Derechos Humanos. “La policía no tiene la iniciativa de colaborar porque sabe que están comprometidos ellos y los altos mandos”

“Solo nos queda estar vigilantes y exigir al nuevo gobierno que esto continúe, que no haya un estancamiento ni un olvido en relación a lo que ha pasado, y está pasando, lo tenemos claro como un precedente. Han muerto cientos en protestas sociales, y no es solo en Lima, sino también en el interior del país, y hasta ahora no hay ningún responsable, ningún policía ha sido siquiera acusado”.

Como se recuerda en noviembre del 2020 masivas movilizaciones - fundamentalmente juveniles - obligaron a renunciar al gobierno de Manuel Merino. Este hecho que manifestó el descontento social y la profunda crisis de las instituciones públicas, costó la vida de dos jóvenes estudiantes: Inti Sotelo y Bryan Pintado. A más de medio año de ocurridos estos sucesos, conversamos para La Izquierda Diario con Pacha Sotelo, hermano de Inti Sotelo, quien nos manifestó la forma como se encuentran estancadas las investigaciones para sancionar a los responsables de la muerte de su hermano y del joven Bryan Pintado.

1. ¿Cómo van las investigaciones el asesinato de Inti Sotelo y de Brayan Pintado?

Pacha Sotelo, hermano del fallecido Inti Sotelo en las movilizaciones juveniles de noviembre del 2020 que obligaron a renunciar a Manuel Merino, nos comenta que “La Fiscalía de la Nación se encuentra investigando a los altos mandos. Nos referimos al presidente de ese entonces, Manuel Merino, al presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz y al Ministro del Interior, Gastón Rodríguez”.

Así mismo, el día 16 de julio, el diario La República sacó un informe que dejó sorprendido a Pacha Sotelo, ya que aquí se menciona que estas investigaciones no tenían en la mira al ex ministro Walter Chávez Cruz, quien estuvo presente en reuniones donde se coordinó cómo se iban a controlar las marchas de noviembre, por lo que él también tendría que estar involucrado en la investigación que realiza Fiscalía de la Nación.

Respecto al Ministerio del Interior (MININTER), Sotelo refiere que es una historia muy complicada ya que en su momento hablaban sobre los marcos legales y plazos, cuya demora fue muy latente. Sin embargo, a fines de enero del 2021, la Oficina de Integridad Institucional, sacó un informe, a su parecer, muy preciso y fructífero. Fue un informe que evidenciaba la autoría de algunos policías, en cuanto al abuso de la fuerza ocurrido esa noche y fue importante que una entidad como el Ministerio del Interior lo haga público.

Sin embargo, en marzo del 2021, les mencionaron que el último informe iba a estar listo en el mes de abril, plazo que no se cumplió ya que hasta julio no hubo noticias al respecto.

En relación al Ministerio Público, nos mencionó que “el fiscal encargado fue Jhony Soto, el cual se abocó mucho más a la versión policial que a la de las víctimas. Debido a esto, en el mes de diciembre desde instancias oficiales se empezó a decir que los manifestantes se habrían disparado entre ellos, que eran unos “vándalos”, unos “tira piedras”, porque esa era la versión que fiscalía manejaba en función a las declaraciones de la Policía, además de ciertas irregularidades en la manera de llevar el caso, fue que se hizo el cambio de fiscal a Jhousy Aburto. Este es un caso complejo, que tiene cerca de 27 folios. Pese a su complejidad para estudiarlo, la fiscal, finalmente logró hilar algunos elementos que le permitieron descubrir que el perdigón que acabó con la vida de mi hermano es el mismo disparo que termina impactando a Jon Cordero, joven que estuvo cerca de quedar parapléjico y a otros tres compañeros más. Eso para nosotros fue importante, porque era algo que no sabíamos. Después, yo tuve una reunión con la fiscal Aburto, en junio cuando se cumplían los 7 meses”.

Así mismo, le informan que la policía se estaba demorando en brindar información importante, pero ahora el ultimátum puesto por Fiscalía al ex Jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el general Hugo Valdivia, mencionó que en su momento que no contaba con mucha información, sin embargo, su antecesor, el coronel Carlos Illanes Calderón, en su declaración, el fiscal había informado a DINI que había copiado datos que pertenecen a la Dirección de Inteligencia del MININTER y de la Dirección de Inteligencia de la PNP que es la DIRIN, datos que incluían reportes de informantes, videos, fotografías con información sobre supuestos infiltrados.

Así mismo, Pacha nos dice que: “ahora se habla de una base de datos denominada MARTE, que contiene información importante sobre los autores de la noche del 14 de noviembre que desencadenó en la muerte de mi hermano y Brayan Pintado, así como en una cantidad enorme de heridos producto de la represión policial”.

Cabe mencionar que el 15 de julio, se venció el plazo de ocho meses que tenía la Fiscalía para la primera etapa preparatoria, que consistía en decirle al Poder Judicial que existe el caso del 14N y se ha recopilado indicios de que si hubo violación de derechos humanos y que se tenia que seguir investigando y pasar a la segunda etapa de investigación. Se ha vencido el primer plazo y queda claro el intento de dilatar la diligencia por parte de la Policía, pese a que había un compromiso con la justicia, debido a que no cumplieron con el ultimátum y no entregaron información. La fiscal ha mencionado que va a denunciar a Cornejo por el delito contra la administración de justicia y contra la administración pública, sin embargo, las familias no ganan mucho con eso.

Sotelo expresó además que “será importante incautar esa información, ya que el solo hecho de saber que el 12 y 14 de noviembre del 2020 se hicieron exposiciones por parte de estos coroneles ante el ejecutivo, además, que el ex Subdirector de la DINI menciona que no se puede entregar por ser secreto de Estado, lo hace pensar que después de ocho meses hay mucho más por saber, y que la policía no tiene la iniciativa de colaborar porque sabe que están comprometidos ellos y los altos mandos”.

Otra información de la que tiene conocimiento es que Manuel Merino estuvo presente en la reunión donde acordaron cómo se iban a controlar las marchas, por lo que queda descartado el argumento que la policía tomó decisiones autónomas, pese a que él lo ha negado. También aparece el nombre de Walter Chávez Ruiz además de Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez. La Fiscalía ha anunciado que hará un peritaje al registro de visitas de Palacio de Gobierno, para contrastar esa información que supuestamente es secreto de estado que se niega a entregar la DINI, además de realizar un back up al correo electrónico. Otro involucrado es Pepe Hernando Díaz Bazán, Director de la Oficina de Tecnologías de la Información de Palacio de Gobierno, quien entregó información del despacho presidencial y no aparece el registro de ingreso de los invitados a la exposición del 14 de noviembre, por lo que ya han ordenado un peritaje del Ministerio Público para determinar la información que ha sido borrada, es decir, existen irregularidades por parte de las autoridades acusadas. El dos de diciembre del 2020, ex ministras mencionaron que Manuel Merino no dejó acta de la reunión, por eso los ministros fueron renunciando al enterarse la forma brutal y violenta en que Manuel Merino quería combatir a los manifestantes.

Toda esta información no la han querido entregar, y para las familias es evidente que no lo van a hacer porque los compromete.

2. ¿Para recabar las pruebas del asesinato, tuvieron algunos límites u obstrucciones por parte de la municipalidad de Lima o los negocios cercanos a donde ocurrieron los hechos?

Pacha Sotelo expresó que la Municipalidad abrió las puertas desde un inicio, el problema fue que la información que tenían que dar era poca o casi nada, porque las cámaras se encontraban inoperativas. El caso de Brayan fue muy cruel, refiere, porque él recibió el impacto cerca a las 7:50 de la noche, entre la Av. Abancay con Nicolás de Piérola. Brayan Pintado, caminó unos 25 metros aprox. y cae producto de los diez impactos. Fue auxiliado por personas quienes lo trasladaron cerca de seis cuadras, hasta encontrar un taxi que lo pueda llevar al Hospital Almenara, pero fue demasiado tarde.

En el caso de Inti Sotelo, no hubo obstrucción por parte de la Municipalidad, pero si lo que hay que aclarar, que aquel funcionario, que ya se sabe que es un ex policía, Jefe de Seguridad de la Municipalidad de Lima, solo grababa a la policía y a lugares donde no había mayor movimiento. “El 80% de la grabación no sirve, y por la mala resolución de la cámara no se determina si era mi hermano o no”, comenta Sotelo.

Respecto a los negocios, fue muy triste que les digan que sus cámaras también estaban inoperativas y que algunos se negaran a entregar información que les hubiese servido. Por parte del Jurado Nacional de Elecciones, se realizó el trámite correspondiente y sí ayudaron a identificar a Inti Sotelo en algunas partes.

3. ¿Cuál ha sido la actitud de la fiscalía ante el caso? ¿ha puesto obstrucción o por el contrario ha mostrado apoyo?

Pacha nos manifiesta que “en un inicio fue importante, más que nada por lo mediático, sin que nadie les dijese nada ya estaban haciendo su investigación. Jhony Soto, el primer fiscal encargado, llevó investigando más de un mes con el caso 14 N. Sin embargo, en dos semanas ya pedían prisión preventiva con esos 94 estudiantes, que supuestamente estaban vinculados a Movadef. Luego nos enteramos que este fiscal era un expolicía, entonces, ya no había ninguna garantía para las familias de que él actuara con normalidad. La verdad que había una desconfianza total por entregar información a este fiscal. A nuestros testigos por ejemplo, les hacían preguntas con ánimo de decirles que no era verdad, y nuestros testigos se quejaron de nosotros porque no era manera de actuar de un fiscal. La fiscal Jhousy Aburto, al parecer sí estaría más interesada en encontrar la verdad, a diferencia del otro fiscal que no daba información a las familias, se cambió de fiscal por culpa de eso”, expresó Sotelo.

4. ¿Se tiene identificados a los policías que efectuaron los disparos?

Hasta ahora están siendo investigados Jorge Caya y Jorge Lan, quienes son el Subdirector de la Policía y el jefe de la Región Policial Lima. Sin embargo, en el informe de la Oficina de Integridad del MININTER aparecen más nombres, que no están siendo investigados, sino que se encuentran en calidad de testigos. Entre ellos se encuentran el Coronel Tenorio quien elaboró un informe en la noche del 14 N, además se le ve en el campo, pese a que no estaba designado a ninguna función en esa noche.

Además de ello, Sotelo afirma: “la zona donde mi hermano, Inti, es impactado, estaba a cargo del Mayor Guido Solis, y él sólo contaba con dos escopeteros, uno de bomba lacrimógena y un perdigonero. Por las personas que atentan contra el Metropolitano, deciden sumar 150 efectivos más, y estos están a cargo del capitán Mario García Churavez, sumando 20 escopeteros, 15 de bombas lacrimógenas y 15 perdigoneros. Entonces, el autor material de la muerte de mi hermano se encuentra entre estos 16 escopeteros, uno de ellos fue el que disparó y terminó acabando con la vida de mi hermano”.

Y más adelante agrega: “Lamentablemente, la fiscal me dijo que el autor material no se va a poder encontrar nunca, lo que sí se va a poder determinar es quiénes dieron las órdenes para los disparos y quiénes movieron a estos suboficiales. Los heridos que fueron impactados en distintos lugares y a distintas horas, no sólo del 14 sino también el 12 de noviembre y están registrados como heridos de gravedad. Cada uno tiene a un capitán, a un mayor y a un coronel a cargo. Entonces, que sean dos nada más según investigados, no me parece que a estas alturas, pero la fiscal debe tener sus razones”.

5. ¿Manuel Merino y su ministro del interior están incluidos en las investigaciones?

Sotelo respondió que esto lo está llevando la Fiscalía de la Nación. Que el señor Merino está quedando como un mentiroso. Con el abogado tienen una hipótesis, que consiste en que la Fiscalía de la Nación se va a manifestar o no va a ahondar en el tema hasta que el Ministerio Público no tenga un informe preliminar, que ya debió salir el 15 de julio.

En otro momento de la entrevista Pacha nos dice: “A Manuel Merino se le debió investigar porque negó más de dos veces su participación en estas reuniones. Además, no colocar a un encargado para que revise cuáles serían los materiales de los que haría uso la Policía, que no verifiquen los uniformes y a raíz de eso, muchos policías que agredieron a los manifestantes no se encontraban identificados, cómo es posible que se haya permitido que se dispare del tercio superior del cuerpo hacia abajo, cuando eso está prohibido. Entonces, existen demasiadas irregularidades, sin olvidar que la policía funciona con jerarquías, reciben la orden del general y hacen la consulta con el jefe de la Región Policial Lima, este habla con el comandante General de la Policía y el comandante comenta el tema con el Ministro de Interior, el ministro hace la pauta con el presidente de Consejo de Ministro, el cual sí o sí tiene que hablar con el Presidente. Por consiguiente, acá se ha intentado decir que la policía ha hecho las cosas “como ha querido”. Por el tiempo que ha pasado y el hecho que no entreguen la data, es evidente que no lo hacen porque hay nombres muy interesantes que pueden resultar perjudicados en esta situación”.

6. Sagasti dejó el gobierno y los responsables materiales y políticos de la brutal represión del 14 de noviembre no serán sancionados. ¿Cómo toman esto?

Lamentamos que la burocracia del Perú funcione así. Nosotros nos preparamos para reconocer que acabado el gobierno de Sagasti no vamos a tener acusados. Acabada la etapa preparatoria, la Fiscalía solo informa la existencia del caso y que se ha recopilado indicios para seguir investigando. Una vez el Poder Judicial esté enterado de esto, pasa a la etapa dos de la investigación y esto tiene para rato, finalmente, una vez terminada la etapa dos recién se pasa a juicio.

Los abogados nos ayudaron mucho, con su experiencia en casos de derechos humanos, como es el caso del doctor Carlos Rivera. Solo nos queda quedar vigilantes, exigir al nuevo gobierno que esto continúe, que no haya un estancamiento ni un olvido, lo que ha pasado, y está pasando, lo tenemos claro como un precedente. Han muerto cientos en protestas sociales, y no es solo en Lima, sino también en el interior del país, y hasta ahora no hay ningún responsable, ningún policía ha sido siquiera acusado.

Dentro de la Policía cada vez que hay un fallecido en protestas sociales, en sus investigación propias, ellos quedan como inocentes y víctimas, y esta es la primera vez que estamos cerca de conseguir que los policías sean encarcelados por actos de violación de derechos humanos, y agregado con ello, a funcionarios públicos.

7. En su lucha por encontrar justicia para Inti, Brayan y todas las víctimas del 14N, ¿han percibido que se busca generar un ambiente de impunidad policial?

Sí, sí claro. Y se lo puedo decir abiertamente a la misma candidata Keiko Fujimori, que para ella la Policía es víctima, y considera que se manchó la imagen de la policía y que para la gente que la rodea, los de la manifestación son unos vándalos, “chibolos que no sabemos nada”, unos “tirapiedras”, unos ignorantes. Esa derecha que respalda a la policía, que quiere un país así como va, que continúe con la corrupción. A pesar de todo ello, hay personas con las que estaremos agradecidos, que tuvieron esa empatía de ponerse en los pies de las familias, saber a lo que nos estamos enfrentando, y desde sus posibilidades ayudarnos. Me quiero quedar en ese lado que busca justicia y piensa en los demás, no solamente en mi hermano Inti y Brayan, sino también en todas esas víctimas que han perdido la vida a causa de conflictos sociales.