El incremento de la llamada feminización del trabajo viene acompañado de una mayor tendencia a la precariedad laboral femenina, inscripta en las transformaciones del capitalismo mundial y español en el último siglo hasta la actualidad.

El artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores sentencia: “El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella.”

Sin embargo, en el Estado español la brecha salarial es de un 23% y dos de cada tres personas que perciben los salarios más bajos, son mujeres. Por tanto, el concepto de “trabajo de igual valor” no se aplica al valor del trabajo de las mujeres. Ligado a ello, de los contratos a tiempo parcial el 73,86% son desempeñados por mujeres, es decir, 3 de cada 4 empleos. Estos datos también sancionan el futuro de las mujeres, con prestaciones y pensiones de pobreza.

¿Motivos? No están esencialmente en la decisión arbitraria de las empresas de pagar salarios más bajos a las mujeres que a los hombres. Sino en las transformaciones del capitalismo mundial en el último siglo, entre las cuales el incremento de la llamada feminización de la fuerza laboral adquiere una enorme dimensión, paralelamente a la mayor tendencia a la precariedad laboral femenina basada en una cadena de múltiples eslabones de desigualdades. Y en una histórica y duradera división sexual del trabajo que legitima que las mujeres sean contratadas en áreas de trabajo infravaloradas, arrastradas a la precariedad, mayor explotación y peores condiciones. Una precariedad que tiene su origen en el modelo laboral del capitalismo español configurado en las décadas del ochenta y noventa tras diferentes políticas aplicadas por los sucesivos gobiernos.

Esto, sumado al no reconocimiento del trabajo reproductivo que, si no expulsa a las mujeres del mercado laboral, las somete aún más a la precariedad. Como vemos, la ‘igualdad ante la ley,’ no se corresponde con la ‘igualdad ante la vida’.

La clase obrera no es sólo masculina: acrecentamiento de la feminización del trabajo

Actualmente, más del 40 % del empleo global está compuesto por mujeres. Aun así, aunque en la mayoría de los países centrales de Europa existe una relativa equiparación entre el trabajo asalariado femenino y el masculino, en el Estado español continúa existiendo la brecha de género en la actividad laboral y el porcentaje que representa la mujer en el conjunto de la clase trabajadora asalariada ha pasado del 43% al 48% entre los años 2007 a 2016. Sin embargo, esta brecha se ha ido intensificando y actualmente la tasa de empleo femenino ha bajado. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) [1] dentro de la tasa de empleo general el 54,75% pertenece a hombres y el 44,15% a mujeres.

Esta brecha se mantiene en los porcentajes de paro: 16,74 % es el paro femenino y 12,90 % el masculino [2] Por otro lado, las mujeres se concentran en un número más reducido de sectores y ocupaciones y, con frecuencia, con las remuneraciones más bajas y presencia muy elevada en las denominadas “categorías elementales”.

Del hogar al trabajo: la histórica lucha de las mujeres por pertenecer al mercado laboral

Históricamente, el incremento del trabajo asalariado femenino es, entre otras cuestiones, el resultado de, por un lado, las transformaciones económicas de un capitalismo en auge que requería de más mano de obra femenina. Por el otro, más de dos siglos de lucha de las mujeres por pertenecer al mercado laboral y lograr su independencia económica, y contra las condiciones de explotación. Salir del hogar al trabajo implicaba cuestionar el modelo predominante de mujer durante el siglo XIX y comienzos del XX, conocido como “ángel del hogar” o “perfecta casada”. Era, por tanto, poner en jaque al ideario capitalista y patriarcal y a todo el discurso de la domesticidad difundido en textos como el famoso folleto de 1886 de la colección “Biblioteca para Señoritas” que enseñaba las obligaciones que debían cumplir las mujeres en el hogar.

Una ideología que se iba perfeccionando con nuevos argumentos, como los del famoso doctor endocrinólogo, Gregorio Marañón, quien en 1920 influenció notablemente a la sociedad española con su teoría de la diferenciación y el carácter complementario de los sexos. Sostenía que las mujeres no eran inferiores, aunque sí eran diferentes en sus rasgos psicológicos y biológicos: la razón, la lógica, la reflexión, la capacidad analítica e intelectual y la creatividad eran características biológicas del hombre. La sensibilidad, sentimentalidad, afectividad, intuición, pasividad y abnegación eran de la mujer. Una distinción utilizada para reforzar el rol de domesticidad, como mujeres y madres. [3]

La gran segregación y discriminación de la mujer en el ámbito laboral se ha manifestado de diferentes formas, de acuerdo con las etapas históricas y contextos políticos, sociales y económicos. La hostilidad hacia el trabajo asalariado femenino y la entrada de las mujeres al trabajo siempre se sostuvo a través del culto a la domesticidad y el enorme peso de la Iglesia católica en la sociedad española. El discurso de la dependencia económica de la mujer ha sido vital para ejercer su rol en el hogar, siendo la “mujer asalariada” un símbolo de la degradación masculina.

Otro gran retroceso se produjo durante el franquismo. Como define Mary Nash, se “pretendió construir una nueva mujer para la España franquista. (…) De hecho, la redefinición del rol de las mujeres se convirtió en una pieza clave en la maquinaria represiva dictatorial.” [4] Se utilizó todo un aparato legislativo, educativo e institucional, junto a la Sección Femenina de la Falange, única organización femenina del Régimen franquista creada en 1940 y dirigida a nivel nacional por Pilar Primo de Rivera. Pueden observarse las consecuencias en los derechos laborales para las trabajadoras. Ya en 1938 durante la Guerra Civil, tal como describe Mary Nash, tras el Fuero del Trabajo quedaba rechazado el trabajo asalariado femenino cuando se declaró que el Estado “liberará la mujer casada del taller y la fábrica”.

Mientras, aplicó medidas que protegían a la familia para someter a las mujeres casadas totalmente al hogar y a la maternidad. Así lo explica Mary Nash, “La concepción orgánica del Nuevo Estado reforzó la figura del padre como cabeza de familia. Así la Ley de subsidios familiares (1938) y el Plus de cargas familiares (1945) establecieron un modelo patriarcal del trabajador, cabeza de familia y merecedor de un sueldo familiar. Las leyes reforzaron la dependencia femenina al regular que el marido podía percibir el sueldo que ganaba la esposa (1944) y durante 40 años, hasta mayo de 1975, cualquier mujer casada necesitaba de la autorización marital para tener un contrato laboral.” [5] Hasta todo un cuerpo de médicos franquistas difundían la idea de la amenaza que significaba el trabajo asalariado, dando cuenta de enfermedades que perjudicaban a las mujeres a la hora de procrear.

Por otro lado, “El establecimiento en la Ley de Contrato de Trabajo de la autorización marital para que la mujer pudiera ser contratada, y de la posibilidad de que el marido recibiera el salario de la mujer. De hecho la mujer, especialmente la casada, era equiparada legalmente al menor de edad; incluso un especialista en derecho laboral, Pérez Botija, recordaba que en el I Congreso de Medicina Legal se había discutido la posibilidad de recoger en la ley la institución de la ’media capacidad’, como ’manera de resolver el problema de los menores, de la mujer casada y del incapaz mental’.” [6]

Es así que el Régimen franquista forzaba a las trabajadoras a abandonar los puestos de trabajo si llegaban a casarse a través de diversas reglamentaciones, lo cual era compensado con una indemnización económica llamada “dote laboral”. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las mujeres de la clase trabajadora no podía sostener esta situación, mucho menos durante la guerra y la posguerra, cuando las familias quedaban devastadas en la pobreza y no podían prescindir del trabajo de la mujer. Un trabajo siempre desjerarquizado y en constante situación de precariedad.

Hacia la final del franquismo ¿qué dejó la Transición a las mujeres trabajadoras? Respecto a las leyes laborales, en 1976 se reglamentó la primera legislación laboral que buscaba superar la discriminación de la legislación franquista, que apenas tuvo incidencia en las condiciones laborales de las trabajadoras. La Constitución de diciembre de 1978 proclamó en cuanto a la discriminación laboral por razón de sexo que: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.” (Art. 35.1.). También la igualdad jurídica de las mujeres y eliminó la potestad marital y la discriminación de la mujer casada que había impuesto el Régimen dictatorial (Art. 32.1.).

Sin embargo, las trabajadoras tuvieron que toparse con los efectos duraderos de la recesión iniciada en 1973 que provocaron un freno al acrecentamiento de las mujeres en el mercado laboral, estancándose desde 1974, “Desde 1976, la población femenina total y activa en España era el 27,9%, porcentaje que apenas se había recuperado en 1985, cuando llegó al 28,1%, coincidiendo con los inicios de la recuperación económica. [7] Otro de los efectos de la crisis ha sido el paro femenino, incrementado entre 1975 y 1982. Así como también el descenso del trabajo asalariado femenino en la industria, a causa de la reconversión industrial. A la vez que se trasladaba al sector terciario de servicios, que empezó a tener una importante concentración femenina sobre todo en el comercio, educación, sanidad, servicios sociales o la hostelería.

En 1980 el Estatuto de los trabajadores precisaba los derechos laborales declarando nulos las leyes reglamentarias o convenios colectivos discriminatorios por razón de sexo. Estableció reglas comunes en la clasificación y promoción profesional de trabajadores y trabajadoras para evitar categorías laborales diferentes por razón de sexo. El derecho de excedencia tanto al padre como a la madre, para el cuidado de los recién nacidos por un periodo máximo de tres años y, a las mujeres en situación de embarazo, el derecho a la baja por parto durante catorce semanas además del derecho a la reserva del puesto de trabajo. Autorizó a las trabajadoras con un hijo menor de nueve meses a ausentarse durante un total de una hora para la lactancia, pero no consideró la atención parental. No obstante, ha sido muy cuestionado por el movimiento feminista y por las trabajadoras el hecho de que “no se diferenció entre hombres y mujeres en la reducción de jornada para el cuidado de menores de seis años o de personas discapacitadas físicas o mentales. El Estatuto fue contestado en diferentes sectores sindicales y feministas por su paternalismo, la continuidad del perfil de las mujeres como responsables de las tareas de cuidado y la admisión del trabajo parcial, adjudicado habitualmente a las mujeres” [8]. Un debate que continúa en la actualidad.

La histórica y duradera división sexual del trabajo

Actualmente, en el Estado español el trabajo asalariado femenino es muy elevado en actividades sanitarias y servicios sociales, en un 77,5%. En la educación ocupan el 67,4%, en el sector servicios el 66,6%, y en todas aquellas tareas vinculadas al cuidado o empleadas del hogar el 88,6%. No es casual que las mujeres estén sobrerrepresentadas en estas actividades como tampoco es ’natural’ la división sexual del trabajo. Esto está inscrito en una construcción social duradera de la ’feminidad’ y la ’masculinidad’ en el mundo laboral. [9]

Como vimos, el ideario patriarcal conformado para impedir que las mujeres salieran de las paredes del hogar, de ningún modo ha podido evitar el incremento del trabajo asalariado femenino. No obstante, lejos de desaparecer, se ha mantenido bajo diferentes formas en las nuevas relaciones laborales con el objetivo de explotar a las trabajadoras doblemente, con salarios menores al de los hombres, para de esa manera también bajar los salarios de los otros trabajadores.

En este sentido, es interesante el análisis de Ulla Wikander sobre la tendencia dominante de todos los Estados europeos a regular la situación laboral de la mujer con el fin de “proteger a la familia” de la “amenaza al orden social” que implicaba que la mujer se convierta en asalariada, legislando a favor de mantener la división sexual dentro del mercado laboral con el fin de obstaculizar su independencia económica. A fines del siglo XIX y el XX, en muchos países de Europa el derecho matrimonial daba al hombre el poder de decidir sobre la situación laboral de su esposa e incluso de disponer de sus ingresos. Pero paralelamente jugaban con las ’ventajas’ de emplear a las mujeres basándose en las ’aptitudes’ de cada sexo para las tareas laborales.

En el Estado español, los Códigos Civil y Penal establecían que la autoridad del marido debía obedecerse automáticamente por parte de la mujer, recibiendo castigos si no lo hiciese con la cárcel. Un femicidio era castigado con el destierro a una distancia mínima de 25 km, durante un período de entre seis meses a seis años. Si las heridas eran leves, no había castigo. Para las mujeres, se los consideraba parricidios y se castigaban con la cadena perpetua. El considerado adulterio tenía connotaciones diferentes para la mujer, con dos a seis años de prisión y nada para el hombre ya que no se lo consideraba adulterio, a no ser que tuviera otra concubina en el hogar conyugal [10], cuestión que se mantuvo hasta la Segunda República. Pero incluso en este periodo con la Nueva Ley de Contratos Laborales de noviembre de 1931, el hombre mantenía el control del salario de la mujer, aunque con su autorización la mujer podía disponer de él. Hemos visto cómo estos mínimos derechos volvieron a retroceder bajo el Régimen franquista.

Ulla Wikander explica también cómo en Europa, el derecho matrimonial persistió hasta la segunda mitad del siglo XX y fue eliminado en Alemania Occidental en 1976, en España en 1980 y en Suiza en 1988. Ligado a ello, en toda Europa se impusieron políticas estatales salariales, según el sexo y no el tipo de trabajo. Los salarios de las mujeres en la industria estaban a mediados de los noventa por debajo de los de los hombres en toda Europa: en Francia ganaban el 81% del salario de los hombres. En Dinamarca el 75%, en Alemania el 74%, en España el 72% y en Inglaterra el 69%. Hoy en el Estado español, como es sabido, la brecha salarial es de un 23%. Aunque esta media no significa salario “a igual trabajo”, porque existen trabajos exclusivos para mujeres, tratados como de `segunda categoría’ o ‘suplementarios’, en condiciones laborales precarias e inestables. La fuerza laboral femenina inmigrante es otro gran elemento a tener en cuenta en un país imperialista.

La precariedad tiene rostro de mujer

Hemos visto cómo las sociedades industriales más avanzadas utilizaron los patrones de la división sexual del trabajo establecida desde siglos, para justificar mayores desigualdades, discriminación y desjerarquización del trabajo de las mujeres.

En el Estado español, a doce años desde la agudización de la crisis económica del año 2007, todas estas transformaciones se imponen de forma descarnada en amplios sectores de la clase trabajadora. Este nuevo periodo de crisis se enfrenta a una fuerza de trabajo altamente feminizada y con una inserción urbana muy superior a la rural. La clase trabajadora y muy en particular las mujeres están sufriendo el modelo laboral capitalista impuesto en las décadas del ochenta y noventa, con un aumento exponencial de la precariedad laboral, desde la llamada “reconversión industrial”, hasta privatizaciones de servicios públicos, reformas laborales, EREs, pérdida de decenas de miles de trabajos desviados hacia la contratación y subcontratación de servicios. Una verdadera contraofensiva contra el conjunto de la clase trabajadora dada dentro de una etapa de transformación del capitalismo mundial en el último siglo, atravesado por las transformaciones políticas y económicas ocurridas desde las décadas del ochenta bajo la etapa llamada “neoliberalismo” que llamaremos “restauración burguesa” [11], en referencia a la contraofensiva que los países imperialistas de Europa y Estados Unidos desplegaron en todo el mundo luego de cerrar, tras derrotas físicas y desvíos, el ascenso de procesos revolucionarios y lucha de clases que tuvo lugar entre los años 1968 y 1981. Y que en el Estado español se dio tras la Transición democrática y los Pactos de la Moncloa.

Actualmente, el rol de domesticidad y las tareas de cuidados continúan impregnados en los poros del trabajo asalariado femenino, con el fin de arrastrarlo cada vez más a la precariedad. La enorme fuerza laboral femenina en el sector servicios –camareras, niñeras, cocineras, limpiadoras, teleoperadoras, camareras de pisos, cajeras de supermercado-. O de cuidados de menores, mayores dependientes, personas enfermas o con discapacidad es señalado como causa de los contratos parciales para un 12,98% de mujeres y un 1,78% de hombres. Ellas, 7 veces más; aunque la cifra debe ser aún mayor ya que la mayoría no tiene contratos y no forman parte de las estadísticas.

Según un informe de UGT [12], en Hostelería las mujeres perciben el salario más bajo de todos los sectores de actividad. Igualmente en sectores de Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares y en Otros Servicios perciben los salarios más bajos de todo el Estado. Estos tres sectores concentran una fuerte presencia de mujeres con un 50% en cada sector, los salarios son los más bajos y sufren una brecha salarial por encima de la brecha media del conjunto de sectores de actividad del Estado. Sólo el sector de la Educación, con una presencia de mujeres del 67 %, la brecha salarial disminuye al 9,34 %. En el caso de las Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales, con una presencia femenina del 78,68 %, la brecha salarial del 27,23 %. En las Actividades Inmobiliarias un 66,89 % y la brecha salarial es del 32,73 %. En el Comercio la presencia de mujeres es altísima y la brecha sube al 28,04 %. Y hasta en las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas las mujeres son mayoría, se les exige la máxima cualificación académica y la brecha salarial es del 30,41 %; además los trabajos de investigación y de redacción los realizan las mujeres con salarios bajos y los jefes de equipo y responsables de las investigaciones son mayoría hombres con salarios mucho más altos.

A esta discriminación que aporta millones a los bolsillos de los empresarios y pobreza a las trabajadoras, se la denomina “segregación horizontal” y está acompañada de la llamada “segregación vertical” [13]. Sectores de trabajadoras no cualificadas en servicios, de los servicios de salud y cuidados de personas, cobran los salarios más bajos de todo el abanico de salarios medios por ocupaciones. A esto se le añade el hecho de que la mayoría de las trabajadoras no cualificadas permanecen de por vida en esa escala, sin ninguna movilidad laboral que mejore sus condiciones.

Por otra parte, es importante para el funcionamiento del capitalismo imperialista la enorme fuerza laboral de mujeres inmigrantes, sometidas a los peores contratos, si tienen, muchas veces condicionados al chantaje de “los papeles” y las xenófobas y racistas leyes de extranjería, que conlleva a que se vean sometidas a enormes problemas para poder mantener su situación administrativa. Según cifras oficiales, aproximadamente la mitad de las mujeres afiliadas a la Seguridad Social que trabajan como empleadas del hogar y del cuidado son mujeres inmigrantes. Y además una gran parte de ellas en la economía sumergida u obligadas a ejercer trabajos tan esclavos como el de ’interna’, es decir viviendo en el mismo hogar para hacer todo: cuidar, lavar, limpiar o cocinar durante las 24 horas del día, toda la semana, con unos descansos irrisorios establecidos por ley -solo se permiten dos horas de descanso diarias y 36 horas semanales seguidas- que nunca se respetan. Según los datos oficiales, en el Estado Español actualmente hay alrededor de unas 700.000 empleadas del hogar, de las cuales aproximadamente unas 400.000, trabajan en este sector y están afiliadas a la Seguridad social. Y un 30% de las empleadas del hogar y del cuidado sigue sin tener cobertura social, pero seguramente son muchísimas más las que trabajan en negro y no aparecen en las estadísticas [14].

Por otro lado, las externalizaciones o ’outsourcing’, tanto en el sector privado como público, se han extendido exponencialmente en pos de mejorar “la eficacia, la especialización y la calidad”. Estas tres cualidades nunca cumplidas pretenden velar en qué se sostiene la verdadera rentabilidad de las empresas capitalistas: condiciones de trabajo de alta precariedad, elevadas tasas de temporalidad y rotación, subrogaciones de los contratos plenas de irregularidades, ritmos de trabajo altísimos, alta tasa de accidentes de trabajo, enfermedades no reconocidas como profesionales, salarios por debajo del mínimo interprofesional. Las empresas ’multiservicios’ (EMS) han entrado en auge a partir de la Reforma Laboral de 2012 del Partido Popular que ha modificado sustancialmente la negociación colectiva, dando prioridad a la aplicación de los convenios de empresa en detrimento de los convenios sectoriales. Un informe de UGT [15] da cuenta de la existencia de 273 convenios de EMS, afectando a más de 60.000 trabajadores y trabajadoras. La externalización ha crecido como un virus especialmente en sectores laborales femeninos. Servicios sociales, de limpieza en centros públicos como privados, de cocina y tiempo libre en los centros educativos, por sólo nombrar algunos. La lucha actual de Las Kellys, las que limpian los hoteles, o de las trabajadoras de Servicios Sociales, entre muchas otras, denuncian de manera rotunda esta situación.

La utopía de la “conciliación laboral y familiar”

Si la feminización del trabajo se acrecentó paralelamente al aumento de la precariedad laboral femenina, las tradicionales tareas de reproducción continuaron a cargo de las mujeres. Y a pesar de los nuevos avances técnicos como las lavadoras, hornos microondas o lavavajillas, estas tareas continuaron hasta la actualidad siendo una pesada carga para las mujeres trabajadoras, sin servicios de guarderías adecuados ni residencias para personas dependientes. Mientras tanto, las sucesivas crisis económicas se descargaron contra la clase trabajadora con recortes y privatizaciones de servicios sociales primordiales. La crisis del llamado Estado de bienestar en varios países de Europa ha llevado a un emplazamiento de cargas del Estado a los hogares, es decir del ámbito público al privado.

Decíamos que en actividades laborales vinculadas al cuidado de personas y del hogar, el 88,6% son realizadas por trabajadoras. Además, las mujeres en su conjunto, realicen o no otra actividad, dedican diariamente estas tareas dentro de sus hogares una media de 4 horas y 7 minutos, mientras que los hombres destinan 1 hora y 54 minutos. Muchas se ven obligadas a trabajar media jornada. Y más de un 25% de mujeres pierden su trabajo cuando están en situación de embarazo, según datos de estudio del Instituto de Política Familiar, ya que muchas empresas ejercen el llamado mobbing maternal para “invitarles” a que abandonen su puesto de trabajo. Se calcula que 9 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo acoso o presión al quedarse embarazada o pedir una reducción de jornada.

La “conciliación laboral y familiar” acaba siendo una utopía opacada por la doble carga del trabajo asalariado y el no remunerado de las tareas domésticas que, sino expulsan a las mujeres del mercado laboral, las someten a contratos de jornada parcial y a la precariedad.

Capitalismo y patriarcado: una alianza que las mujeres enfrentamos junto al conjunto de la clase trabajadora

“Esto es una guerra”, es el grito del movimiento de mujeres en las masivas manifestaciones. Y lo es, pero no contra los hombres. Es una verdadera declaración de guerra de los capitalistas, que las mujeres trabajadoras sólo podrán afrontar creando alianzas con el conjunto de la clase explotada. Y que el movimiento de mujeres y feminista tiene el reto de asumir, con una perspectiva lejos de lo individual o exclusivamente cultural. La cultura patriarcal no puede abstraerse del sistema que sostiene todas las desigualdades de género, de raza, que es el sistema de explotación capitalista bajo el cual es una utopía la ‘ampliación de derechos’ o una mayor ‘equidad de género’ cuando a nivel mundial, el 70% de las personas más pobres son mujeres y niñas. A la vez que la lucha contra las desigualdades y las múltiples violencias machistas, debe ser abrazada por todos los trabajadores y la juventud.

La ‘igualdad ante la ley’ no ‘implica igualdad ante la vida’ para la mayoría de las mujeres trabajadoras, inmigrantes, jóvenes, precarias, arrojadas a la discriminación y el acoso laboral, la precariedad laboral, los contratos de obra y servicio y externalizaciones. Por ello, durante las movilizaciones del 8M la demanda de derogar la reforma laboral ha sido muy proclamada. Para que se haga realidad “A igual trabajo, igual salario”, todas las trabajadoras deberían pasar a plantilla fija y se debería establecer la prohibición de los contratos temporales y las ETTs y la derogación de las Reformas laborales. Y no habrá nunca “conciliación” si no se aumenta los presupuestos que los tijeretazos han recortado en sanidad, educación y servicios públicos que lleva a que las cargas familiares y del hogar aumenten, de forma totalmente gratuita para los empresarios. si no se reduce la jornada laboral sin reducción del salario, o si no se socializan las tareas de cuidados y del hogar. Son ellos, los que roban todo nuestro tiempo, los que deberían garantizar guarderías gratuitas en todos los centros de trabajo. Y el Estado, en los centros de estudio y establecimientos laborales públicos, durante las 24 horas, así como residencias para personas dependientes gratuitas. Son ellos, los capitalistas, los que nos roban nuestro salario y nuestro tiempo, los que deberían pagar la crisis de sus propios bolsillos, y no de nuestras vidas.