MÉXICO. La nota escrita con sangre: el asesinato de periodistas

Según diversos analistas del gremio, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, lo cual está directamente relacionado con el aumento de la violencia y la “lucha contra el narcotráfico”.

Hasta inicios del año pasado, el 88% de los crímenes contra periodistas seguía sin ser investigado. Desde el año 2000 hasta septiembre del 2014 han sido asesinados 202 reporteros, comunicadores y blogueros, entre otros. El balance implica a cárteles del narcotráfico y otros grupos criminales, así como a militares y policías. Tan solo el año pasado fueron asesinados 3 periodistas y más de 18 secuestrados. En el último mes se destaca el asesinato de la reportera Jazmín Martínez Sánchez en Nayarit y el secuestro y asesinato de José Moisés Sánchez Cerezo en Veracruz. Los estados con más incidencia son Coahuila, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero.

Es un hecho aberrante el asesinato de periodistas, comunicólogos, twitteros u otras personas dedicadas a la labor informativa. Para algunas personas, puede ser un número más dentro de la naturalización de los homicidios y la profunda violencia, responsabilidad de los partidos e instituciones de este régimen político. Sin embargo, esto no es una cosa fortuita resultado de los riesgos que implica cubrir la “nota”, sino que tiene que ver -como han denunciado en los últimos años los propios miembros del gremio y activistas de medios alternativos- con un silenciamiento de las voces que desentrañan la profunda red de corrupción y ligazón entre el narcotráfico, funcionarios públicos y las mismas fuerzas armadas, así como anular a los desalineados a la política oficial, como en los viejos tiempos del priato.

Otros crímenes guardan relación con la opinión crítica respecto de los gobiernos en turno, federales o locales, así como por darle voz a las comunidades cuyos derechos son avasallados y a los luchadores sociales y populares. Tal es el caso del asesinato de periodistas en el estado de Veracruz que a la fecha siguen sin investigarse, donde según las mismas denuncias de periodistas hay una aquiescencia del propio gobernador priísta Javier Duarte.

Los sucesos son lamentables, la situación destaca por la violación constante a los derechos humanos de periodistas, desde la libertad de expresión hasta su labor de investigación e información.

Esta violencia contra periodistas es una de las consecuencias del capitalismo más degradado y decadente que padecemos en el país, combinada con la violencia institucional de los gobiernos y cuerpos de seguridad y el crimen organizado que ha penetrado a sectores importantes del Estado. Pensar lo contrario sería ignorar los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa y la innumerable cantidad de denuncias de amenazas de muerte a los miembros de este gremio o comunicadores en redes sociales.

La impunidad de estos crímenes también afecta a las miles de voces de descontento que claman justicia contra este gobierno asesino, y se suma a los impunes asesinatos a luchadores sociales, mujeres, indígenas, campesinos, estudiantes y profesores. Ante eso, es fundamental que las organizaciones obreras, populares y de derechos humanos tomemos en nuestras manos la lucha contra los asesinatos a periodistas.