El día de hoy, y sin dar aviso alguno ni siquiera a los impulsores de la Iniciativa Popular, la Comisión de Justicia votó en contra de la norma transitoria que proponía una amnistía a las y los presos políticos de la rebelión. Un gesto más de los constituyentes contra quienes fueron protagonistas de la rebelión popular.
Martes 10 de mayo de 2022
La Comisión de Justicia con 8 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones decidió rechazar dicha Iniciativa Popular. De esta forma 10 Convencionales pesaron más que las 17.500 firmas que reunió esta norma durante enero y le dieron un portazo en la cara a las familias, organizaciones y a los mismos presos políticos de la rebelión.
Es llamativo que desde la propia Convención Constitucional y de la Comisión en particular no se dignaron siquiera a avisar a los impulsores de la norma que dicha Iniciativa iba a ser votada el día de hoy, en un claro intento por no generar revuelo, probablemente previendo que generaría un amplio repudio en diferentes sectores. No querían pagar los costos políticos que significaba rechazar esta Iniciativa y traicionar a las familias de presos de la revuelta.
Hay que destacar el caso de Daniel Stingo, quien fue en lista con el Frente Amplio y con banderas del estallido social como candidato a la Convención y ahora en la comisión se abstuvo, voto clave que si hubiese sido favorable, habría permitido la aprobación de la norma. Su abstención permitió que la norma fuese rechazada.
Destacan también los convencionales del PS, Tomás Laibe y Andrés Cruz quienes votaron directamente en contra de la Iniciativa. La ex Concertación haciendo su trabajo de mantener la impunidad y la prisión política.
El abogado impulsor de la norma, Daniel Vargas, planteó que: “Este es un portazo de la comisión de justicia a las familias y a los presos políticos. Una muestra de que no podemos confiar en esta institucionalidad que le da la espalda al pueblo y le da la mano a los poderosos. Tenemos que buscar la coordinación y la unidad para retomar las calles y la fuerza de la movilización para conquistar la libertad de los presos políticos.”
¿Y el gobierno de Gabriel Boric?
Mientras tanto el gobierno de Boric se deshace en “gestos” e “invitaciones” a las familias y algunas de sus figuras dicen apoyar la Ley de Indulto, pero todo se queda en palabras y falsas buenas intenciones. Sintomático es el caso del Hotel Principado, que justamente el día de hoy se inició el nuevo juicio oral, y donde el Ministerio del Interior mantuvo sus abogados querellantes, es decir el nuevo gobierno se siguió haciendo parte de la querella.
Y esto al parecer será la tónica ya que lo mismo ocurrió en otras audiencias, como la sesión del día de ayer en el juicio del caso Universidad de Concepción donde, otra vez, el gobierno mantuvo las querellas e incluso a los mismos abogados querellantes que venían desde el Ministerio del Interior de Piñera.
Y por otro lado todavía no han impulsado ninguna medida para avanzar en el Indulto Presidencial para los presos políticos, manteniendo en vela a las familias, sabiendo que el gobierno tiene toda la información necesaria para llevar adelante esta medida.
Parece ser que el gobierno de Boric está más interesado en mostrar gestos concretos y fuertes desalojando a los subcontratistas de Enap, reprimiendo manifestaciones de estudiantes y entregando concesiones a los camioneros antes que en tomar medidas concretas a favor de los presos políticos de la rebelión.
Estas son muestras claras y evidentes de que con mayor razón que nunca el movimiento y la lucha por la libertad de los presos políticos de la rebelión y contra la represión debe tener total independencia de este gobierno y de la institucionalidad, confiando en las propias fuerzas y en la unidad de la lucha y de la acción para conquistar todas sus demandas.
