Los legisladores del Frente de Izquierda, Mailé Rodriguez Ábalo y Lautaro Jimenez presentaron un proyecto de Ley en la Legislatura para establecer un aumento de emergencia y que ningún empleado público de la provincia quede por debajo de la línea de pobreza.
Lunes 22 de febrero de 2021 19:40
El pasado 17 de febrero la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas dependiente del Ministerio de Economía publicó un comunicado de prensa señalando el cálculo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Total (CBT). La CBT para una familia tipo 2, escaló a $50.295,07. Los hogares que cuenten con un ingreso menor al valor de la CBT se consideran pobres. Los legisladores del Frente de Izquierda, Mailé Rodriguez Ábalo y Lautaro Jimenez presentaron un proyecto de Ley en la Legislatura mendocina para establecer un aumento de emergencia y que ningún empleado público de la provincia quede por debajo de la línea de pobreza.
La diputada del FIT, Mailé Rodriguez Ábalo, señaló que “enfermeras y profesionales de la Salud que se encuentran precarizadas, reclaman por sueldos de 26.000 pesos que no les alcanza para llegar a fin de mes. La misma situación se presenta en el sector educativo donde una docente está cobrando $28.860 pesos y un celador $21.497. La realidad de los empleados públicos es opuesta a la de los funcionarios políticos y judiciales que tiene sueldos que van de los 200.000 a los 500.000 pesos, un privilegio completamente inaceptable. Hay que invertir las prioridades, terminar con los privilegios políticos y subir el sueldo de los trabajadores para que puedan cubrir los costos de la canasta familiar”.
El senador Lautaro Jimenez explicó que “como ha señalado el Centro de Investigaciones en Economía Crítica de Mendoza, el gobierno de Rodolfo Suárez logró en el 2020 incrementar la recaudación provincial, concentrar fondos y pagar vencimientos de la deuda pública provincial a pesar de la crisis, a partir de cerrar las paritarias por decreto y congelar los sueldos. En Octubre había alcanzado un superávit acumulado de $10.700 millones. A partir de Julio los ingresos corrientes superaron la inflación interanual en un 14,4%. Pero en el 2020 el gobierno redujo las erogaciones destinadas tanto a los salarios de sus trabajadores como a partidas específicas de educación. El ejecutivo contaba con $6.376 millones para afrontar incrementos salariales en el 2020, pero se negó sistemáticamente a brindar cualquier tipo de aumento. Decidió también unilateralmente retrasar el pago del aguinaldo, sin pagar por ello ningún tipo de interés o indexación frente a un contexto inflacionario. Al mismo tiempo se redujeron partidas destinadas a educación, como subsidios al transporte, combustible y calefacción, entre otros, alcanzando una suma anual de 253 millones de pesos, que no fueron aportados ni al acompañamiento de la virtualidad educativa ni a la refacción de escuelas para una próxima vuelta a las aulas. No es cierto que no hayan recursos, el problema es que se destinan al pago de la deuda fraudulenta y a subsidiar empresarios millonarios”.
En este mismo sentido, el Diputado Nacional del PTS-FIT, Nicolás del Caño, presentó un proyecto de Ley en el Congreso Nacional para establecer un aumento de emergencia que eleve a $50.000 el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que incluye a los trabajadores del ámbito privado, activos y jubilados, un IFE de $ 40.000 para los que se quedaron sin empleo y aumento de los diversos programas sociales, como los que asisten a las fábricas recuperadas; abolición del impuesto a las ganancias sobre asalariados y jubilados.
La izquierda plantea que es necesario pelear contra el techo salarial y recuperar lo perdido bajo la administración de Mauricio Macri y el primer año de gobierno de Fernández. Señalan que una apertura de los registros contables y de los movimientos bancarios de las empresas sería una medida esencial para conocer el verdadero estado de las ganancias empresarias. Y que abriría el camino para un verdadero control de precios llevado adelante por comités de trabajadores y consumidores sobre todas las cadenas de productos esenciales, desde la producción, distribución hasta la venta en grandes supermercados. La pelea contra la remarcación permanente debe estar unida a la defensa del poder de compra del salario y, más en general, de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
En este sentido, el proyecto de Ley de elevación del salario mínimo de la administración pública provincial a al costo de la Canasta Familiar, es una medida de emergencia y es también parte de un conjunto de medidas propuestas como un aporte a la lucha y la organización de la clase trabajadora y los sectores populares que es el único camino para que la crisis actual la paguen los que la generaron: los banqueros, los terratenientes y los grandes empresarios.
