Recién se promulgó la ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) para la entidad, sin embargo esta será construida desde arriba sin el concurso de trabajadores y el pueblo.
Jueves 20 de julio de 2017
El sistema funcionará a través de tres organismos: el Comité de Participación Social, el Comité Coordinador y la Secretaría Ejecutiva del sistema Anticorrupción.
En primer lugar, para la creación del Comité de Participación Social sería el propio congreso del estado quien designará la comisión de selección y convocatoria, así como la designación de la misma. Es decir, serán las instituciones educativas y de investigación quienes propongan candidatos pero en ningún lado estipula que tales candidatos deberán emanar de la amplia base estudiantil o docentes y trabajadores.
La imperante burocracia en la Universidad de Guadalajara (UdeG) nos da una idea de cómo sería este proceso: por arriba de toda participación de la comunidad universitaria.
En el Comité Coordinador encargado de vincular el impulso de este sistema a nivel federal con el estatal, será conformado por un representante del Comité de Participación Social, los titulares de la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, Contraloría del Estado, un representante de la Judicatura Estatal, el presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Información Pública y Protección de Satos Personales y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.
Es decir, pretenden que confiemos en los mismos que callaron ante el cuestionamiento de desvío de recursos destinados a combatir la violencia de género; los mismos que no han explicado el endeudamiento del sistema de transporte urbano sin importar el riesgo que corren cientos de familias de perder su ingreso.
Decirnos que se puede solucionar la corrupción destinando más recursos e infraestructura a las instituciones que hoy avalan la precarización, la represión y los jugosos negocios capitalistas es un vil engaño.
Contra la corrupción que se acaben los privilegios
La corrupción en intrínseca de un sistema de gobierno que sirve para los ricos y empresarios, además de sus exorbitantes salarios y prestaciones, tanto funcionarios como diputados y senadores son recompensados por dar facilidades como terrenos y condonar impuestos como en el caso de las maquilas electrónicas.
Liquidar los privilegios de los altos funcionarios es una propuesta que buscar golpear la relación que hay entre los funcionarios y los empresarios, y pone en cuestión la misma existencia de la “casta política”.
Un paso en la lucha por derrocar el sistema capitalista, que engendra la corrupción propia de esa casta parásita al servicio de los empresarios. Que todo funcionario gane igual que una maestra, no más privilegios para los políticos al servicio de los empresarios.
