Las declaraciones, recién abiertas al público, de los militares de Iguala no aportan a la investigación del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Será que el Estado está tratando de encubrir a los verdaderos culpables?
Sábado 3 de octubre de 2015
El pasado 1° de octubre se dieron a conocer las declaraciones de los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, revelando su participación, al menos en la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa.
La información emitida por la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Seguridad y Policía Federal –que forma parte del expediente sobre el caso Ayotzinapa que recientemente integró la PGR– revela que los militares participaron en la búsqueda de los estudiantes por órdenes directas de sus respectivos mandos.
El delegado de la PGR en Chilpancigo, cuyo nombre fue borrado, confirmó ante el ministerio público que, como parte de las acciones para combatir la delincuencia, la ciudad de Iguala se había sectorizado en ocho partes de las que militares y marinos custodiaban 6 y 2 respectivamente. Declaró que además vigilaron las entradas y salidas de Iguala desde la madrugada del 27 de septiembre. A pesar de ello, ninguno declara haber detectado rastro alguno de los 43 normalistas desaparecidos.
El 3 de diciembre de 2014, entre las 8 y las 22 horas, los integrantes del 27 Batallón de Infantería, 14 elementos en total, declararon ante el personal de la SEIDO acerca de los recorridos realizados entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014:
Uno de los testigos, un militar que regularmente realiza labores de albañilería y vigilancia con más de 10 años en las fuerzas armadas, declara haber sido despertado para acompañar a los otros 13 militares a realizar patrullajes a la ciudad de Iguala.
Otro militar dio testimonio que a las 22 horas su comandante le dijo que se alistara, porque “un grupo de manifestantes en la parte del centro están siendo agredidos y hay otra agresión”.
De acuerdo con los datos, las agresiones se trataban del primer ataque entre policías de Iguala e integrantes de “Guerreros Unidos” contra los normalistas cerca del Palacio de Justicia. Declaró que el 27 de septiembre, es decir: “el segundo día nos dimos a la tarea de buscar a los estudiantes, ya que fue orden general para todo el batallón, por lo que fuimos a dar rondines en la ciudad en búsqueda de estas personas. El tercer día los policías estatales dijeron que habían encontrado unas fosas, por lo que nos ordenaron que diéramos seguridad perimetral”.
Un tercer soldado refirió que los integrantes del 27 Batallón acudieron al hospital Cristina porque recibieron un reporte acerca de que en el lugar había gente armada. Cuando llegaron al nosocomio gritó, siguiendo los protocolos: “¡Ejército Mexicano!”. Entonces un hombre se asomó con las manos en alto y dijo: “somos estudiantes de Ayotzinapa”.
Agregó que no se realizaron revisiones corporales a ninguna de las aproximadamente 25 personas que allí estaban. Se recabaron fotografías de los estudiantes cuando estaban sentados, las cuales están en el archivo del 27 Batallón. El militar no pudo precisar si las imágenes fueron realizadas con cámara profesional o con un celular, pero dijo que la imagen tomada era grupal, no individual. Sostuvo que el día 26 les ordenaron a todos los miembros de ese grupo salir a patrullar a la salida a Iguala sin tener enfrentamientos con los estudiantes de Ayotzinapa.
Las declaraciones aquí mencionadas no aportan nada para la localización de los estudiantes desaparecidos ni ofrecen pistas acerca de los verdaderos responsables de su desaparición. A lo mucho, dejan ver que el despliegue de fuerzas armadas en Iguala no sirve para lo que se supone que está, para brindar seguridad a la población.
Sin embargo, la operación de la justicia de los ricos, empresarios y políticos, es dejar impunes a los militares. Ya que el ejército es una institución creada para reprimir a los que protestan en contra del orden establecido, además de asegurar que dicho orden se mantenga, como lo demuestran las declaraciones de Peña Nieto y del General Cienfuegos con respecto a garantizar la aplicación de las reformas (ver enlace).
El ejército tiene las manos manchadas de sangre: Tlatelolco, donde cientos de jóvenes murieron a manos del batallón Olimpia; Tlatlaya, donde 22 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en manos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); en Calera desaparecieron a 7 jóvenes jornaleros, que fueron encontrados sin vida y con signos de tortura. El Ejército y la Marina dispararon contra indígenas de la comunidad de Ostula, donde asesinaron a cuatro de sus integrantes, entre ellos un niño de 12 años, y Ayotzinapa, implicados en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, entre los casos que podemos nombrar.
Es por ello que la participación del Batallón 27 de Infantería de Iguala está en el ojo de la tormenta.
Las declaraciones no revierten las sospechas acerca de la participación de las fuerzas armadas del Estado en la desaparición de los normalistas, y el hecho de haberlas mantenido tanto tiempo ocultas de la vista del público, sólo logra levantar más sospechas en contra del Estado al que responsabilizamos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de los que exigimos su aparición con vida, así como hace falta exigir el alto a la militarización y la disolución de todos los cuerpos represivos del Estado.
Con información de La Jornada.
