Ponencia presentada en la mesa "Estrategias a debate en un mundo en crisis" en la IV Conferencia Internacional Marxista Feminista.

Me referiré a la rebelión chilena, dando cuenta de algunos elementos para comprender su génesis, carácter disruptivo y la potencia que desplegó. Abordaré la reflexión incorporando como actor social al movimiento de mujeres, ya que resulta muy difícil pensar la lucha de clases en Chile como un fenómeno desligado de dicho movimiento.

La revuelta en Chile se da en el marco del incremento de luchas en todo el planeta, posterior a la crisis capitalista del 2008, con grandes movilizaciones en diversos lugares del globo; fue una respuesta frente a la creciente pauperización de la vida, que chocaba con el discurso oficial de ser un país en vías de desarrollo: el oasis de Latinoamérica.

Durante los 90’s, hubo una estabilidad relativa de los gobiernos, mediante el perfeccionamiento del sistema económico heredado de Pinochet, y su profundización, por parte de uno de los conglomerados políticos más importantes de la época, la ex Concertación. Este grupo unifica en su momento a la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical Social Demócrata.

Estos partidos, oposición a la dictadura, se dedicaron a administrar el orden que impusieron a punta de fuego y fusil los militares y sus aliados civiles de extrema derecha: un sistema neoliberal con lógica de Estado subsidiario donde los derechos más básicos, como la salud o la educación son considerados bienes de consumo.

El movimiento estudiantil irrumpe el 2006 y 2011, permitiendo una apertura a nuevos cuestionamientos. El 2011, bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera, las y los estudiantes ponen en tela de juicio la Educación de Mercado, denunciando el desmantelamiento de la educación pública, y exigiendo que la educación sea gratuita en todos sus niveles.

Estas manifestaciones de la juventud incorporan al debate educativo la situación de las mujeres y las disidencias. Levantamos Secretarías de Género en los espacios educativos -y lo digo en plural, porque soy parte de esa generación estudiantil- sacando la discusión feminista de lo académico para incluirla en la discusión política. Impulsamos espacios de auto-organización, y el Encuentro por una Educación No Sexista el 2014. Desde el 2012, cobran también mayor fuerza las protestas de la población LGTBIQ+ contra la discriminación y los crímenes de odio.

El movimiento estudiantil habilita una serie de luchas posteriores: la entrada de los “movimientos sociales”. Activa luchas obreras: desde el 2011 al 2014 se desarrollan más huelgas en el país que durante todos los años 90.

Posterior al 2011, comienza a configurarse una nueva fuerza en el escenario chileno, marcado desde el regreso a la democracia por la política de los acuerdos entre los dos principales conglomerados: La derecha, herederos del pinochetismo, y la ex Concertación. Esta nueva fuerza es el Frente Amplio, quienes se identifican en el campo antineoliberal.

El 2015 y 2016 se produjo un movimiento internacional que sacó la violencia machista de lo privado y lo convirtió en un problema social, insinuando su carácter estructural en el capitalismo patriarcal y racista: NiunaMenos, que impacta Chile. Se intensifican las marchas, y el surgimiento de coordinadoras, encuentros, mesas de discusión, etc.

Decanta en el mayo feminista del 2018, paralelo a la marea verde argentina. Este movimiento, denunciaba la violencia machista y la discriminación en los espacios educativos; instaló a niveles de masas la crítica al machismo, abriendo las puertas a muchas compañeras a la vida política, lo que significó también un incremento de participación femenina en los sindicatos y espacios de organización estudiantiles.

El mayo feminista obligó a los partidos a tomar las demandas de las mujeres. El Frente Amplio toma estas banderas para presionar a las instituciones y conseguir algunos derechos, en la medida de lo posible. Se abre entonces la primera brecha en el movimiento de mujeres post-dictadura.

Primero, por cómo abordar el problema de la violencia machista. Algunas planteamos que la violencia machista es la regla y no la excepción; que funciona como un engranaje más del sistema, y que a la par de desarrollar políticas preventivas y con centro en las víctimas, es necesario pelear contra el conjunto de condiciones que habilitan, validan y reproducen la opresión. Otras planteaban la necesidad de recrudecer las medidas judiciales contra los victimarios, y muchas adoptaron lo que es conocido mundialmente como la política de la cancelación.

Segundo, el debate de los derechos sexuales y reproductivos: quienes íbamos por el aborto legal, libre, seguro y gratuito en base a nuestra movilización, tomando el ejemplo de Argentina, y quienes, como el Partido Comunista y el Frente Amplio, abogaban por movilizaciones de presión para la despenalización del aborto, una modificación al código penal que no garantiza el acceso al procedimiento, sino exclusivamente la no persecución policial. Excusándose en las limitaciones que actualmente tiene el congreso chileno para modificar el presupuesto nacional. Se comienzan a diferenciar más claramente dos formas de entender la lucha.

A fines del 2018, el Estado Chileno asesina al líder mapuche Camilo Catrillanca, ocasionando protestas a nivel nacional y debilitando al segundo gobierno de Piñera. El movimiento de mujeres y disidencias, bajo la dirección de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, incorpora en sus reivindicaciones, demandas de las mujeres trabajadoras, del pueblo mapuche, de las migrantes.

La Huelga Feminista del 8M en 2019 fue masiva en todo el país. Hacia mediados de 2019, salen nuevamente a luchar las y los docentes y trabajadores de la educación. En esta pelea, la cuestión de género no sólo estuvo presente por la composición feminizada del sector educativo: una de las principales demandas de la movilización fue la brecha salarial entre hombres y mujeres. Se movilizaron también las y los estudiantes secundarios contra la Ley Aula Segura, que buscaba criminalizar a la juventud.

Hacia octubre, el gobierno anunció una nueva alza -de 30 pesos- en el pasaje del metro. Las y los estudiantes secundarios organizan evasiones masivas en las estaciones de la red, escapan de la escuela y saltan los torniquetes en rechazo al alza. El día 18 de octubre, se cierra todo el metro de Santiago; miles de trabajadores que volvían a sus hogares quedan sin transporte, y se ocasiona una protesta popular masiva, con acciones directas, de carácter espontáneo. Se impone la consigna de “No son 30 pesos, son 30 años”, haciendo referencia a los 30 años de administración, por parte de la derecha y la Concertación, de la herencia de Pinochet: un régimen neoliberal y autoritario, machista, racista.

El gobierno responde invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esto no aplaca la rabia; por el contrario, la enciende aún más. La llama de la revuelta se extendió durante el 19 de octubre por todo el territorio. La combatividad en las calles, quemas de edificios y mobiliario público, saqueos y barricadas y el enfrentamiento con la policía y los militares es la tónica. El Estado despliega su maquinaria represiva: hay muertos, desaparecidos, personas torturadas, violencia político sexual, mutilaciones, miles de heridos y detenidos. Piñera nos declaró la guerra, implementó toque de queda y reprimió brutalmente. Pero no nos detuvimos. Se articulan brigadas autoorganizadas de salud y de autodefensa -la 1era línea- para enfrentar la represión. La semana posterior al “estallido”, se paraliza el 90% de los puertos en Chile, ocurren gigantescas movilizaciones, el paro de trabajadoras y trabajadores de la salud, y los mineros de Escondida paralizan la mina más grande del mundo, ocasionando pérdidas millonarias a los magnates del país.

La lucha continuó incansable. El 25 de octubre se realiza la “marcha más grande”, convocando más de un millón de personas en Santiago. El carácter es festivo, al punto que incluso Piñera salió a saludar la manifestación, intentando dividir al pueblo entre los “democráticos pacifistas” y los “violentistas”: debilitar de otra manera la rebelión, aislando los sectores más combativos del resto de la población, pues el garrote era insuficiente.

La participación de las mujeres y disidencias en la rebelión fue activa. Nos involucramos en las manifestaciones, participamos en las asambleas territoriales, levantamos actividades políticas y culturales que llamaban a la unidad de la rebelión contra Piñera y su gobierno asesino. Nuestros pañuelos verdes y lilas estaban en cada movilización. En las principales ciudades del país, como Pan y Rosas, junto a nuestros compañeres del Partido de Trabajadores Revolucionarios, impulsamos coordinadoras y asambleas.

En Antofagasta adquirió mucha fuerza el Comité de Emergencia y Resguardo, un espacio de lucha y articulación política que llegó a tener un peso importante en la ciudad minera, desafiando la autoridad del municipio.

Las demandas de la calle eran claras: Asamblea Constituyente, para echar abajo la constitución de Pinochet, y que se fuera Piñera. Además de los gritos contra la represión, el programa de octubre era una crítica radical a las instituciones del Chile post-dictadura, al trabajo precario, a las pensiones de hambre.

Los organismos del movimiento de mujeres, como la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, participan en la Mesa de Unidad Social, una coordinación de organismos de trabajadores y organizaciones sociales, con la burocracia sindical del PC a la cabeza. La Mesa de Unidad Social fue uno de los principales convocantes a las movilizaciones. Sin embargo, estas fueron convocadas sin considerar la centralidad de sectores estratégicos de la economía para poner en jaque a los poderosos, aún teniendo como antecedente el incremento de la actividad huelguística en nuestro país: más de un tercio de las huelgas extra-legales del sector privado y público se dieron entre octubre y noviembre de ese año, coincidiendo con el momento más álgido de la revuelta social.

Después de semanas de movilización, las direcciones del movimiento convocan a una Huelga General el día 12 de noviembre, que los excede completamente: permitió desplegar una amplia alianza de clases en las calles, constituyendo un punto de inflexión. Las acciones de protesta se cuadruplicaron por un día y una noche, en lo que fue la “paralización con mayor masividad y repercusión económica que se haya realizado en el país desde el retorno a la democracia en 1990, y posiblemente desde el golpe de Estado de 1973”, según el Centro de Investigación Político Social del Trabajo.

Paralizaron 25 de los 27 principales puertos, el 90% del sector público, 80% de las y los docentes, paro de la salud, paralización de importantes obras de construcción, entre otros sectores productivos. Hubo masividad en las movilizaciones, extensión de los cortes de ruta en las principales carreteras del país, y violentos enfrentamientos con las fuerzas represivas en poblaciones y plazas. La magnitud de la huelga y las acciones directas en su marco, forzó la paralización de gran parte del transporte y el comercio a nivel nacional. Hubo decenas de ataques a comisarías, incluso a cuarteles militares. Mostró que era posible conquistar mediante ese camino la Asamblea Constituyente Libre y Soberana y que cayera Piñera.

Importantes voceros de la derecha chilena plantearon la posibilidad de la caída del gobierno, contrario a lo que plantea el Frente Amplio -que la caída revolucionaria de Piñera mediante la huelga general era solo un sueño de la ultraizquierda-, para la clase dominante era un temor real, al que no estaban dispuestos a arriesgarse, aún cuando las burocracias de los movimientos no apostaron por una movilización ascendente y a mantener la dinámica de Huelga General.

Es por ello que se levanta el 15 de noviembre, el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que firmaron tanto los partidos de la derecha como de la Concertación y el Frente Amplio.

Para el Frente Amplio, firmar el “Acuerdo por la Paz” era la única opción para “evitar una matanza”, ya que el gobierno quería sacar de nuevo a los militares a las calles a reprimir. Sin embargo, las fuerzas armadas no estaban de acuerdo, ya que no se les garantizaba impunidad por eventuales violaciones a los DDHH. El gobierno decidió apoyarse en la ex Concertación y el Frente Amplio para dar una salida política. Ese día comenzaron las negociaciones para un desvío institucional a la lucha de clases, para evitar a toda costa que la revuelta pegara un salto hacia una revolución.
El propósito fundamental del Acuerdo fue dividir la alianza de clases entre las capas medias y sectores populares, y entre sectores de “vanguardia” como la Primera Línea, y sectores de masas. Amarraron trampas al proceso constituyente, y proclamaron como conquista, por ejemplo, la paridad de género en el órgano redactor de la Nueva Constitución en caso de ganar el plebiscito. El “Acuerdo por la Paz” y la tregua que aseguraron las burocracias sindicales y sociales terminaron por salvar a Piñera.

La movilización comienza a decaer. No obstante, el 25 de noviembre, día contra la violencia hacia las mujeres, la rebelión toma un nuevo aliento con la intervención política de Las Tesis, que se hizo reconocida a nivel internacional como una denuncia a la violencia estatal, a la represión policial, y a la justicia patriarcal. La denuncia de que “El estado opresor es un macho violador” se propagó por el mundo. El estado capitalista y patriarcal chileno estaba bajo el escrutinio mundial: salimos a seguir peleando, pero sin una estrategia contrapuesta al desvío institucional que ya estaba en marcha.

Ninguno de los organismos del movimiento de mujeres opuso una alternativa para superar el Acuerdo y se subordinaron a la idea de una Convención histórica. La paridad fue una táctica de cooptación política del régimen al movimiento de mujeres. Quienes iniciaron la rebelión, nuestras compañeras estudiantes secundarias, no pudieron votar ni ser electas constituyentes. El quórum de 2/3 le permite a la derecha y conservadores vetar cualquier medida que vaya contra su moral reaccionaria. La lucha del pueblo trabajador, la lucha de las mujeres, da para mucho más que para un proceso hecho a la medida de la clase dominante: la rebelión es demostración de la enorme potencialidad que tenemos. Pese a que las direcciones buscaron desviar lo más avanzado que dieron las masas, conseguimos herir al modelo pinochetista, algo que nadie hubiera creído que pasaría.

El camino abierto con la huelga del 12 de noviembre plantea las posibilidades tremendas que tendría la potencialidad hegemónica de las mujeres trabajadoras: en nosotras confluye la firme denuncia contra la precariedad laboral, las pensiones de hambre, la educación y salud de mercado, la lucha por el derecho a la vivienda; fortaleciendo así, el ingreso de la clase obrera a la escena, en particular los sectores estratégicos como minas, puertos, forestales y el transporte; para desarrollar amplia autoorganización de masas y coordinar la autodefensa de masas contra la violencia monopólica del Estado y así, echar abajo los pilares de la herencia de la dictadura.
El 2020, tuvimos otro masivo 8 de marzo, con millones en las calles. Pero los efectos económicos y sociales de la pandemia, desmovilizaron, por los despidos y las restricciones derivadas de la crisis sanitaria. El movimiento de mujeres podría haber sido un factor para combatir la pasividad de la burocracia sindical, pero las fuerzas reformistas del PC y Frente Amplio prefirieron que eso no ocurriera. Nos restringieron a votar en el plebiscito y mantener nuestra protesta a raya.

A dos años del “Chile Despertó”, nos encontramos en un proceso constitucional ya en curso, y en un escenario electoral parlamentario donde estamos participando con candidaturas en todo el país: lo que siga en Chile estará influido en buena medida por quien gane las próximas elecciones presidenciales, pero también si es que emerge o no la clase trabajadora como sujeto político.

La sensación de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de haber sostenido el funcionamiento del país durante la pandemia (lo cual es una realidad), ha reavivado el surgimiento de huelgas económicas, y en algunos sectores como en profesores o en las trabajadoras de la salud, como la lucha del Sindicato Siglo XXI que contaba Cynthia, las luchas apuntan a la política del gobierno.

Así como la rebelión activó a mujeres, trabajadores y sectores populares en la lucha, también ha activado a una derecha más dura, vociferante. La crisis migratoria y la crisis en Wallmapu hace que estos sectores se expresen: preocupante resulta el avance en las encuestas del ultraderechista José Antonio Kast.

En tiempos donde las contradicciones se agudizan, nuestra potencia es la política de lo necesario, no la miseria de lo posible. Desde Pan y Rosas nos planteamos impulsar la fuerza social que es la clase trabajadora y sus sectores estratégicos, para confrontar los pilares del Estado capitalista, patriarcal y racista. No nos detenemos ahí. Tenemos el derecho a trazar un horizonte de victoria, de terminar con este sistema que oprime y explota, en busca de un mundo nuevo.