Familiares de víctimas del gatillo fácil, acompañadas de organizaciones políticas y sociales, se movilizaron en la puerta de Sede de Gobierno para expresar su disconformidad con los fiscales que toman sus causas.
Viernes 5 de agosto de 2016 15:29
El mismo día que el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, era invitado por el Ministerio Público de la Acusación, para disertar sobre violencia institucional, familiares de las víctimas de gatillo fácil de Rosario y la región se acercaron para expresar su disconformidad con el accionas de los fiscales que intervienen en las causas. Gracias a la lucha constante, lograron ser atendidos, sin embargo continúan en la espera de respuestas concretas.
De esta manera se congregaron los familiares de Jonatan Herrera, Franco Casco, Pichón Escobar, Carlos Godoy, Alejandro Ponce, David Vivas y Jonatan Ojeda, casos paradigmáticos de violencia institucional en la región. El documento que convocó a la acción firmado entre otras organizaciones por el PTS en el Frente de Izquierda, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la Cátedra de Criminología de la facultad de Derecho de la UNR, el Movimiento Evita, La Cámpora, Amsafe Rosario y Causa organización popular denunció: “La grave situación de violencia institucional en Rosario, se trata de un fenómeno extendido, sistemático y con casos de extrema gravedad, entre los que se cuentan tres desapariciones forzadas de personas seguidas de muerte”.
En Gobernación fueron recibidos por el fiscal general Julio de Olazabal. Los familiares allí expusieron cada uno de los reclamos que vienen llevando adelante. Los familiares de Jonatan Herrera expresaron una vez más su preocupación ante el juicio abreviado de uno de los imputados, como también rechazaron que se lo impute por abuso de armas en lugar de tentativa de homicidio. Un ejemplo de cómo la justicia intenta calificar los hechos de manera menos gravosa. “Presenten un escrito ante el juez”, recomendó Olazabal. Sin embargo los familiares de Herrera ya se han manifestado públicamente en este sentido, a través de escritos a la justicia, con movilizaciones y festivales en las calles, en cada una de estas acciones vienen exigiendo que se condene a los responsables.
La inadecuada e insuficiente respuesta judicial ante los casos no hace más que agravar la impunidad de la que gozan los efectivos policiales. Se trata de dilataciones en las investigaciones, o directamente del amparo que se le brinda a los involucrados de los homicidios, de los intentos por calificar los hechos de manera menos gravosa o de cerrar las causas con juicios abreviados. Cada uno de estos puntos fue transmitido a Olazabal.
Si bien el fiscal general se comprometió a analizar los pedidos puntuales señaló que su accionar como funcionario público era restringido en función que los casos son manejados por las fiscalías que toman las causas. Los familiares plantean continuar la lucha por cada uno de esos jovenes que fueron asesinados. Unificando el dolor, la bronca y el hambre de justicia se manifestaron en la mañana de hoy frente a sede de gobierno.
En dicho lugar, se llevaba a cabo una jornada donde se encontraban, entre otros disertantes, el fiscal regional Jorge Baclini y el ministro de seguridad, Maximiliano Pullaro. Las familias, junto a las organizaciones políticas y de derecho humanos que vienen acompañando la búsqueda de justicia, se hicieron presentes para recordarles que siguen peleando contra la impunidad, que esperan respuestas y que repudian el accionar de la Fiscalía.
