Las residencias fueron uno de los lugares más afectados por la pandemia. A la situación vulnerable producto de la edad y el estado de salud, se sumó la desidia capitalista y de la inoperancia de los diferentes gobiernos que no tomaron ninguna medida frente a la dramática situación.
Lunes 17 de enero de 2022
Ya hace más de un mes que llevamos inmersos en la llamada sexta ola de la COVID-19. Caracterizada por el predominio de la variante Omicron, esta nueva ola muestra menos mortalidad, pero los contagios aumentan de forma exponencial. Las campañas de vacunación del pasado año junto con el comienzo de la vacunación a menores y las dosis de refuerzo han permitido que los síntomas de la enfermedad sean, en la mayoría de los casos, leves.
Esto se ve reflejado en las residencias de mayores donde a pesar de los nuevos brotes la mortalidad no se acerca a la que se veía el inicio de la pandemia. Sin embargo la situación que preocupa ahora es la de los servicios de estos centros ya que debido al aumento de contagios entre el personal las bajas laborales dejan mermadas las plantillas que deben hacerse cargo de todos los residentes.
Familiares y trabajadores vienen denunciando desde principios de la pandemia la precaria situación en la que se encuentran los centros, mientras que las administraciones se negaban a intervenir en el sector privado.
La crisis de cuidados pone en jaque la reproducción de la vida. Su organización empresarial considera los cuerpos ancianos como descartables, aprovechándose de una mano de obra precaria, poco valorada socialmente y desprotegida por el recorte continuado de recursos.
El último escándalo ha sido destapado en la residencia de mayores A Raiola en Santiago de Compostela, que actualmente es la residencia con mayor porcentaje de contagios del país.
En ella se encuentran casi el total de los internos contagiados (34 de 39) y ocho de las catorce trabajadoras de baja por la enfermedad. Sin ningún tipo de reemplazo ni refuerzo la situación de las personas dependientes se vuelve desesperante. Necesidades básicas desatendidas y aumento del riesgo de desarrollar nuevas enfermedades. Desde la dirección del centro se resta importancia a la situación alegando que no se ha llegado a hacer uso de los servicios sanitarios externos al centro y desde la Xunta se considera que la situación no es preocupante dado que la mayoría de personas con la enfermedad no muestran síntomas.
Las asociaciones de familiares de residentes señalan que no es el estado clínico lo que preocupa sino la constante falta de personal. Mientras tanto, Servicios Asistenciales Riazor, propietarios de la residencia, presumen por sus servicios y modelo de gestión.
Tras casi dos años de pandemia y de las indignantes situaciones que se vivieron en los centros de mayores, la situación actual demuestra aún más la persistente ineficacia de sus responsables.
Tras casi dos años desde el inicio de la pandemia el panorama para las familias respecto al crimen social ocurrido en las residencias por la Covid 19 es desolador: riadas de sobreseimientos judiciales y bloqueos a prácticamente la totalidad de las comisiones de investigación parlamentarias.
La gestión criminal llevada a cabo por estas empresas que prestan servicios de cuidados cuenta con la complicidad de las administraciones, ya que ambos no dudan en poner en riesgo la salud y la vida de las personas a costa de mantener sus beneficios económicos.
