Al mediodía de este 3 de octubre, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú, declaró fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori, el mismo que fuera dado por Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre del 2017. En horas de la tarde y para evitar su encarcelamiento, el ex dictador se internó en la clínica Centenario de Jesús María, hasta donde se apersono la policía judicial para verificar su estado de salud.
Jueves 4 de octubre de 2018 11:21
Este fallo, que obliga a que el ex dictador acusado de crímenes de lesa humanidad vuelva a prisión, se da en el marco del proceso de recomposición de la institucionalidad burguesa que viene implementando el presidente Martín Vizcarra a través del referéndum para reformar la Constitución de 1993. Éste tiene como objetivo parar el descontento social motivado por la corrupción enquistada en los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y sacar de la escena la lucha contra el régimen político que fue impuesto en 1993 por el mismo Fujimori.
La vocación autoritaria del bloque parlamentario fujimorista, sumado al legado de corrupción institucionalizada dejado por el gobierno de Alberto Fujimori en la década del 90, han llevado a que un sector importante del pueblo trabajador desarrolle un sentimiento anti fujimorista muy fuerte. Por eso, cuando Kuczynski indultó a Alberto Fujimori se desató una ola de movilizaciones en todo el país que actualizaron la crisis del régimen político que anteriormente se abrió cuando salieron a la luz las declaraciones de Marcelo Odebrecht que ponían en evidencia la vinculación de varios presidentes de la república, alcaldes, gobiernos regionales y altos funcionarios del Estado a la red de corrupción que promovía la empresa constructora brasileña.
Esto llevó a que el fujimorismo se convierta en un obstáculo para la gran burguesía nacional y extranjera ya que no les aseguraba la gobernabilidad necesaria para poder aplicar sus planes de ajuste, sino todo lo contrario, se convirtió en una fuente de desestabilización permanente que con su presencia y sus modales reaccionarios y delincuenciales enardecía el descontento de las masas. Por esa razón, los grandes medios de comunicación escrita, televisiva y radial que responden a los intereses de los grupos de poder económico, pasaron a ser agudos críticos de este sector político al cual habían tratado con guante de seda hace un tiempo atrás.
A partir de entonces, el cuestionamiento social al fujimorismo y al gobierno de Kuczynski se fue haciendo masivo, alcanzando al conjunto de la institucionalidad burguesa. Esto llevó a que se empiece a hablar de la necesidad de una Asamblea Constituyente. Para acabar con esa bronca social y cerrar la crisis por arriba, la burguesía no dudó en deshacerse de PPK, lo cual llevó a la asunción de su vice presidente Martín Vizcarra. Con Vizcarra en la presidencia ingresamos a un periodo de recomposición del régimen del 93, como parte de una estrategia disuasiva, cuyo objetivo es descomprimir la conflictividad social.
Ejemplo de esto, lo vimos cuando estalló la crisis provocada por los audios que comprometían con hechos de corrupción a los funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura, a jueces, fiscales, congresistas y empresarios nacionales, la cual ratificaba el grado de descomposición del estado, sin embargo, el gobierno la sorteo hábilmente haciendo un llamado a reformar las instituciones cuestionadas vía referéndum, elevando con ello significativamente su popularidad y la legitimidad del ejecutivo.
El Fujimorismo, a pesar de estar golpeado, respondió valiéndose del fiscal de la Nación Pedro Chavarry, al cual – como lo demostraron los audios en cuestión – ellos colocaron en ese cargo precisamente para que se convierta en su escudero legal. Por eso Pedro Chavarry desde la fiscalía de la nación se ha convertido en el principal enemigo del presidente Vizcarra al cual hace poco amenazó con investigar por las 46 denuncias que existen en su contra.
Vistas las cosas desde esta perspectiva que refleja la lucha entre dos facciones de la burguesía; una en crisis (fujimorismo) y otra en asenso (el sector encabezado por Vizcarra), nos parece que el fallo del poder judicial que obliga a que Alberto Fujimori vuelva a prisión, lo cual es correcto ya que él es responsable de delitos de lesa humanidad, responde al cálculo político de las clases dominantes y a la necesidad que tienen éstas de recuperar cuanto antes la legitimidad de un régimen que hace agua por todos lados. Para ello, lo que buscan y necesitan es empoderar a las instituciones, mostrarlas eficaces y severas ante el pueblo trabajador que ha perdido la confianza en ellas, y qué mejor que hacerlo encarcelando a quien concentra las críticas de todos los sectores sociales.
De no mediar un nuevo escándalo que comprometa fuertemente al presidente de la república o al poder judicial, este hecho contribuiría a amenguar el impacto de la crisis política del régimen, allanando asi el camino para un recambio presidencial ordenado el 2021. Esto sin embargo no significa que más adelante no se desarrollen nuevas convulsiones sociales como consecuencia de la desaceleración económica.
