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Red Internacional
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Desmilitarización. Gobierno pone “paños fríos” al año de extensión de la militarización en el Wallmapu y derecha exige Estado de Sitio

Este miércoles 17 de mayo se cumplió un año la extensión del Estado de Excepción en la “zona macrosur”, cuya prórroga volvió a ser aprobada en el Congreso. La militarización comprende a las provincias de la región del Bío Bío y La Araucanía, donde principalmente se extraen recursos forestales. Desde La Moneda señalan que el Estado de Excepción no "avanzaría" a Estado de sitio, ante la solicitud de parlamentarios de derecha y extrema derecha. Sin embargo, la criminalización y persecución al pueblo mapuche se ha profundizado con cárcel a sus dirigentes y represión en comunidades que mantienen una postura crítica a las forestales.

Jueves 18 de mayo de 2023

Este miércoles, el Congreso aprobó por vigésima cuarta vez el despliegue militar en el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, que abarca la región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Bío Bío, de la región del Bio Bío. A ello se llegó con 34 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, según informó la cuenta de Twitter del Senado.

La noticia se enmarca al aniversario del año de la represión en el territorio mapuche (Wallmapu). Así es como el 17 de mayo de 2022 se publicó en el Diario Oficial el decreto de estado de excepción constitucional de emergencia en La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío de la VIII Región, que se diferenciaba del aplicado durante el gobierno anterior por estar acotado a “la protección de rutas en aquellos territorios”. Esto, se advirtió entonces, excluía los caminos secundarios. Pero, el 12 de septiembre del año pasado, con la llegada de Carolina Tohá al ministerio de Interior, ocurrió una modificación del decreto y se incorporó la necesidad del resguardo de la vida. “Las medidas adoptadas en función de este decreto deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas, y la protección de la vida de las personas”, consignó el texto de manera ambigua.

Más presiones desde la derecha y el empresariado con la petición de Estado de Sitio

“Yo tengo convicción que es lo que necesitamos en La Araucanía y también en la provincia de Bío Bío y en la provincia de Arauco es Estado de Excepción Constitucional de Emergencia pero que funcione y que sea efectivo, que tengamos más efectivos militares, que tengamos más vehículos, que la presencia se note en más rincones del territorio afectado, de manera contraria, este instrumento de nuestra Constitución lo estamos desprestigiando día a día”, sostuvo al respecto el senador José García Ruminot, de Renovación Nacional.

Secundando esta palabra, los 8 diputados de la UDI se opusieron a la medida y rechazó como bloque, exigiéndole al Ejecutivo implementar Estado de Sitio en la zona, apuntando a que el actual despliegue no es suficiente para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

Una de las diferencias entre el estado de emergencia y el de sitio es que en este último el Presidente podrá delegar la facultad de restringir las libertades individuales, “total o parcialmente, en los Intendentes, Gobernadores o jefes de la Defensa Nacional que él designe”, consignó el artículo 3 de la ley 18.415.

Por su parte, el empresariado a través de los dueños de camiones, contratistas forestales y otros llegaron este lunes por la mañana a la sede de la Sociedad de Fomento Agrícola en Temuco para reunirse con el gobierno y otras autoridades. Su propósito era discutir medidas a adoptar frente a la violencia. Hasta este martes estaba descartado presionar a La Moneda a través del bloqueo de rutas.

Si gobiernas junto a la ex Concertación... trabajas para la derecha

La decisión del gobierno de Boric de ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas va en línea con la política represiva que ha operado durante su primer período de gobierno: la detención del dirigente histórico de la CAM, Héctor Llaitul, mediante la querella por Ley de Seguridad Interior del Estado por sus dichos contra los gobiernos anteriores; la detención de Ernesto Llaitul, integrante e hijo del dirigente de la CAM junto a dos miembros más acusados por terrorismo; y la violencia estatal que deja lesionados y heridos de gravedad a miembros de comunidades mapuche.