Macri firmó un decreto en el cual se “excusa” de intervenir en toda cuestión relacionada con el Correo Argentino “en tanto sus familiares mantengan sus participaciones” en la firma, delegando la responsabilidad en Gabriela Michetti. Su familia pretende mayores beneficios para la deuda millonaria que mantiene con el Estado desde hace 17 años.
Juan Manuel Astiazarán @juanmastiazaran
Jueves 4 de octubre de 2018 12:45
El conflicto de intereses es un hit repetido en el Gobierno de Mauricio Macri, con casos en donde el propio presidente se encuentra involucrado. Así ocurre con el Correo Argentino y la millonaria deuda que arrastra con el Estado desde el año 2001. Es por eso que este jueves se conoció el decreto 882/2018, con el cual Macri busca mostrarse ajeno y se “excusa” de cualquier nueva resolución que deba tomarse con respecto a la firma. Para eso, delega la responsabilidad en su vicepresidenta, Gabriela Michetti.
En los considerandos, el presidente afirma como una de las razones para tomar la medida que “constituye un objetivo primordial del Gobierno Nacional el fortalecimiento de los pilares básicos del sistema republicano y la confianza de los ciudadanos en las instituciones”. Y agrega: “Razones de decoro, delicadeza y transparencia en el ejercicio de la función pública resultan el fundamento pertinente para proceder a mi excusación en la intervención que pudiera corresponderme respecto de cualquier asunto relacionado con la mencionada empresa”.
Un ataque de decoro repentino, teniendo en cuenta todos los intentos por favorecer a su familia durante los tres años que lleva en la presidencia.
¿ Pero cuál sería la intervención que podría corresponderle y de la que se excusa el presidente?
En 2017 se abrió una causa penal en la que se encuentran imputados Macri, el actual ministro de Defensa Oscar Aguad y el funcionario Juan Manuel Mocoroa. Pero también se abrieron dos expedientes administrativos: uno en la Oficina Anticorrupción y otro en la Procuración del Tesoro.
El motivo es el escandaloso acuerdo registrado a mediados del 2016 entre el Correo Argentino y el Gobierno, que implicaba una quita del 98,82 % del total de la deuda cuando finalizara de pagarse la última cuota en el año 2033. En total, la familia Macri se ahorraba unos 70.000 millones de pesos, según la proyección. El cálculo había sido realizado por la Procuración y, en aquel entonces, la fiscal Boquin había considerado a la propuesta como “abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional” y explicaba que la empresa “se benefició con un estado de ‘eterno’ concurso y logró suspender por más de 15 años el pago a sus acreedores”.
A pesar del enorme beneficio que recibía la familia Macri gracias al acuerdo entre el Correo y el Ejecutivo, tanto la OA que conduce Laura Alonso como la Procuración del Tesoro concluyeron en que no hubo irregularidades. Sin embargo, la resolución de esta última fue apelada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y esa apelación debía ser resuelta por Macri según establece la ley.
Historia de una estafa
El Grupo Macri obtuvo la concesión del Correo Argentino en 1997. En el año 2000 dejaron de pagar el canon semestral al Estado y las inversiones que estipulaba el contrato a realizar por la firma. En septiembre del 2001 entró en concurso de acreedores por acumular una deuda de $ 900 millones (cuando un peso valía un dólar), de los cuales $ 296 correspondían al concepto del canon que habían dejado de pagar. Sin embargo, ese mismo año el registro indica que las empresas del Grupo Macri fugaron U$S 58 millones al exterior. En noviembre de 2003 se rescindió la concesión con el Estado y en diciembre el juez Eduardo Favier Dubois dictó la quiebra de la firma. A pesar de eso, el clan Macri consiguió que los directivos de su grupo siguieran ocupando sus puestos y que empresas vinculadas a su grupo presten servicios para el Correo como empresas tercerizadas.
Desde el año 2003, Correo Argentino S.A. realizó distintas propuestas de pago a sus acreedores que fueron rechazadas hasta que en junio de 2016 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia de la empresa con los acreedores para lograr un acuerdo: tras una primera oferta rechazada, los representantes del Estado terminaron aceptando una segunda propuesta.
La misma establecía el pago de “el 100% del capital verificado” (en referencia a los $296 millones), en “15 cuotas anuales y consecutivas” a pagar desde fines de 2017. El mismo finalizaba recién en el año 2033 y, sumando capital e intereses, el monto ascendía apenas $ 555 millones.
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Tras el dictamen de la fiscal de la Procuración objetando el acuerdo, el subsecretario de Regulación del Ministerio de Comunicaciones de la Nación, Oscar González, argumentó que, “según la Ley de Concursos y Quiebras, el inicio de un concurso preventivo suspende los intereses de cualquier deuda anterior”. Es decir que para el Gobierno, los intereses registrados desde el momento en que la empresa entró en concurso de acreedores (septiembre de 2001) no deben ser tenidos en cuenta.
Pero eso no es todo. Dos semanas antes de la audiencia de junio de 2016 donde se alcanzó un acuerdo con el Gobierno, el Correo había presentado una denuncia contra el Estado. En ella, la compañía que pertenece a la familia del presidente reclamó $2.300 millones más intereses, en concepto de “indemnización” por falta de pago por las inversiones realizadas durante la concesión.
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A mediados de este año, la empresa de los Macri volvió a hacer una nueva propuesta de pago. La oferta de base fue prácticamente calcada a la presentada el 28 de junio de 2016 a lo que se sumó "una mejora de plazo y monto" y un "reconocimiento adicional". El monto de ese "adicional" propuesto sería de $ 1.700 millones pero con una condición: el pago tendrá lugar sólo si Correo Argentino S.A. recibe una indemnización por parte del Estado y una quita del 30 % sobre el capital y los intereses. El caso debía resolverse en septiembre pasado pero las juezas María Lilia Gomez Alonso y Matilde Ballerini otorgaron una prórroga de 10 meses más.
En ese marco, este jueves 4 de octubre aparece el decreto del presidente donde asegura que se “excusará” ante cualquier nueva resolución en el caso, despegándose de antemano por futuras medidas favorables a su familia. Un gesto para maquillar las maniobras y mostrar una supuesta “transparencia”, en una causa que de transparente no tiene nada.
