscolonial. No obstante, esta categoría de análisis tiene cabida para explicar la relación entre el Estado y Ia ciudadanía mexicana, en un contexto de acumulación permanente iniciado a partir de la implementación del Consenso de Washington en 1989 a la fecha.
Rhina Roux nos explica que la premisa de la continuidad histórica del despojo está presente en el discurso teórico tanto de Carlos Marx como de Rosa Luxemburgo, a través de la violencia como “un método permanente de acumulación de capital orientado a la incorporación de territorios, la apropiación de bienes naturales, la destrucción de economías campesinas, la proletarización de poblaciones y la difusión de relaciones mercantiles a escala planetaria”.
En ese sentido, la función de la necropolítica es la transformación de los seres humanos en una mercancía, es decir, en una manera de entender y explicar la realidad en el uso de cambio y no en el valor de la vida. “La soberanía es Ia capacidad para definir quien tiene importancia y quien no Ia tiene, quien esta desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quien no”.
La noche del lunes 27 de marzo de 2023, un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, dejó al menos 39 muertos -según el boletín de prensa emitido al día siguiente por el Instituto de Migración-; las víctimas eran todos migrantes detenidos, arrestados ese mismo día en la ciudad fronteriza y estaban aparentemente dentro de cuartos con candados. (El País, 28 de marzo 2023).
“Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue, y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia”, afirmó en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con apenas unas horas de diferencia, ese mismo 28 de marzo, en un predio de la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, dos personas en condición de vulnerabilidad que habitaban casas de madera y cartón, perdieron la vida a causa de un incendio ocurrido alrededor de las 19 horas. De acuerdo con un video publicado en Twitter por el diario Reforma, al ser increpada por los vecinos, la alcaldesa de esa demarcación, Sandra Cuevas respondió así: “ustedes son los responsables; yo no les dije invadan el predio, cuélguense de la luz…”.
Después del movimiento zapatista surgido luego de 1994, el movimiento de masas que le secundó fue la huelga estudiantil de la UNAM, en 1999-2000, a través del Consejo General de Huelga (CGH) por la defensa de la Universidad pública.
Han pasado más de dos décadas de aquellas luchas y como sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua y en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, el discurso de criminalización se repite hoy, como la de aquellos estudiantes en huelga criminalizados y responsabilizados por las represiones sufridas durante el desarrollo de su movimiento estudiantil.
En un boletín de prensa emitido el 30 de septiembre de 1999, el Comité de Huelga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, denunció que, “a través de la prensa escrita se han articulado una serie de notas, reportajes, artículos, etc., en franca campaña de desprestigio basados en la mentira”. Dicho comunicado fue una respuesta frente a toda organización social que quedara fuera de los estrechos márgenes partidistas, pues se les reprochaba no estar (políticamente) dentro de la estructura partidista del PRD, acusándolos en consecuencia de pertenecer al PRI.
Y absurdas hipótesis giraron entonces alrededor de eso, como que la derecha "radical" y la extrema izquierda combativa se encuentran. Sendas acusaciones al respecto enfrentaron activistas destacados o señalados por los medios entonces, como la histórica campaña de calumnias contra Alejandro Echavarría, "El Mosh".
De tal modo que el 14 de octubre de 1999, en una marcha convocada por el CGH de Televisión Azteca a Televisa, el Gobierno de la Ciudad de México presidido por Rosario Robles Berlanga, reprimió la movilización con la policía de Alejandro Gertz Manero —entonces secretario de Seguridad Pública y actualmente Fiscal General de la República—. “La policía cumplió ayer su tarea al desalojar a manifestantes que bloquearon el Periférico Sur, a pesar de que se les pidió desalojar la vía”, señaló Gertz Manero a través de una conferencia de prensa realizada ese mismo día, en la sala de juntas de la jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Un testimonio de esa represión en particular y, en general, de la violencia estructural y simbólica hacia el CGH resulta revelador. Una estudiante perteneciente al Comité de Huelga de la Escuela Nacional Preparatoria 5 “José Vasconcelos”, afirmó en una entrevista propia que, “muchos compañeros de la huelga tenemos problemas de depresión y ansiedad. Hay muchos compañeros que tienen esquizofrenia” y muchos más no quieren o les cuesta hablar sobre el tema.
A la distancia, hay mucho por investigar aún sobre los hechos y las consecuencias de la criminalización, la violencia física y psicológica colectiva e individual, hacia el movimiento estudiantil del CGH por el Gobierno de la Ciudad de México y por el Estado.
La criminalización y revictimización ha sido históricamente, una política de Estado para justificar violaciones graves a los derechos humanos prohibidas por la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario y tipificadas como delitos y violaciones graves a los derechos de las personas, como son la tortura física o psicológica, los tratos crueles, inhumanos o degradantes; las ejecuciones sumarias extrajudiciales o arbitrarias; la desaparición forzada de personas, que implica a la vez una detención ilegal, la negación del debido proceso y la prohibición de toda comunicación entre la persona arrestada y el mundo exterior, y la violencia sexual, que a la par que los anteriores delitos es considerado un crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma. Al respecto, Carlos Fazio señala que “esas figuras son consideradas crímenes de guerra tanto en conflictos armados internacionales como internos, sin importar si se aplican contra combatientes que hayan depuesto las armas, civiles o incluso delincuentes comunes”.
La violación al derecho humano a migrar, a la vivienda y a la educación, ha sido una política estructural, sistemática y constante de los gobiernos en turno; el color de partido tiene su sello particular en la utilización de la necropolítica: del “tengo las faldas bien puestas” de Rosario Robles (PRD), el “Humanismo mexicano” de López Obrador (MORENA), al de Sandra Cuevas (Coalición PAN, PRI y PRD) cuando afirmó que en su administración “será libre de violencia para mujeres y hombres”.
Zygmunt Bauman afirma que la globalización produce descomunales montañas de basura al transformar lo que consumimos en desechos. Son los despojos de la globalización que excluye lo que sobra. También a las personas que se convierten en vidas perdidas en los océanos y en las fronteras.
