El 11 de marzo de 1990, Patricio Aylwin recibió la banda presidencial de manos del dictador Augusto Pinochet. En ese acto se simbolizaría el significado de la transición pactada: la convivencia entre la Concertación, los militares y la derecha, para la mantención del modelo económico, político y social implementado bajo la Dictadura Cívico-Militar.
Martes 19 de abril de 2016
Después de 17 años de violaciones a los derechos humanos, con decenas de miles de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados, donde se quitó gran parte de los derechos conquistados a lo largo del siglo XX como la salud o la educación; se transformó las condiciones de trabajo contra los trabajadores imponiendo la precarización laboral, la subcontratación, la atomización de los sindicatos, la Concertación de Partidos por la Democracia negoció una transición que se basó en la lógica de la reconciliación y la continuidad.
Mientras los políticos de la Concertación celebraban en el Congreso, en las calles miles de personas se manifestaban contra la Dictadura y Pinochet, terminando con una fuerte represión durante la tarde de ese día y en la noche, principalmente en las calles céntricas y en muchas poblaciones.
Pinochet se mantuvo en el poder al frente de las Fuerzas Armadas, para luego ser Senador Designado. Durante el gobierno de Aylwin realizó un ejercicio de enlace (19 de noviembre de 1990) y el boinazo (28 de mayo de 1993), para presionar contra la investigación que se estaba llevando adelante en el llamado caso “pinocheques”, y por los cambios en la Ley de las Fuerzas Armadas.
Lo cierto es que la Concertación garantizó la impunidad para los militares y sus colaboradores, responsables de las violaciones a los derechos humanos. El Informe Rettig impuso la tesis de la reconciliación nacional y de la crítica a la polarización y la “lucha de clases”, instalando la idea de buscar la unidad nacional y dar vuelta la hoja. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación tendría como objetivo la búsqueda de la verdad con el fin de la reconciliación; esto facilitaría las medidas de reparación y la posibilidad de la justicia, aunque esta última quedaba como una posibilidad lejana.
En esta comisión participaron diferentes personalidades, como el historiador Gonzalo Vial, férreo defensor de la Dictadura Militar. Su objetivo era conocer el destino de los “detenidos desaparecidos, ejecutados, y secuestros y atentados contra la vida de las personas cometidos por motivos políticos” ; dejando fuera a los que sufrieron tortura, relegamiento, expulsión del trabajo o el país. A pesar de lo limitado del informe, el sólo anuncio de Aylwin despertó la ira de los militares y sectores de la derecha que salieron a atacar la constitución de la Comisión, a defender la Ley de Amnistía y la obra de la Dictadura.
Por otro lado, se trataba de construir una suerte de “teoría de los dos demonios” o del enfrentamiento entre los dos bandos; para justificar y legitimar el Golpe de Estado, atribuyendo la culpa a las “divisiones” del pasado, al antagonismo social, la intransigencia de los partidos políticos y argumentos similares. Había que reescribir la historia para impedir que se cuestionara el nuevo orden político, económico y social, acusando a las divisiones del pasado y el enfrentamiento de ser responsables del golpe.
De esta manera, la Concertación consolidó la impunidad, en lugar de la verdad y la justicia. No podía ser de otro modo, si habían aceptado la institucionalidad que la dictadura había construido, con un régimen democrático autoritario, que buscaba preservar los fundamentos del modelo económico y social neoliberal.
Si bien el triunfo de Aylwin generó ciertas expectativas en amplios sectores de la población, rápidamente se mostró que la Concertación no traía ninguna “alegría” y que el sistema económico y social se mantenía tal cual, junto a la falta de justicia, el abuso empresarial y otros temas. Tanto el gobierno de Aylwin como los posteriores gobiernos concertacionistas se sostuvieron en la institucionalidad impuesta por la Dictadura: Constitución del 80, senadores designados y vitalicios, sistema binominal, leyes de amarre, Ley de Amnistía, entre otras.
Así, la transición a la democracia se fundó en la continuidad e incluso profundización en gran parte del modelo implementado en Dictadura, y en la lógica del pacto social y el consenso. Las grandes demandas sociales quedaron olvidadas, entre ellas las de la clase trabajadora, cuando se mantuvo el Código Laboral que se impuso en 1979 con sangre y fuego, de la mano del entonces Ministro de Trabajo, José Piñera.
