Los asesinos del comunero, un terrateniente y dos expolicías del Comando Atila, siguen en libertad. La comunidad Chuschugasta viene reclamando que la Corte Suprema deje firme la sentencia.
Juan Lobo @CanisLupus1917
Viernes 31 de julio de 2020 16:00
Fotografía: Bruno Cerimele.
Tras una docena de jornadas de asamblea permanente, la comunidad perteneciente al Pueblo Nación Diaguita, reivindica lo actuado, que permitió dar visibilidad a la situación de impunidad con que gozan los asesinos de su dirigente Javier Chocobar y heridos otros dos importantes miembros de la comunidad. El video del brutal ataque está subido a YouTube. Dando lugar a planteos dilatorios y con la excusa de la pandemia, se dejó en libertad a los tres responsables del asesinato, el empresario Darío Luis Amin y los ex policías Luis Humberto “el niño” Gómez y José Eduardo Valdiviezo. Los Chuschagasta denuncian a una Justicia y un Estado que con un criterio reaccionario, beneficia a los responsables y exigen que dejen firme la sentencia en su contra.
Ni desde la Justicia ni desde el Estado se acercaron en estos 12 días de actividades, radios abiertas, festivales interculturales para darles una respuesta u oír sus demandas. Sí lo hicieron organizaciones de DDHH, sociales, políticas, artistas y vecinos a dar el apoyo aliento y respaldar su pedido de justicia y por sus derechos ancestrales.
La Justicia solo acusó recibo del pedido y no tiene ningún plazo para que el juez que falta de su voto acerca de si dejar o no firme la sentencia de un crimen aberrante, que hasta fue filmado. La Corte Suprema es una institución reaccionaria, puesta y adicta a los poderes de turno, salpicada por numerosos escándalos, falla rápidamente a favor del Gobierno y los empresarios. Pero es sorda ante el reclamo de una comunidad originaria que esperó 10 años por un juicio y ahora tiene a los asesinos en libertad. El relator del Juez de la sala 4 es un terrateniente actualmente en conflicto con Los Tolombón, otra comunidad originaria del NOA.
La Izquierda Diario dialogó con Ismael y Audolio Chocobar (hijo de Javier y presente en el ataque de 2009). “Esta situación es muy compleja no tuvimos ninguna respuesta de la Corte, la decisión es seguir haciendo acciones cada vez más fuertes para tener una respuesta favorable. Nos tocó a nuestra generación vivir este ataque y nosotros tenemos esa suerte funesta de tener un video, pero esto pasa todo el tiempo en todo el país”, afirmaron.
“No estamos en la agenda de ningún organismo. Movimos recursos nos organizamos para que se expidan desde los organismos nacionales. Si hablamos de la provincia, por acá no pasó nadie. Ni el INADI ni el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). No nos dan respuesta, no queremos alimentos queremos una respuesta. Eso es un déficit histórico, creímos que en este tiempo iba a ser diferente y lo que estamos viendo es que no es así. Esta oportunidad que tuvimos de pasar 12 días en este lugar nos ha fortalecido al interior pero también ha generado las redes con diferentes organismos sociales que están acá, con vecinos, organizaciones políticas”, destacaron.
El acampe se levantó provisoriamente ante el crecimiento de casos de contagio de coronavirus pero el reclamo de justicia por Chocobar sigue.
