El exvicepresidente y dirigente de Podemos denuncia un espionaje que se llevaba adelante cuando él era parte del organismo que controla el CNI y tenía acceso a los secretos de Estado.
Jueves 21 de abril de 2022
En los primeros días del Estado de Alarma declarado en marzo de 2020 el gobierno de coalición aprobó un decreto que modificaba la Ley 11/2002, de 6 de mayo, por la que se regula el Centro Nacional de Inteligencia. Con esta reforma exprés Podemos conseguía la que fue una de sus primeras reivindicaciones ya en 2016 para intentar acordar un gobierno junto al PSOE: ser parte de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, el organismo desde el que se controla el CNI.
Hasta esa fecha dicha comisión estaba presidida «por el vicepresidente del Gobierno que designe su Presidente» e integrada «por los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía, así como por el secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el director del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como secretario».
La bajísima o nula posibilidad de que Sánchez dejara la presidencia de este organismo en el vicepresidente Iglesias dejaba por fuera de esta comisión a cualquier representante de Unidas Podemos. Por eso entre sus integrantes se incorporó por decreto “a los vicepresidentes designados por el presidente del Gobierno” así como al “director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno”, entre otros altos cargos.
Quedó así amparada por ley la presencia tanto de Pablo Iglesias como del entonces todopoderoso director del Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo. La derecha del PP y la extrema derecha de Vox pusieron entonces el grito en el cielo. La presencia de Unidas Podemos en el organismo rector del CNI podría poner en riesgo sus prácticas habituales y el mantenimiento de éstas bajo secreto.
Hoy, cuando sale a la luz la enorme campaña de espionaje sobre más de 60 dirigentes independentistas catalanes y miembros de la izquierda abertzale, queda claro que los miedos del PP y Vox eran infundados. Estas prácticas siguieron bajo el gobierno de Sánchez y con su vicepresidente Iglesias formando parte del organismo que controla a quienes las llevaban adelante.
Los secretos de Estado siguen a buen recaudo. Iglesias tenía acceso como parte de esta comisión a ellos, pero hasta el momento no ha abierto la boca. Más allá de sus opiniones sobre las “cloacas del Estado”, cumple a rajatabla el no decir ni una sola palabra de las deliberaciones y resoluciones de este y otros organismo en las que estas cloacas se gestionan.
La misma propuesta de Unidas Podemos para que se abra una comisión de investigación ya dice mucho de como, a pesar de los aspavientos de indignación, se quiere mantener blindados estos secretos de Estado. Pablo Echenique solicitó este miércoles que fueran nada menos que el ministerio del Interior y el de Defensa, quienes capitanearan los necesarios esclarecimientos de responsabilidades. Es decir, pidió al zorro que cuidara las gallinas.
Por si hubiera alguna duda, que el gobierno de Sánchez ya haya dejado claro que cubrirá con un tupido velo de impunidad este nuevo escándalo autoritario tampoco será motivo para que Unidas Podemos se plantee su presencia en dicho gobierno. Según declaraba Pablo Iglesias en su podcast dedicado al asunto, eso sería precisamente lo que querría la derecha.
Seguir avalando un gobierno que espía ilegalmente a la disidencia política, vende al pueblo saharaui a cambio de una subcontratación de las violaciones de derechos humanos en la frontera, se suma a la escalada imperialista de rearme y envío de armas a Ucrania… es para Iglesias, la mejor manera de “no hacerle el juego a la derecha”. Mientras tanto, PP y Vox siguen avanzando enteros en su carrera a la Moncloa.
