#8M. ¿Hay una relación entre la violencia machista y el ajuste?

Desde que empezó el año hubo 52 femicidios en el país. A partir del Ni Una Menos se visibilizó que la violencia contra las mujeres es un problema estructural en nuestra sociedad y la cuestión económica no está por fuera de eso.

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Por ejemplo, ¿qué prioridad le da el Gobierno a este tema en el Presupuesto? El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, tiene el segundo presupuesto más bajo de todo el Gasto Público, apenas 0,19 % del total.

Y no es que no hay plata, sólo que las prioridades son otras. Contemplando las últimas modificaciones presupuestarias (que no agregaron nada a este Ministerio), la partida asignada para 2023 es de $ 54.683 millones. Mientras que para el pago de los servicios de deuda representa 53 veces más (el 10 % del gasto total).

Pero tomemos un dato más reciente. Solamente con los U$S 1.022 millones que se pagaron en enero en intereses de deuda a fondos privados se hubiese financiado 4 veces el gasto anual de todo el Ministerio (al tipo de cambio oficial, de tomarse el dólar blue es casi 8 veces).

Esto no es una cosa menor, porque el 93 % del Presupuesto al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad se destina al programa de Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, o sea, a la única partida específica que da una ayuda económica, equivalente a un salario mínimo vital y móvil por seis meses, para quienes sufren violencia de género.

Sin embargo, en relación al año 2022 el Gobierno de Alberto, Cristina y Massa, definió un recorte real de 10 % en la plata asignada a ese ministerio tomando una inflación promedio de 75 % (en 2022 fue de $ 34.641 millones), y si la inflación sigue a este ritmo anual en torno al 100 % y esa partida asignada no se aumenta, el recorte llegará al 20 %.

En todo el país hay solamente 188 refugios. Y la verdad es que sin presupuesto la lucha contra la violencia machista queda sólo para el discurso.

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Pero también hay otras formas en que el ajuste golpea sobre las mujeres. Vimos cómo la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, por ejemplo, recortó los planes sociales, que son ayudas de emergencia que en su amplia mayoría reciben las mujeres desocupadas, o que hacen changas y son jefas de hogar.

Este ajuste para cumplir con el FMI también recayó en las asignaciones familiares, AUH y jubilaciones, que con la nueva movilidad previsional, y sin piso frente a la inflación, vienen perdiendo frente a la escalada de precios. Esto empeoró la ya mala situación que había dejado Macri en donde los haberes habían perdido 20 puntos. Por eso el gobierno debió salir a anunciar bonos a las jubilaciones mínimas, pero son insuficientes y no los cobran todas ni tampoco las titulares de asignaciones.

Sin trabajo o con trabajos precarios, como tienen más de la mitad de las mujeres que están ocupadas, sin acceso a la vivienda, y con ingresos que no alcanzan frente a la inflación, es más difícil salir de una relación donde la violencia se apoya en la dependencia económica para la subsistencia propia y de los hijos.

Por eso decimos que el Estado también es responsable de que se perpetúe la violencia machista.

Pero nosotras supimos organizarnos, nos plantamos por Ni Un Menos y conquistamos el derecho al aborto. Es con esa fuerza, en las calles y organizadas junto a todas y todos los afectados por el ajuste, que tenemos que exigir un plan de emergencia para atender a las víctimas de violencia, que cuente con presupuesto para subsidios, créditos a tasa cero para viviendas propias y la construcción de refugios con más plazas en todo el país, entre otras medidas.

Porque el ajuste también se cobra nuestras vidas. Pero si tocan a una, nos organizamos miles.

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