Represión. La militarización del país y los llamados al “diálogo” de Maduro

En el marco de la militarización del país, el ministro de Defensa, Padrino López, anunció un despliegue los días 22 y 23 de enero con el supuesto fin de hacer "inexpugnables" las ciudades y fronteras del país, ante las "amenazas y agresiones" dentro y fuera del territorio nacional, un “ejercicio popular-militar-policial se ejecutará con un nivel superlativo en lo estratégico, operacional y táctico”. Enfatizó que se pondrán en práctica "operaciones que garanticen la defensa militar y el orden interno del país, asegurando el funcionamiento de los servicios básicos y la seguridad de instalaciones estratégicas".

Es más que sabido que estos despliegues militares y de los cuerpos represivos del Estado llegan para quedarse, avanzando en la militarización del país y en el mayor control policial-militar que ha venido funcionando como un despliegue disuasivo armado que ensaya el gobierno desde hace un par de meses en las calles, acentuándose semanas antes de su asunción fraudulenta el pasado 10 de enero. Maduro quiere seguir demostrando que tiene el control militar y de la situación política del país.

Las Fuerzas Armadas realizan este gran despliegue nacional junto a todos los cuerpos represivos del Estado como la temida DGCIM (contrainteligencia militar), la Guardia Nacional y la Policía Nacional, y cuando habla que lo hace “junto al pueblo”, no se trata más que grupos parapoliciales y otros civiles armados. Una vez más se pone en el primer plano a la corporación militar y policial, con la disuasión, contención y represión, ante el vacío de apoyo popular, a sabiendas que están atornillados en el poder gracias al estamento militar.

Entre más está vaciado de apoyo, más es el entroncamiento del aparato represivo para sustentarse. Por eso la represión no cesa, y las detenciones por razones políticas no han parado, que se suman a los más de mil quinientos presos. En los días previos de la imposición del nuevo mandato de Maduro, varios dirigentes sindicales y trabajadores activistas fueron detenidos, así como dirigentes políticos, entre ellos Juan Valor, ex dirigente sindical de Sidor, Enrique Márquez, del partido Centrados, y el hostigamiento por funcionarios policiales a dirigentes como Juan Barreto, como también María Alejandra Díaz.

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A la par de esta militarización y tras su asunción blindada Maduro ha realizado sus llamados al diálogo “nacional” a sectores políticos y económicos del país, como parte de un libreto que ya es crónico cada vez que refuerza su carácter autoritario y represivo, y más aún ahora, luego de la imposición de su gobierno de facto. Incluso ya ha anunciado la celebración de diez elecciones y “consultas populares” y hasta un proceso constituyente, pero eso sí, con aquellos que lo reconozcan como “legítimo” gobierno del país.

Una convocatoria a “todos los sectores económicos, políticos e ideológicos, culturales y sociales del país a un gran diálogo incluyente”. Un primer encuentro se realizó el pasado martes 14 de enero en la Asamblea Nacional, donde se reunió un grupo de partidos políticos con la Comisión Especial para la Revisión de las Normas y Leyes sobre los Procesos Electorales y los Partidos Políticos, “con el objetivo de establecer las fechas, procesos y escenarios de los comicios de 2025”.

Se trata de un paquete ya previamente anunciado por Maduro, de la realización de un total de diez procesos electorales, entre ellos un referéndum constitucional, comicios legislativos, elecciones de autoridades municipales y de “seis consultas populares nacionales”. partidos de la oposición patronal que colaboracionista con el gobierno, que cohabita subordinada al PSUV y le avala la casi totalidad de sus actuaciones -incluyendo la represión política y la política económica totalmente favorable a los intereses del capital-, muchos de los cuales vienen de ser intervenidos judicialmente por el Ejecutivo Nacional. Se sabe que el cronograma de las mismas ya está definido, siempre a conveniencia del gobierno.

Tras su imposición fraudulenta y el asentamiento de su régimen dictatorial estas convocatorias no se tratan más que un intento de lavado de cara, difícil de sostener. Este mismo 21 de enero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que definió la fecha de convocatoria de la primera de las tres elecciones que deben realizarse en 2025, aunque no definió si serían las regionales, municipales o parlamentarias. No es casualidad que hayan decidido separar los comicios regionales y municipales que ya lo había también anunciado Maduro que a él “le gustarían así”, que por lo general se convocan en un mismo proceso. Se trata de mantener un ambiente electoral durante todo el año.

Faltan los encuentros con los sectores económicos, en el marco de los llamados cinco diálogos. De allí ya se sabe también lo que saldrá, y no será otra cosa que la continuidad de la aplicación de los severos planes económicos que se han venido aplicando contra el pueblo, y a favor de garantizar las ganancias de las grandes cámaras empresariales e incluso de las transnacionales. Este diálogo no se ha convocado aún, a la espera de cuáles serán las medidas hacia Venezuela del gobierno de Trump que acaba de asumir este 20 de enero, si avanzará en más sanciones económicas como la suspensión de las licencias a las grandes petroleras estadounidenses como la Chevron, pero también las europeas, como la Repsol, entre otras.

En un país militarizado y un régimen de gobierno fraudulento nada puede esperarse de estos diálogos. Por su parte María Corina Machado ha vuelto a su incansable llamado a los militares para que le saquen el apoyo a Maduro, siempre el apelo al ruido de los sables. Como hemos dicho, se trata de otro de los bandos reaccionarios, con sus planes agresivos económicos capitalistas, que ahora sientan sus esperanzas con la llegada de Trump a la Casa Blanca, y atienda a sus llamados intervencionistas.

Ante este escenario es necesaria una perspectiva política propia como clase, una política ante la cuestión democrática y ante los problemas sociales y nacionales, que exprese independencia política de la clase trabajadora, que plantee un programa desde los intereses de las y los trabajadores. Evitar que nuestra clase solo tenga como alternativas políticas aquellas que expresan los intereses de clase de quienes nos pisotean, de los grandes capitales de cualquier origen geográfico y de los ricos de este país, sean los nuevos o los de vieja data. Somos acérrimos antiimperialistas, por eso hemos rechazado siempre y seguimos rechazando las sanciones imperialistas, la confiscación de bienes y toda agresión o amenaza imperialista.

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