Crónica del debate durante las jornadas sobre los límites y oportunidades del institucionalismo para la transformación urbana, organizadas por la CUP, donde participaron Andrea D’Atri, Ivan Miró y Iolanda Fresnillo.

Tras los resultados electorales en Barcelona del pasado 26 de mayo que dejaron a la CUP - Capgirem Barcelona sin representación, desde el espacio anticapitalista se inició un proceso de debate tanto interno como externo con diferentes colectivos y activistas, que ha finalizado con el espacio Procés Vector Barcelona. En las jornadas de este sábado 25 de enero se debatió sobre los límites y oportunidades del institucionalismo para la transformación urbana.

Las últimas elecciones municipales dejaron un resultado negativo para las CUP - Capgirem Barcelona en la ciudad condal. Tras una campaña electoral que desde la formación anticapitalista valoraron positivamente, el resultado en las urnas no fue en la misma dirección y esta formación quedó sin representación en el consistorio de la capital catalana cuatro años después.

Tal y como expresan en un comunicado en su página web, tras el resultado obtenido se inició un proceso de reflexión y autocrítica interna. Este proceso busca discutir y debatir en torno a las acciones de la formación en estos últimos cuatro años tanto dentro como fuera del Ayuntamiento.

Este proceso de debate y reflexión entre la militancia también se ha trasladado a un diálogo con otros activistas, organizaciones y movimientos sociales. Es con la voluntad de articular todo este período de discusión que nace Procés Vector Barcelona. El objetivo, como señala la formación política, es que se puedan extraer lecciones y futuras líneas de actuación en los diferentes ámbitos donde participan.

Oportunidades y limitaciones del municipalismo para una transformación de la ciudad

Durante el sábado 25 de enero, tuvo lugar una nueva jornada de debate del Procés Vector Barcelona en el barrio de Sants. En esta ocasión, el “vector” que vertebraba la jornada era los límites y oportunidades de la participación en las instituciones para una transformación radical del espacio urbano.

El debate fue dirigido por Anna Saliente, que fuera candidata a la alcaldía de Barcelona por las CUP - Capgirem Barcelona. Ha contado con la participación en la mesa de Andrea D’Atri, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas de Argentina y fundadora de la organización de mujeres Pan y Rosas, Ivan Miró, sociólogo, cooperativista y experto en movimientos sociales y Iolanda Fresnillo, socióloga, activista e investigadora sobre deuda y políticas públicas.

El debate se articuló en torno a tres preguntas que los ponentes fueron respondiendo en sus intervenciones. ¿Cuál es la importancia que tiene para la transformación de la ciudad, en clave anticapitalista, una candidatura municipalista?, ¿cuál es la posibilidad de cambios y transformaciones social una vez dentro de las instituciones? y por último si el municipalismo de ruptura, ¿pacífica las calles o abre las puertas a la transformación?

La primera intervención fue de Andrea D’Atri que partió de la experiencia del Frente de Izquierda (FIT) en Argentina. D’Atri revalorizó los resultados obtenidos en las últimas elecciones argentinas del 2019 del FIT como una alternativa política de independencia de clase, en el marco de una fuerte polarización en las fuerzas mayoritarias, es decir, la del gobierno saliente de Macri y la del entrante gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Destacó cómo el Frente de Izquierdas en Argentina demostró que se pueden poner posiciones parlamentarias al servicio de la clase trabajadora y los movimientos sociales, en contraposición a las experiencias del neorreformismo en Grecia, con Syriza, y en el Estado español, con Podemos, donde pasaron de subordinar su acción al parlamentarismo hasta entrar en las esferas del poder ejecutivo.

Mantener el eje de gravedad en la lucha de clases y no en el parlamentarismo orienta la actividad del FIT, de modo que las posiciones parlamentarias sean usadas para la agitación revolucionaria, denunciar las maniobras de los adversarios y movilizar alrededor de determinadas ideas de masas.

Este uso de las posiciones parlamentarias lo ejemplificó D’Atri con la lucha contra la reforma de la ley de pensiones, en las luchas de distintos sectores del movimiento obrero contra despidos y cierres de empresas, como también por mejores condiciones de trabajo o aumento de salarios, en las lucha por el derecho al aborto de la marea verde, en las luchas antirrepresivas por el asesinato de jóvenes por parte de las fuerzas policiales como Santiago Maldonado y otros, o contra el extractivismo minero, etc.

Ivan Miró, por su parte, hizo eje en tres variantes teóricas del municipalismo y que entró en debate directo con la experiencia institucional de las CUP - Capgirem Barcelona. Miró primero apuntó al municipalismo liberal, centrado en la gestión de los intereses económicos de los diferentes lobbies económicos de la ciudad y como trampolín para carreras políticas. El segundo, el muncipalismo que definió como “simbólico” y relacionó con la acción de la formación anticapitalista. Y el tercer municipalismo que estaba por construir, aquel que apostaba por crear poder popular por fuera de las instituciones.

En lo referente al municipalismo “simbólico”, y que el sociólogo adjudicó a las CUP, Miró apuntó que mientras desde la calle, las asambleas y los movimientos sociales se apostaba por el modelo cooperativista, desde las posiciones institucionales se había jugado un rol contrario, apostando por la remunicipalización de diferentes sectores laborales, un proceso de estatización que acaba con un fortalecimiento precisamente de las instituciones.

En palabras de Miró, esta es una contradicción que vive en la CUP y que pudo ser un factor clave en la desafección por una parte de su electorado en las últimas elecciones. La alternativa a esta contradicción, Miró la sustenta en la tercera definición de municipalismo, el que está “por construir”.

Un municipalismo que entiende su acción como una reapropiación del espacio político y urbano, es decir, una reapropiación del espacio público en un sentido amplio. Debe priorizar, en primer lugar, la construcción de estructuras comunitarias y populares. En segundo lugar un municipalismo que tome la calle como espacio de creación de estructuras económicas, entendidas estas como relaciones cooperativistas, la colectivización del ámbito productivo, especialmente los de energía, transporte o alimentación. Y por último la potenciación en la creación de estructuras de debate, asambleas populares territoriales, sin estar supeditadas estas a las candidaturas.

Por otro lado, Iolanda Fresnillo se centró en destacar como las candidaturas municipalistas, una vez en las instituciones, favorecen tanto al desarrollo de estructuras de organización populares, como a hacer frente a amenazas como la extrema derecha.

Fresnillo apuntó en su intervención que en los últimos años han demostrado los límites de lo institucional para la transformación, pero a su vez ha abierto brechas que han permitido la implementación de demandas mínimas.

En este sentido la socióloga también señaló el riesgo de instalarse en ese posibilismo, en esas pequeñas victorias. Por último, incidió en la necesidad de democratizar las instituciones y sus procesos, de modo que estas permitan una mayor permeabilidad entre los movimientos sociales y los partidos políticos con representación institucional.

La ilusión de la democratización de las instituciones burguesas

Habiendo estado presente en el debate, quisiera aportar algunos elementos de reflexión en este artículo.

Durante el mismo, se expresó por parte de Fresnillo la necesidad de democratizar las instituciones, de modo que estas tuvieran más vínculo con los movimientos sociales u organizaciones populares de algún tipo.

No obstante, tal y como se ha demostrado a lo largo de los años, las posibilidades de democratizar las instituciones burguesas a través de ir introduciendo evolutivamente aspectos más democratizadores son nulas.

El aparato estatal, en sus diferentes niveles, desde el Ayuntamiento a la Presidencia del Gobierno, es un aparato de dominación de clase, que tras aspectos de democracia formal, que no duda en recortar cuando lo considera necesario, esconde en todo momento la represión y la burocracia.

Imaginar una alteración pacífica de esta estructura que en ciudades como Barcelona concentra los intereses políticos y económicos de la burguesía, es una quimera. Ninguna democratización de la vida social es posible sin un radical enfrentamiento con los poderes reales, los dueños del poder detrás de las cortinas.

La experiencia de proyectos como Barcelona en Comú han mostrado de forma nítida en el último periodo los límites insalvables para una transformación radical en clave transformadora y anticapitalista de la estrategia centrada exclusivamente en la obtención de posiciones institucionales.

Así lo han demostrado al estar de lado de la multinacional Movistar en el conflicto de los subcontratados, del lado de la patronal del comercio persiguiendo y reprimiendo a los manteros o manteniendo el sistema de externalización de servicios públicos en favor de multinacionales de servicios.

Cooperativismo y poder popular sin lucha política

El otro debate que cruzó la jornada, expresado por Miró, se centró en despojar a la estrategia municipalista de su papel en las instituciones, limitándose esta participación a ser una mera facilitadora para el desarrollo de un poder popular alternativo al institucional y al desarrollo, en términos productivos, del cooperativismo.

No obstante, plantear el modelo de cooperativismo ajeno a cualquier pelea contra las bases materiales del capitalismo, es decir, la propiedad privada de los medios de producción, es una utopía. En un mercado capitalista cada vez más feroz, tendiente al monopolio, donde grandes empresas capitalistas caen y desaparecen mientras otras se fortalecen, parece irreal pensar que las cooperativas tengan la capacidad de sobrevivir. Las medidas de autoprecarización son, en muchos casos, no el mecanismo de susbsistencia sino más bien el paso previo a su desaparición.

Es por ello que la estrategia del cooperativismo de pelear por ser un "espacio autogestionado fuera del capitalismo" no se sostiene en la realidad. Además le arrebata a la clase trabajadora la perspectiva de llevar adelante una organización más completa y avanzada de la producción. El cooperativismo lo define Ivan Miró en múltiples de sus artículos como "herramienta de retaguardia", pero en realidad incluso este aspecto “defensivo” es difícil de cumplirse en el marco de la feroz competencia capitalista. No hay más que ver la gran cantidad de cooperativas que actúan en el tercer sector y que acumulan tasas de precariedad y explotación de sus trabajadores (cooperativistas y más aún asalariados) elevadísimas.

Frente a esta visión, luchar los la nacionalización (o municipalización en este caso) bajo el control y la gestión obrera de la producción plantea una alternativa mucho más expansiva y progresiva para la clase trabajadora. Levantar esta alternativa es pelear por la expropiación de los medios de producción al capitalista, sin pago, sin hacerse cargo de la deuda. Medidas que impidan desde el inicio que el trabajador se vea en la presión de la "autoexplotación".

Instituciones, lucha de clases y parlamentarismo revolucionario

La dialéctica planteada en esta jornada de debate del Procés Vector Barcelona entre la participación en las instituciones y la relación con la lucha de clases, es un debate que ha recorrido el marxismo revolucionario desde finales del siglo XIX. Desde que Lenin y Rosa Luxemburg criticaran a Alexandre Millerand, dirigente del Partido Socialista francés, su integración en el gobierno de René Waldeck-Rousseau como ministro de Comercio, Industria y Trabajo.

Frente a esta cuestión central los marxistas revolucionarios han participado y participamos de los parlamentos burgueses pero no de los gobiernos de ningún tipo y bajo ninguna responsabilidad, estableciendo una diferencia fundamental entre el poder legislativo y el ejecutivo.

El parlamento es elegido por sufragio universal (sin entrar en este punto del debate en las limitaciones de todo tipo que impone la democracia formal burguesa) y es por lo tanto relativamente representativo de la voluntad de la clase trabajadora, aunque la propia democracia burguesa impide por todas las vías que esa voluntad se haga efectiva. Por contra el Gobierno, el poder ejecutivo, es el encargado de imponer las leyes y gestionar las políticas capitalistas, las mismas que perpetúan la desigualdad y precarizan cada vez más la vida de millones de trabajadores y trabajadoras.

La actividad parlamentaria para los revolucionarios debe estar subordinada a la acción extraparlamentaria de sectores de masas, manteniendo el centro de gravedad en la lucha de clases y no en la actividad parlamentaria, donde los mecanismos de dominación de clase impiden cualquier tipo de transformación profunda y real.

Solo bajo esta perspectiva la intervención en las instituciones puede cumplir un verdadero papel transformador, cumpliendo el rol de agitador y propagandista del programa revolucionario, anticapitalista y socialista con la perspectiva de un gobierno obrero y popular, en ruptura total con el Estado de los capitalistas.