Ante la renuncia de todos los integrantes colocados por el chavismo en el Consejo Nacional Electoral, seguida de los dos representantes de la oposición, ¿estamos ante una nueva maniobra del Gobierno para erigir un nuevo CNE a su imagen y semejanza o se constituye un nuevo ente electoral pactado con la oposición?
Miércoles 21 de junio de 2023
La reciente renuncia, en teoría inesperada, de los tres rectores principales y sus suplentes, afectos al chavismo, abre un abanico de presunciones. De los 15 miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre principales y suplentes, ocho de ellos “dejaron sus cargos a la orden” de la Asamblea Nacional. También lo hicieron días después los integrantes vinculados a la oposición.
La Asamblea Nacional rápidamente aceptó las renuncias de los afectos al Gobierno, pero destituyendo al mismo tiempo a todos los rectores, incluidos los que hasta entonces no habían dimitido, pero lo harían posteriormente. Acto seguido convocó a conformar un nuevo Comité de Postulaciones para constituir un nuevo CNE.
El CNE que venía en funciones, fue pactado con la oposición patronal en 2021, compuesto por cinco miembros principales, tres del chavismo y dos de la oposición. El oficialista Pedro Calzadilla, fue presidente del ente electoral y el opositor Enrique Márquez vicepresidente. Además, lo integró Tania D’Amelio, que renunció hace tiempo para integrar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ); y Alexis Corredor, por el chavismo, así como Roberto Picón por la oposición. Fueron los que organizaron la elección a gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, a finales de 2021, donde el chavismo obtuvo mayoría y en Barinas, donde perdieron la gobernación, en enero de 2022.
El escenario abierto avanza hacia las próximas elecciones presidenciales, sin fecha definida aún, siendo un tema de negociación con la oposición en los llamados diálogos de México, así como los mecanismos y condiciones en que se darían. En este proceso, estará una elección de las primarias de sectores importantes de la oposición para tener un candidato único. Para muchos, las negociaciones entre el gobierno y la oposición estarían paralizadas, pues no hay nuevos anuncios de entendimientos, aunque es sabido que bajo el secretismo se tejen los acuerdos.
Ambas variantes antidemocráticas
La renuncia forzada o no y la aceptación automática, como la remoción de todos los integrantes del CNE por la Asamblea Nacional, constituye una medida bonapartista del Gobierno, controlando todos los poderes del Estado, que hace y deshace a su antojo. Ya sea para un nuevo CNE a su medida con mayor control de sus integrantes, sobre todo los propios, o que se esté fraguando un pacto con la oposición, tal movimiento bonapartista se les hace necesario.
La variante de que se prepare una nueva maniobra por el Gobierno promovería la abstención para mantenerse en el poder. Aunque políticamente Maduro se encuentra fortalecido, por la debilidad de sus opositores patronales y por el curso autoritario y represivo que se impone sobre las masas, tiene un repudio bastante amplio sobre todo entre los trabajadores. Si bien, algunas encuestas de propios y ajenos le dan aún cierta base electoral.
La oposición no goza de buena salud, fracturada y debilitada, aunque una parte concilia con el gobierno, la de los partidos mayoritarios es más confrontativa, donde se cobijan partidos como Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática, así como Vente Venezuela de María Corina Machado, entre otras formaciones políticas.
Se parte de la base, en esta variante, de que el Gobierno hasta desconfiaría de sus propios representantes en el CNE con quienes venía funcionando. Calzadilla y los demás rectores, que fueron colocados con el apoyo del gobierno, habrían caído en desgracia a raíz de los resultados adversos para el Psuv en las elecciones a gobernador de Barinas del 9 de enero de 2022. Incluso se dieron declaraciones de Calzadilla que no sonaron bien en las élites gubernamentales.
Tener el control más absoluto estaría a la vista, con personal más confiable. Por eso suena que desde el gobierno se promovería para para la presidencia del ente electoral a Francisco Ameliach, actual diputado oficialista. Esto implicaría conformar un CNE “espanta votos”, como lo han llamado muchos sectores, de manera tal que genere incertidumbre y aliente la abstención. Escenario posible es de mayor aceptación en primeras lecturas, ya que una alta abstención favorecería al gobierno.
Pero la fragua de un CNE pactado, que no implica que por ello sea democrático, de por sí surgido de negociaciones secretas, tiene su importante basamento. Destaca que los dos rectores vinculados a la oposición que terminaron dimitiendo, luego de “consultas previas” con los suyos, indicaron en sus cartas de renuncia una eventual negociación entre el chavismo y la oposición al respecto. No se trató de declaraciones al azar, incluso ambas en bastante sintonía.
En Venezuela, los pactos y el secretismo en las alturas son la constante por lo que no es descartable que, en el marco de las negociaciones en curso, estaría también lo del nuevo CNE para las elecciones de 2024. Dichas elecciones han sido el centro de las últimas negociaciones que el gobierno las ata al levantamiento de las sanciones.
“Todo el mundo estaba esperando lo que pasó en el CNE. Era algo a vox populi. La oposición sabía del cambio. Esto forma parte de una negociación entre el Gobierno, el G3 y Estados Unidos”, indicó sobre esto la periodista Celina Carquez, coordinadora editorial del portal Crónica.uno y experta en el tema electoral, en entrevista con Efecto Cocuyo.
Por su parte, el politólogo Jesús Castellanos Vásquez sostiene que: “Debo decir que por la composición del Comité Preliminar, y lo raudo y sorpresivo de las renuncias (de los rectores del CNE) y procesamiento de éstas, no pareciera que esta nueva designación fuera producto de una negociación que busca mejores condiciones electorales (…) Sin embargo, no descarto el escenario negociación, sea este previo o que se produzca ahora, ante la inminencia de los hechos”.
Otras opiniones descartan de plano negociaciones. “Toda esta situación era bastante predecible (…) No creo que se trate de un plan de implosión del proceso de primarias en el sentido de un plan macabro para ello, sino más bien de una acción pensada por un grupo – el oficialismo en este caso – para generar condiciones favorables para ellos (para 2024). Así como la oposición busca hacerse del poder, el oficialismo hará todo para no perderlo”, indica el politólogo y director de la revista SIC, Juan Salvador Pérez.
Recordemos que se viene de realizar una Conferencia internacional sobre Venezuela en Bogotá. Se habló en su momento del sinuoso “enfoque paso a paso”, en el que estarían de acuerdo los participantes, e incentivado por Estados Unidos, que envió una alta representación. Una conferencia que contó con el espaldarazo del propio presidente Joe Biden, lo que le dio relevancia. Pero el tema electoral fue el centro de las discusiones y contó con la presencia de los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, entre otros, además del anfitrión, por fuera de la línea del inexistente Grupo de Lima y que están por tras también de las negociaciones.
Con pactos o sin ellos las arbitrariedades antidemocráticas siguen su curso
En cualquiera de las variantes, no son los trabajadores ni el pueblo en general los que se benefician. Veamos sino cuando surgió el CNE pactado, que tuvo toda una dinámica antidemocrática, donde incluso variantes ubicadas a izquierda del gobierno fueron vetadas en la última elección a gobernadores, alcaldes, diputados y concejales que organizaron en el 2021. Fue el caso de la candidatura de Eduardo Samán, candidato por la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), cuando se le impidió postularse a la alcaldía de Caracas.
Con el CNE pactado, se le abrieron todas las garantías a los partidos de la oposición patronal, liberando a los detenidos de sus partidos, para que puedan participar en elecciones. Incluso, muchos que fueron partícipes de los intentos de golpe de Estado contra Maduro apoyados por Trump en 2019, inhabilitados para ejercer cargos públicos, fueron habilitados para participar, vías esas negociaciones. Sin embargo, a los sectores disidentes del chavismo por izquierda se les salió a cerrar el paso. Continuó el veto a muchas organizaciones de izquierda y nunca fueron revisadas las viejas antidemocráticas proscripciones y más aún cuando prende ahora sobre un hilo la legalidad del PCV.
Como señaló Ángel Arias, dirigente de la LTS, en ese momento: “Las negociaciones con la derecha no le bajan dos a las arbitrariedades antidemocráticas tan escandalosas. A ojos vista de todo un país el gobierno da y quita el derecho electoral a quien quiera según su conveniencia del momento. Una elección más diseñada a su medida”. Esta es la realidad. Ambas variantes planteadas, se montan bajo los esquemas más antidemocráticos, en medio del consenso burgués en las alturas, como vemos con los ataques en regla contra los trabajadores, sus salarios, derechos contractuales, en la que tanto gobierno y opositores patronales están de acuerdo.
