Derechos Humanos. Keiko Fujimori sigue justificando las esterilizaciones forzadas

Recordemos que el 1 de octubre del 2015, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, exdictador, que fue sentenciado por delitos de lesa humanidad, se presentó ante un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Harvard para exponer su propuesta de plan de Gobierno camino a las elecciones del año 2016 en Perú. La lideresa del fujimorismo se mostró con una postura moderada incluso reconociendo los “errores” del Gobierno de su padre.

En dicha ocasión una estudiante le preguntó sobre las esterilizaciones forzadas a mujeres de las zonas rurales de Perú durante el Gobierno de su padre a lo que ella respondió que se trató de un moderno y exitoso programa de salud y planificación familiar impulsado por su progenitor, en el cual las esterilizaciones forzadas sólo fueron casos aislados productos de las malas praxis de algunos médicos que tenían la responsabilidad de implementarlo: “Este programa, tenía como objetivo empoderar a las familias... sobre todo a las mujeres de poder decidir cuándo y cuántos hijos tener, era un programa absolutamente voluntario…”.

Hasta la fecha, el fujimorismo, a través de Keiko Fujimori, no ha aceptado, ni ha hecho mea culpa sobre lo ocurrido, por el contrario, lo han negado permanentemente, y últimamente, Keiko, en un intento de restarle importancia, ratificó lo dicho en 2015, expresando nuevamente que las esterilizaciones forzadas se trataban de casos aislados y que obedecían a las políticas de planificación familiar. Esto se contrapone a las diversas pruebas y testimonios que los incriminan con estos crímenes que violentaron los derechos humanos y hasta la actualidad ha generado consecuencias en las víctimas y sus familias. Al parecer, Fujimori Higuchi, olvidó preguntarle a las 272.028 mujeres y hombres que fueron esterilizados entre los años 1996 y 2001, cómo fue el proceso y cómo éste impactó en sus vidas.

En la provincia de Huacabamba, la región norteña de Piura, se encuentran documentadas cientos de denuncias de las víctimas de este “exitoso” programa e incluso de los médicos forzados a realizar estas prácticas. En la zona también hay información específica de los “Festivales de Salud”, actividades asolapadas de esterilizaciones compulsivas en los cuales se realizaba esta práctica con objetivos numéricos específicos.

A pesar del control de los medios de comunicación por parte de la dictadura fujimorista en los años 90, las voces de cientos de mujeres víctimas de este proceso, no han quedado en el olvido, han sido grabadas y transcritas por organizaciones de mujeres feministas y de derechos humanos para que se les haga justicia y se logren reparaciones integrales a miles de vidas alteradas por intervenciones que no contaban con planificación, consentimiento claro, ni medios adecuados para llevar a cabo dichas prácticas, como detallan a una sola voz las mujeres de diversos caseríos de la provincia de Huancabamba.

Este es el testimonio de una de las víctimas (Proyecto Quipu):

Yo vivo en el caserío de Cascapampa. En el año 95 vino una comisión de Lima con unas enfermeras, me decían que tenía hartos hijos, que qué iba a hacer con ellos, que había una ley para no tener tantos hijos, que aprovechemos la operación que era gratis, que nos iban a dar medicinas , alimentos y que si no nos operaban no nos iban a dar alimentos. Nos dijeron que era un pequeño corte, que no íbamos a sentir nada (e) íbamos a tener relaciones con nuestro esposo la siguiente semana, nos insistieron los enfermeros, nos buscaban como si fuéramos delincuentes. Al final nos hemos reunido más de 100 mujeres en el policlínico y de ahí nos tenían aprisionadas, no nos dejaban salir prácticamente como animalitos. Me subieron a la cama, agarraron de a cuatro, dos de las piernas y dos de los brazos, me pusieron una inyección y no me acuerdo, me desperté con dolor abajo… Otras lloraban con el dolor, no nos daban nada, nos decían ya ahorita se levantan y se van a su casa, sin tratamiento, sin ayuda, sin nada. (Los de la posta) nos obligaron, como fuimos débiles, analfabetas, no supimos qué hacer. Ahora estamos enfermas no podemos trabajar, hacer nada, aquí en el campo el trabajo es fuerte, hay que cargar cosas, hay que hacer cosas que yo ya no puedo hacer. Pedimos justicia señor, que se nos haga justicia señor y reparación para nuestras vidas.

Por seguir mencionando pruebas, a unas horas de Huancabamba, en la capital de la región Piura, se encuentra la denuncia de 12 médicos contra el Ministerio de Salud por conminarlos a operar a 60 mujeres por día en condiciones infrahumanas. Hubiera sido sencillo que ella conversara con uno de los autores de la denuncia, el doctor anestesiólogo Rogelio del Carmen, para que le muestre el oficio del 2 de julio del año 95 donde se le ordenó realizar 250 esterilizaciones denominadas AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria), durante los días 15 y 18 del mismo mes, en la primera “Campaña de Salud” que se realizó en el marco del programa de Planificación Familiar.

“La jefatura del citado programa (de esterilizaciones masivas) ha previsto de manera unilateral, compulsiva y sin diagnóstico situacional de infraestructura y capacidad logística, la exigencia de atender un mínimo de 20 personas y un promedio máximo de 60 personas por día”, señaló uno de los galenos. La denuncia causó tal polémica que a los pocos días se dieron cita en Piura directores regionales de salud de la zona norte del país y el entonces ministro del área, Marino Costa Bauer. Era la primera vez que una denuncia de este tipo salía a la luz, ni la iglesia ni los medios de comunicación se habían pronunciado sobre el tema, sólo este grupo de médicos que lejos de ser escuchados por sus jefes inmediatos fueron cuestionados o se les ofreció apoyo legal por si surgían inconvenientes con las beneficiarias. Del Carmen recuerda lo siguiente:

Yo le dije (al ministro) que respetaba al presidente Alberto Fujimori, pero creía que no sabía nada acerca de esto (las esterilizaciones masivas), de esta metodología infrahumana que exigía a tantos médicos a operar a las personas como si fueran animales. (...) Pero me equivoqué. Poco tiempo después me di cuenta que era obvio, que era lógico y razonable que el presidente Fujimori estaba al tanto de todo.

A este grupo de galenos se les dejó fuera del programa, se convocó a mayor cantidad de personal pero no fue a especialistas sino a promotores que se dedicaban a captar y perseguir beneficiarias, se aumentó el presupuesto, pero no para sensibilización y educación adecuada sobre métodos de planificación, menos aún para las herramientas y medicinas para las atenciones, el dinero fue destinado a bonos de productividad para postas que realizaban una mayor cantidad de AQV, es decir, esterilizaciones forzadas.

Las voces de la sierra de Huancabamba, de la ciudad de Piura en nada difieren de otros rincones del país, la situación ha sido la misma mujeres de zonas rurales con bajos niveles de educación, esterilizadas a través del chantaje y desconocimiento. Las repercusiones para este grupo han sido de diferente índole, desde la salud mermada por malas intervenciones quirúrgicas, su desempeño en el trabajo, su vida familiar y hasta como este grupo de mujeres fue afectada en su relación con su medio social, los casos de abandono por parte del esposo o de una condición espuria han sido un común denominador en mujeres esterilizadas pertenecientes a zonas rurales altoandinas.

A fines del año 2016 el caso de esterilizaciones forzadas fue archivado por la fiscal Marcela Gutiérrez, liberando de todo tipo de responsabilidad al exdictador Alberto Fujimori y sus ministros de salud en los años en que se ejecutó este carnicero programa.

En la actualidad, son 1312 las víctimas de las esterilizaciones forzadas que se encuentran en un proceso penal contra del ex presidente Alberto Fujimori, seis ministros de salud y otros, por delitos en contexto a graves violaciones a derechos humanos como fueron las esterilizaciones forzadas, donde todas han mostrado y expresado su disconformidad con el método que se les practicó, por diferentes vulneraciones. Las agraviadas y sus familias se encuentran en la espera que el juez tome una decisión basada en los hechos reales y los testimonios de las víctimas y así continuar el camino hacia la verdad, justicia y reparación integral.

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