El Superior Tribunal de Justicia y el gobierno provincial impulsan un ataque a las condiciones de trabajo y los derechos sindicales y políticos del personal judicial.
Lunes 20 de mayo 22:19
Foto: Diario Río Negro
Las y los empleadas y empleados judiciales de Río Negro estamos en pie de lucha contra la ley 576/23, impulsada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial, que ya tuvo una votación en primera vuelta en la Legislatura (falta la votación en segunda vuelta, que sería dentro de un mes).
El jueves 16 de mayo, ocasión en que se votó esta ley, realizamos un paro con movilización a Viedma, con alto acatamiento y con acompañamiento de integrantes de ATE, CTA-T y CTA Autónoma, SOYEM y SEJUN, el sindicato judicial de Neuquén. Es importante informar en qué consiste esta ley, porque puede abrir la puerta a importantes manejos arbitrarios.
Esta ley impulsa cambios en la Ley orgánica del Poder Judicial provincial, muchos de los cuales tienen que ver con cosas que ya se están haciendo, a tono con los cambios de códigos procesales, despapelización, etc. Pero el punto en que más empeño vienen poniendo tanto la Jueza Liliana Piccinini (firmante del proyecto) como la bancada oficialista de Juntos Somos Río Negro (JSRN) y sus aliados del PRO, la UCR y el ARI (las diputadas y los diputados del peronismo votaron en contra) es la modificación de la condición de jefes/as de despacho, departamento y división, que a partir de la nueva ley pasarían a estar por fuera de la normativa que rige la negociación colectiva (Ley 5009) y por ende sin posibilidades de ser representados por nuestro sindicato Sitrajur en la negociación colectiva y ante cualquier eventualidad. Además se agregan poderes discrecionales para los funcionarios, con definiciones de amplia vaguedad sobre lo que es una "falta de respeto" al superior jerárquico, así como una limitación en el ejercicio de los derechos políticos porque cualquier persona que pertenezca al personal judicial que acceda a un cargo electivo podrá ser sancionada si hace expresiones públicas que las autoridades del Poder Judicial consideren inadecuadas.
El proyecto del STJ establecía originalmente la jornada ilimitada para las mencionadas categorías de compañeras y compañeros, cuestión que finalmente se modificó antes de la votación, dejando en la redacción final una jornada de 8 horas (al principio decía "por lo menos ocho horas"). Aquí surge una clara contradicción de quienes impulsan este proyecto. Aducen que accedieron a lo solicitado por el gremio en este aspecto, pero al mismo tiempo le desconocen la potestad de ejercer la representación gremial del sector inmediatamente afectado. Así fue que optaron por mantener la quita del derecho de agremiación para esas/os compañeros/as.
En este contexto, resultó verdaderamente insólita la afirmación el jefe del bloque de JSRN, que dijo que los empleados judiciales somos "casta judicial", afirmación que no pudo fundamentar mínimamente. Quizás no esté bien informado, pero resulta que hoy la persona que ingresa al Poder Judicial de Río Negro está cobrando un sueldo que no cubre la canasta básica. ¡Ah! De paso le comento que accedimos a nuestros puestos de trabajo mediante concurso de oposición y antecedentes y no le debemos nada a nadie, a diferencia de muchos campeones de las listas sábanas (muy ásperos con los trabajadores pero bien dóciles con el gobierno de Milei).
Otro argumento falaz es el que señala que muchas/os compañeras/os que están en esas categorías no están afiliados al sindicato. No tiene nada que ver, porque la afiliación es voluntaria. Hoy, quien no desea afiliarse, no lo hace y listo. Otra cosa muy distinta es que no exista la posibilidad de decidir y que ese impedimento esté –para colmo– establecido por ley.
Mucha gente puede pensar que todos los problemas que afronta la clase trabajadora en la situación actual (y muchos que vienen de arrastre, como la precariedad y la informalidad laboral) hacen que nuestro conflicto parezca una exageración o un reclamo de gente que protesta por cuestiones secundarias. Pero pensar así sería un error, básicamente porque lo que está ocurriendo en Río Negro es que, por decisión del máximo tribunal de la provincia y de los bloques legislativos afines al gobierno, se está estableciendo que va a haber un tercio aproximadamente del personal del poder judicial provincial que va a estar por fuera de la legislación laboral argentina, no de hecho, como sucede con el trabajo no registrado, sino de derecho, es decir a través de una ley votada en la Legislatura, violando todas las normativas de protección de los derechos de la clase trabajadora vigentes. Si este ataque se consolida, no hay ningún motivo para pensar que se van a detener ahí. En síntesis, estamos tratando de que no nos quiten los derechos que nos quedan y a su vez impedir que haciendo eso empeoren más todavía la condición del resto.
Desde Sitrajur se está realizando una campaña de difusión e información, así como se declaró el estado de asamblea permanente, con el objetivo de revertir en la segunda votación esta tentativa de quita de derechos. La asamblea realizada el viernes 17 en Cipolletti resolvió confeccionar una carta firmada en primer lugar por jefas/es de despacho, división y departamento, con acompañamiento del resto del personal, exponiendo los perjuicios que esta nueva ley van a generar, para presentar ante los bloques legislativos, reforzar la campaña de información a nivel interno en los organismos judiciales, realizar una campaña de difusión con una carta abierta a la comunidad a nivel local y a nivel nacional (ya contamos con el apoyo del diputado nacional Christian Castillo y la bancada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad) y empezar a trabajar hacia la conformación de un cuerpo de delegadas/os.
Esta lucha es fundamental para defender la unidad del colectivo de trabajadoras/es. ¡Que nadie piense "a mí no me va a tocar"!
Juan Dal Maso
(Bs. As., 1977) Integrante del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 1997. Autor de diversos libros y artículos sobre problemas de teoría marxista.
