El 21 de agosto de 1971 un golpe de estado marcó el ascenso del General Hugo Banzer Suárez al gobierno de Bolivia, en el cual permaneció durante casi siete años. La dictadura de Banzer fue la primera instaurada en los ‘70 en el Cono Sur, abriendo el ciclo de los golpes contrarrevolucionarios de esa década: le siguieron en junio y setiembre de 1973 los ejecutados en Uruguay y Chile, y en 1976, el encabezado por Videla y la Junta Militar en Argentina.
Sábado 21 de agosto de 2021
El golpe derrocó al gobierno del General Juan José Torres, un militar de tendencia nacionalista que intentó un difícil equilibrio entre las aspiraciones de la clase obrera y los sectores populares por un lado y las presiones de la burguesía y el imperialismo por el otro. El movimiento obrero, organizado en la entonces poderosa Confederación Obrera Boliviana (COB), y los partidos de izquierda, habían impulsado la construcción de la Asamblea Popular, un organismo que se definía así mismo como un Frente Antiimperialista dirigido por el movimiento obrero. La Asamblea comenzó a funcionar el 22 de junio, reconociendo como plataforma programática -junto con las Bases Constitutivas y el Reglamento de Debates- la Tesis Política aprobada en el IV Congreso de la COB, de mayo de 1970. Este documento se pronunciaba por la independencia política de la clase obrera y el socialismo, incluyendo una amplia Plataforma de Lucha que abarcaba las principales reivindicaciones sociales, democráticas y antiimperialistas.
El golpe derechista se inició el 18 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, ciudad que el 19 cayó en manos del coronel Andrés Selich, luego de sangrientas refriegas donde murieron más de 100 personas. Entre el 20 y el 21 se libró la lucha decisiva en torno de La Paz. El único regimiento que luchó al lado del presidente hasta el final fueron los Colorados del Mayor Rubén Sánchez, las demás unidades o se plegaron al golpe o permanecieron a la espera de los acontecimientos. El Comando Político -que dirigía la lucha al entrar en receso la Asamblea Popular- declaró la huelga general, y en la noche del 20 una delegación se entrevistó con Torres para pedirles armas. Según algunas versiones el mandatario se habría negado a distribuirlas, según él mismo declaró posteriormente, no quedaba ninguna en su poder. Los trabajadores, tomaron por asalto los almacenes centrales del ejército, pero solamente encontraron unos 1200 máusers antiguos y escasa munición. Junto a los Colorados, lucharon heroicamente todo el 21 de agosto, pero fue en vano. Por la noche, Banzer asumía como presidente, mientras seguían los estruendos de las bombas y las ametralladoras contra la Universidad de San Andrés, que resistió algunas horas más. Los trabajadores y los estudiantes sufrieron en estas jornadas una de las peores derrotas de su historia.
Durante el gobierno de Banzer se produjeron cambios cualitativos en la economía y la sociedad boliviana. Inició su gobierno bajo la consigna “paz, orden, trabajo”, y conformó su gabinete a partir de una alianza con dos partidos políticos tradicionales: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Falange Socialista Boliviana (FSB). Con ellos los militares firmaron un pacto llamado Frente Popular Nacionalista, para formalizar el acuerdo. El MNR era el antiguo movimiento nacionalista que había estado al frente del gobierno surgido de la insurrección triunfante del 11 de abril de 1952, mientras la Falange era un partido fundado en la posguerra del Chaco, originado en un grupo fascista, tradicionalista y ultramontano inspirado en la falange española, tenaz opositor del MNR cuando éste estaba en el gobierno. De esta manera, guiado por su líder histórico, Víctor Paz Estenssoro, el MNR iniciaba el tramo descendente de la parábola que, partiendo del nacionalismo de los ‘50, el desarrollismo de los ’60, el apoyo a la derecha proimperialista en los ‘70, desembocaría finalmente en el neoliberalismo pos 1985.
La dictadura de Banzer obtuvo el inmediato apoyo de Estados Unidos y de Brasil, obteniendo de ambos países fuertes préstamos. Se trató, por supuesto, de uno de los gobiernos más autoritarios que hubo en Bolivia. Los organismos de derechos humanos contabilizaron un mínimo de 200 muertos, más de 14.000 personas pasaron por sus cárceles, la mayoría sin juicio previo y habiendo sufrido torturas y unos 19.000 debieron exiliarse. Se prohibió la actividad política y sindical, se censuró la prensa y se clausuraron emisoras de radio opositoras.
En octubre de 1972 se dispuso una devaluación del 67 %, concediéndose bajísimos aumentos salariales del 10 o del 20 %. A fines de 1973 se suprimieron los subsidios a productos de consumo popular, produciéndose incrementos sustanciales en los precios de los alimentos. Los campesinos, principales afectados por las medidas gubernamentales, comenzaron a movilizarse en el valle alto de Cochabamba, bloqueando la ruta a Sucre. Tras infructuosas negociaciones con el ministro de Asuntos Campesinos, el 19 de enero comenzó la llamada “masacre del valle”. En el pueblo de Tocata y en la localidad de Epizana, aviones de caza, tanques y carros blindados dispararon contra una concentración de 20.000 campesinos dejando montones de cadáveres. Esta acción brutal fue el comienzo del fin del Pacto Militar Campesino, laboriosamente labrado años antes por el dictador Barrientos con las dirigencias campesinas allegadas, y que había sido renovado por esos mismos dirigentes al asumir Banzer.
La estrategia económica del gobierno estaba centrada en dos objetivos: atraer la inversión externa, eliminando todas las restricciones legales a la misma, y concentrar todos los esfuerzos económicos en Santa Cruz. Con respecto a lo primero, el gobierno de Banzer dictó la ley de inversiones extranjeras en setiembre de 1971, que liberó el movimiento de utilidades y eliminó todo tipo de aranceles a la introducción de capitales. En relación a lo segundo, puede afirmarse que es bajo la dictadura de Banzer que Santa Cruz comienza a convertirse en el motor del capitalismo en Bolivia. Incidió decisivamente a ello la cuantificación definitiva de las reservas de gas existentes en el subsuelo de Tarija, confirmándose la existencia del segundo reservorio de gas de Sudamérica. Esto, sumado a la creciente explotación petrolera, abierta nuevamente a la inversión extranjera, terminó por inclinar la balanza hacia el Oriente boliviano, especialmente a partir de la crisis mundial de 1973-74, que elevó sustancialmente los precios del petróleo. Además, el gobierno canalizó préstamos y subsidios hacia Santa Cruz, destinados a estimular cultivos de exportación, como algodón, café, azúcar y a la madera, rubros que crecieron en las exportaciones del país, a lo cual debe agregarse también el arroz y la explotación ganadera, ofreciendo de esta manera un sostén económico a la oligarquía cruceña.
En el plano político se conformó el Frente Revolucionario Antiimperialista (FRA), presidido por el General Torres y al que se sumó toda la izquierda, (incluido el POR) que terminó disolviéndose sin pena ni gloria. En noviembre de 1974 se produce un denominado “autogolpe”, por el cual se disuelve el acuerdo con el MNR y la FSB, y se forma un nuevo gabinete, formado por allegados de Banzer. En junio de 1976, Torres fue asesinado en Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor. Más de 20.000 personas concurrieron a una manifestación de protesta y recordación que se efectuó en siglo XX.
En esos años oscuros hace su aparición el katarismo. A partir de 1971 comenzaron a formarse en La Paz las primeras agrupaciones kataristas, integradas inicialmente por estudiantes universitarios y residentes aymaras urbanos, dedicadas a hacer trabajo político y social comunitario y territorial y a elaborar críticamente el legado de la Revolución de 1952.
El gobierno del MNR pretendía extender la ciudadanía política a las mayorías indígenas, mediante la reforma agraria (transformación del indio en campesino), la educación (castellanización) y el sufragio universal (transformación del campesino en ciudadano). El katarismo, que toma su nombre de la reivindicación de Túpac Katari, reivindica la cultura y el pasado indígena, y sostiene que la modernización impulsada por el MNR si bien sacó al indio del atraso y las relaciones paternalistas y autoritarias, lo hizo al precio de sacrificar su cultura, su pasado, su cosmovisión. No rechaza la modernidad, pero reclama la recuperación de su identidad avasallada. En 1973, varias agrupaciones kataristas elaboran el Manifiesto de Tiahuanaco, primera declaración pública del movimiento, que resume todas estas posiciones. El katarismo se convirtió en un amplio movimiento cultural e ideológico, que dará cobertura a múltiples expresiones políticas, sociales y culturales. En el Manifiesto se sostendrá que la tarea de los kataristas no es crear nuevas organizaciones campesinas, sino recuperar las ya existentes, expulsando a las dirigencias que habían pactado con los militares. Esto permite confluir al katarismo con una nueva dirigencia sindical campesina, que va a alcanzar gran desarrollo tras las masacres de 1974, que hunden definitivamente el Pacto Militar Campesino. Bajo la conducción de Jenaro Flores (La Paz) y Macabeo Santos Chila (Oruro), los kataristas recuperarán, entre 1977 y 1978 las organizaciones sindicales campesinas, y en junio de 1979 dieron origen a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), hoy la organización de masas más importante del país.
En la segunda mitad de 1977 comenzaron a sentirse las presiones provocadas por los cambios en la política de Estados Unidos bajo la administración del presidente James Carter. El gobierno cree oportuno intentar una salida institucional, para lo cual prepara un candidato oficial, el General Juan Pereda Asbún, detrás de cuya candidatura se formó la Unión Nacionalista del Pueblo (UNP). Se dictó una amnistía muy limitada, que no incluía a muchísimos dirigentes políticos y sindicales, como Juan Lechín, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Hernán Siles Suazo y centenares de dirigentes y militantes de base.
En respuesta a esto, el 28 de diciembre de 1977 las esposas de cuatro mineros exiliados iniciaron una huelga de hambre en las oficinas del Arzobispado reclamando: amnistía general e irrestricta, trabajo para todos los despedidos y el retiro de las tropas de las minas. El 31 de diciembre un segundo grupo de huelguistas se constituyó en la sede del diario católico Presencia. Cuando el movimiento terminó, el 18 de enero, había más de 1000 huelguistas y muchos más en reserva para suplantarlos cuando llegasen al límite de las fuerzas físicas. El gobierno debió acceder a todas las demandas, menos el retiro de las tropas de las minas, decretándose la amnistía total el 20 de enero de 1978.
En ese contexto, fueron convocadas elecciones para julio de 1978, siendo el acto electoral escandalosamente fraudulento, con lugares donde había más votos escrutados que electores anotados en el padrón. Los resultados favorables al candidato oficialista no fueron reconocidos, por lo cual todo terminó con un golpe de estado que proclamó presidente a Pereda Asbún. Culmina de esta manera, en forma poco glamorosa, el gobierno de Hugo Banzer Suárez, quien sin embargo logró reciclar a gran parte de sus seguidores en un nuevo partido, la derechista Alianza Democrática Nacional (ADN), que le da a su mentor la posibilidad de participar en el ciclo institucional abierto a partir de 1982.
* Artículo publicado originalmente en 2015.
