A 60 años. La huelga ferroviaria contra el gobierno de Frondizi

En su discurso del 1° de mayo de 1961 el presidente Frondizi decía: “la solución del (…) enorme déficit fiscal radica en gran parte en la solución (…) de los transportes. Porque es cierto que debemos levantar la mitad de las vías ferroviarias. Con ello y con la eliminación del personal superfluo nos acercaríamos rápidamente al equilibrio procurado”.

El plan económico del gobierno, basado en el proyecto que se denominó “desarrollismo”, se sostenía en la apertura de la economía al capital extranjero. El capital norteamericano necesitaba del desarrollo de la industria automotriz y el frondizismo le allanaría el camino con su ofensiva contra el sistema ferroviario.

La eliminación de conquistas obreras para atraer capitales venía siendo un objetivo del régimen inaugurado por el golpe de 1955 que derrocó a Perón, desatando el proceso de la Resistencia protagonizada por los trabajadores del que los ferroviarios fueron parte.

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El ataque contra los ferrocarriles y la respuesta de los trabajadores

El decreto 4.061 dictado por Frondizi congelaba el déficit ferroviario, condicionaba los aumentos salariales a las subas de las tarifas, suprimía 4.000 kms de vías, ramales e instalaciones y propugnaba la privatización de servicios y entrega de los talleres de la empresa estatal ferroviaria. El ministro de Hacienda Álvaro Alsogaray viajó a los Estados Unidos para acordar la llegada del general Thomas Larkin a la Argentina, para realizar un estudio de los transportes, por cuenta del Banco Mundial, así surgió el denominado Plan Larkin.

Los trabajadores ferroviarios desarrollaron una serie de reclamos y medidas de fuerza desde el inicio de la presidencia de Frondizi, por la reincorporación de obreros cesanteados, en defensa de los convenios colectivos vigentes y por aumentos salariales.

Finalmente, el 30 de octubre de 1961, tanto la Unión Ferroviaria como La Fraternidad iniciaron una huelga por tiempo indefinido, que se prolongaría por 42 días. El gobierno procuró cubrir servicios de emergencia convocando a personal policial y de gendarmería y ofreció pagos extras a foguistas y maquinistas para que trabajasen durante los días de paro, pero los obreros no respondieron al llamado a pesar de sus bajos salarios. La mayoría de los trabajadores ignoraron el llamado a presentarse al trabajo, y quienes por distintos motivos eran obligados a prestar servicio, eran liberados por los “comandos de rescate”.

El paro fue acompañado por asambleas, manifestaciones, piquetes, actos de sabotaje y atentados contra vagones y vías del ferrocarril. El gobierno respondió con la represión. Fueron numerosos los obreros detenidos y los allanamientos de locales sindicales y casas de trabajadores. La CGT decretó un paro nacional de 72 horas para los días 7, 8 y 9 de noviembre, que tuvo gran acatamiento en todo el país.

El Gobierno accedió a negociar debido a las pérdidas económicas que ocasionaba el conflicto y las presiones de los ámbitos económicos y financieros. Por su parte, las direcciones sindicales buscaban terminar con el conflicto: “los compañeros observaban que Scipione [dirigente de la Unión Ferroviaria] (…) tenían muchas ganas de terminar la huelga así como estaban las cosas, sin muchas exigencias” (1), sin embargo, “los trabajadores tomaron la protesta en sus manos, se dedicaron a formar distintas comisiones (solidaridad, difusión y prensa, búsqueda de alimentos, seguridad) que permitieron extender durante más de cuarenta días la medida de fuerza” (2).

La acción de la burocracia sindical y el fin de la huelga

Las organizaciones sindicales adoptaron desde el comienzo una posición conciliadora frente al plan. En enero de 1961, Frondizi se había comprometido a dar participación a los gremios en los planes de “reestructuración” de las empresas públicas –ferrocarriles, teléfonos, electricidad, obras sanitarias-, y las direcciones de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad se mantuvieron a la expectativa.

Desatada la huelga, la dirigencia sindical ferroviaria se puso al frente, pero intentó mantener el diálogo con el gobierno y cuando éste lo rompe, inició conversaciones con la Iglesia a través del arzobispo de La Plata, Antonio Plaza, declarando casi constantemente que “un acuerdo era inminente”.

El 10 de diciembre se llegó a un arreglo que suspendía hasta el 31 de marzo de 1962 la aplicación de las normas que habían modificado el régimen laboral para ser revisadas por un nuevo directorio en el que participaban dos miembros propuestos por los dirigentes sindicales. Este también debía considerar la clausura de ramales cuando no hubiera razones de “antieconomicidad”.

No solo se mantenía la perspectiva del cierre de ramales, sino que un centenar de ferroviarios permanecieron detenidos, cerca de 3.000 trabajadores fueron cesanteados y se levantaron cientos de kilómetros de vías. El resultado de la lucha generó un gran descontento en la base de los trabajadores ferroviarios. Si bien el Plan Larkin no fue aplicado en su totalidad y se frenó el proceso privatizador, se pudo avanzar en parte del plan racionalizador.

La Resistencia obrera y los objetivos de la burguesía

 
Tras el fin de la huelga el gobierno llamó a elecciones para renovación de legisladores y elección de gobernadores que dieron el triunfo al peronismo en varias provincias profundizando la crisis del régimen y reforzando los cuestionamientos militares al gobierno de Frondizi que resultarán en su reemplazo por José María Guido.

La crisis de dominación de la burguesía recorrió toda la etapa abierta tras el golpe de 1955. La Resistencia obrera actuó en esta crisis obstaculizando los intentos por resolverla al tiempo que limitando los alcances de la ofensiva burguesa contra los trabajadores.
 
La huelga ferroviaria de 1961 puso de manifiesto muchos de estos elementos. Los trabajadores no enfrentaron pasivamente el ataque del gobierno, por el contrario, desarrollaron múltiples iniciativas en el marco de una huelga de más de 40 días, demostrando en su transcurso la vigencia de muchas de las mejores tradiciones del movimiento obrero. Sin embargo, sus direcciones mostraron en esta lucha una de las más nefastas tradiciones de las que la burocracia sindical peronista es su máxima expresión: pelear para negociar con el Estado en vez de tratar de dotar a la lucha de una perspectiva para triunfar.

Las direcciones sindicales ferroviarias se vieron impulsadas a llevar a delante la huelga en el contexto del brutal ataque del gobierno radical. Sin embargo, intentaron antes la negociación y no abandonaron este objetivo incluso durante la huelga y en el marco de la represión estatal, cediendo finalmente sin lograr derrotar al gobierno y permitiendo así la continuidad de la política del gobierno de entrega del país al imperialismo.
 
Sacar las lecciones de estas experiencias es clave hoy para preparar la respuesta obrera y popular frente a los ataques de la burguesía. La historia está repleta de ejemplos de crisis burguesas en donde la respuesta que el movimiento obrero no pudo dar –pese a la heroicidad y abnegación desplegadas y al no derrotar la política de conciliación de clases de las burocracias sindicales y la negociación con las patronales y el Estado-, habilitó una salida de las clases dominantes que significó un grado mayor de entrega de la nación y de empeoramiento de las condiciones de explotación para los trabajadores.

Notas:

1. J. C. Cena, El guardapalabras. (Memorias de un ferroviario). Bs. As., La Rosa Blindada, 1998, citado en Gabriela Scodeller, “La huelga ferroviaria de 1961 en la provincia de Mendoza”.
2. Alejandro Schneider, Los compañeros, Trabajadores, izquierda y peronismo, 1955-1973, Bs. As., Imago Mundi, 2006.