La ley de amnistía, la ofensiva de la derecha y la restauración “progresista”

El PSOE presentó el martes en el Congreso la proposición de ley orgánica de amnistía. Una ley que pese a su parcialidad (deja fuera a miles activistas en todo el Estado español encausados estos últimos años), incluiría a los dirigentes del independentismo y a cientos de imputados por el procés, por lo que ha puesto en pie de guerra a gran parte de la judicatura, los cuerpos policiales o los empresarios. Queda por ver cómo lo afronta el Rey Felipe VI que abogó durante el procés por el “a por ellos”. Lo que está claro es que bloque de la derecha se prepara para atacar la amnistía por tierra, mar y aire para hacerla inaplicable y tratar de derribar al Gobierno de Sánchez.

La proposición de ley orgánica fue registrada ante el Congreso de los Diputados exclusivamente por el PSOE, pese a que su intención era que fuera suscrita por todas las fuerzas políticas que van a apoyar la investidura de Sánchez, con la excepción de Coalición Canaria, que no apoyaba la ley. La futura, según se conocer en su redacción actual, propone amnistiar los delitos relacionados con el procés desde 2012 hasta el día 13 de noviembre de 2023, con algunas excepciones. Incluyendo como posibles beneficiarios aproximadamente a un total de 309 encausados y también a 73 policías culpables de actos de represión.

La propuesta de ley se ha tramitado por la vía de urgencia, para que los plazos para su aprobación se vieran reducidos a la mitad. Aunque el PP, con su mayoría absoluta en el Senado, acaba de reformar el reglamento de la cámara para alargar el proceso todo lo posible.

Por otra parte, una vez entre en vigor la ley de amnistía se esperan recursos legales de todo tipo contra ella, incluido el de inconstitucionalidad, que tendrá que dirimir el Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que actualmente cuenta con una holgada mayoría de jueces progresistas, por lo que es de esperar que tumbe uno a uno todos los recursos interpuestos por el PP y los órganos judiciales que van a emprender la guerra judicial. Si bien todo es posible, dado que muchos jueces y fiscales considerados progresistas de diferentes asociaciones ya se han mostrado en contra de la ley, algo que también podría ocurrir en el Tribunal Constitucional. Pero el ridículo para Pedro Sánchez sería mayúsculo si no tuviera más o menos atado el apoyo del Tribunal Constitucional, puesto que su legislatura sería flor de un día si no consiguen terminar aplicando la ley de amnistía.

Ahora bien, la reacción no se hizo esperar ante el anuncio de la amnistía, con múltiples manifestaciones de las derechas en las calles durante este último período, algunas de ellas protagonizadas por grupos reaccionarios y fascistas.

Además, se multiplican los comunicados seudogolpistas realizados por algunas asociaciones de la policía y la Guardia Civil. Y el propio Tribunal Supremo ha lanzado un comunicado para exigir públicamente “absoluto respeto” a la división de poderes y que se garantice la independencia judicial ante la ley de amnistía. Dando aire a la idea de que la amnistía como tal pone en solfa la separación de poderes y menoscaba la independencia judicial.

Un poder judicial que en los últimos tiempos no ha cesado de intervenir directamente sobre las competencias del poder legislativo y el ejecutivo, tanto en Catalunya durante el procés como con los intentos de desatascar el Consejo General del Poder Judicial, que se mantiene a ultranza sin renovarse después de caducar su período legal de existencia.

Por su parte, la patronal a través de la CEOE también se ha manifestado en contra de la ley hablando en un comunicado de inseguridad jurídica. Los sindicatos, por el contrario, mantienen su mutismo más allá de algún comentario sobre la huelga convocada por el sindicato de Vox.

¿Qué dice el proyecto de ley de amnistía?

Según el proyecto de ley presentado, quedarán amnistíados los delitos de malversación, terrorismo, así como desórdenes públicos relacionados con el procés. También a "quienes hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables de las conductas" relacionadas con el procés. Y entrarán en la amnistía delitos de usurpación de funciones públicas y los de desobediencia, desórdenes públicos, y atentado y resistencia a la autoridad.

Ahora bien, primer lugar, esta ley de amnistía deja en la estacada vergonzosamente a multitud de luchadores y activistas que a raíz de la crisis de 2008 y consecuencia del endurecimiento penal y legal llevado a cabo por los gobiernos del PP de Rajoy (mantenido por el Gobierno “progresista” del PSOE y Unidas Podemos) han sido encausados injustamente por luchar. Nos referimos a miles de activistas en lucha contra los desahucios, a encausados por intervenir en piquetes en huelgas generales o por manifestar opiniones contra la monarquía. Y recordemos que la represión se incrementó no solo con la “ley mordaza” sino también con el endurecimiento del código penal llevado adelante por este gobierno. Miles y miles de casas que quedan por fuera de la ley de amnistía, ya que no ha interesado hacerlo ni al PSOE ni a Sumar, ni a Podemos, ni tampoco a Junts, ni Esquerra.

En cambio, todos han acordado incluir en la amnistía a los policías que fueron imputados por denuncias de brutales represiones. Añadiendo, por si no quedara claro, un texto muy significativo a este respecto en la exposición de motivos de la ley: “En ningún caso implica la criminalización de los funcionarios que intervinieron en defensa del orden público, pues la presunción de inocencia es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico. Lejos de ello persigue aliviar la situación procesal de los encausados”. Es decir, un reconocimiento general a la actuación policial implementada y desarrollada por la policía, cuando las imágenes mostraron la brutal intervención policial durante los días álgidos del procés. De nuevo, queda claro dónde se posicionan el PSOE y sus aliados del Gobierno “progresista”.

Otro aspecto importante del proyecto de ley es incluirá a los delitos de terrorismo relacionados con el procés, si estos no tienen “sentencia firme”. Pero esa condicionalidad deja la puerta abierta para que, ante una demora de la ley, queden fuera más casos relacionados con el procés, especialmente en lo que hace a los CDR.

En el caso del Tsunami Democratic que intervinieron en acciones como la ocupación del aeropuerto del Prat, ya se ha visto el intento de la judicatura de bloquear la amnistía, adjudicándoles a los manifestantes la responsabilidad por la muerte de una persona que se encontraba muy lejos del lugar de los hechos y que falleció de causas naturales.

Más en general, la propuesta de ley orgánica de amnistía presentada no solo es parcial, sino que en sus fundamentos se ha licuado considerablemente respecto del documento que recogía el acuerdo con Junts, en aquellos aspectos más espinosos para el PSOE y el Gobierno de coalición con Sumar. De ahí que no haya aparecido la firma de ningún otro grupo político catalán con los que se ha negociado la norma. Se ha sacado de su contenido todo lo que insinuaba en el documento firmado con Junts que el Estado español había cometido un atropello legal y democrático al procés con la represión desarrollada ante el intento de llevar a la práctica el derecho de autodeterminación de Catalunya. Quedando fuera la posibilidad de investigar casos de lawfare (persecución judicial por razones políticas) desde el Parlamento, algo que levantó mucha oposición en el estamento judicial incluyendo al sector progresista. Es decir, con la ley propuesta de amnistía se ha remarcado más la senda política a seguir del autonomismo, abandonando más claramente la vía independentista.

Es decir, una ley de amnistía planteada en gran medida descafeinada y que se ha puesto en marcha sobre la base de la derrota del procés y el intento de enterrar por todo un período las ansias del pueblo catalán por su derecho a la autodeterminación, un derecho democrático elemental. Colofón no solo de la represión del régimen del 78 sino también de la política de conciliación de clases de los partidos independentistas que dirigieron el procés.

Se trata, por lo tanto, de un intento de “restauración progresista” del régimen político monárquico y centralizador, ahora con el acuerdo de los partidos catalanes. Ante esto, sin embargo, la derecha sigue creciendo y busca petardear la ley de amnistía y la futura legislatura “progresista”. La derecha busca ocupar las calles y hasta VOX habla de “huelga general” contra la amnistía. Mientras que la izquierda política institucional o sindical se mantiene en la pasividad absoluta, sin mover un pelo por defender su propia ley. Un panorama que hace crecer a la derecha y anuncia un comienzo de legislatura bastante convulsivo.

Como planteábamos recientemente en la declaración de la CRT ante el acuerdo entre PSOE y Junts:

Frente a la disputa entre estas dos versiones de restauración del Régimen del 78, el que fue cuestionado por el 15M y el movimiento democrático catalán, es necesario retomar la lucha por terminar con él por medio de la movilización obrera y popular. Para abrir verdaderos procesos constituyentes en los que poder resolver estas demandas y decidirlo absolutamente todo. Para acabar con la Corona, la reaccionaria casta judicial y poder avanzar sobre los privilegios y beneficios de los grandes capitalistas, en la perspectiva de conquistar una federación de repúblicas socialistas, en la que gobernemos las y los trabajadores.