La salud es un derecho humano, lo hemos repetido miles de veces, en cada taller o plática que damos, pero para más de mil personas que trabajamos en el DIF-CDMX no aplica: es un derecho que niegan las autoridades del gobierno capitalino.
Jueves 3 de octubre de 2019
Saúl Monroy Muñoz fue profesor de ciencias del Programa Niños Talento del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México.
El sábado 17 de mayo de 2014, a pesar de reportar que se sentía mal, fue presionado por las autoridades del DIF-CDMX para asistir a una junta en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) de Xochimilco, de esas juntas que siempre salen de tu horario de trabajo pero a las que está prohibido negarse a ir.
En la semana siguiente no se presentó en su centro de trabajo, impartía clases en el CDC Adolfo López Mateos. Por esa ausencia fue reportado y sin indagar, las autoridades de ese entonces procedieron a levantarle un “incidente”.
El profesor había fallecido ese sábado a causa de un infarto, a la edad de 53 años.
Heriberto Medina era profesor de deportes, fue de los iniciadores del programa de fútbol que se impartía en Niños Talento, también daba clase de basquetbol. Murió de pancreatitis el 19 de noviembre de 2017, a la edad de 39 años.
A principios del mismo año, lo habían acusado de juntar grupos para no dar todas sus horas de clase. Por esta “grave falta”, las autoridades lo citaron para despedirlo sin ningún tipo de sustento ante tal imputación, no sin antes tratarlo “como perro” –según palabras del mismo profesor.
Estos elementos lo dejaron frente a un gran estrés e indefensión, pues como todo despido en el DIF-CDMX a trabajadores precarios, no importa si has trabajado diez o veinte años, si fundaste un centro o fuiste pionero de un programa, te sacan de un día para el otro sin ningún tipo de liquidación, dejándote sin sustento.
Despotismo institucional acobijado por condiciones precarias
En estos dos casos, el dúo responsable del despotismo estuvo a cargo de Norma Elena Flores García, entonces Subdirectora de Desarrollo Académico, Artístico y Deportivo; y de Alejandro Arana Bustamante, Coordinador Académico, pero respaldado, presionado y alentado por todos los mandos superiores, a quienes nada les importa el bienestar de quienes trabajamos ahí y mucho menos de nuestras familias, solo les importa colgarse la camiseta de nuestro trabajo a cualquier costo.
Por tener una contratación simulada bajo la figura de honorarios, en la que no se reconocen derechos laborales, ninguno de los dos profesores contó con seguridad social por parte el DIF-CDMX.
¿De qué forma hubiera cambiado su vida de contar con derechos laborales?
Estamos seguros que la hubiera dignificado, brindando condiciones de acceso a la salud no solo emergente sino preventiva, garantizando un derecho humano esencial para la vida.
La magnitud de la tragedia
Si bien la Constitución estipula que el Estado debe procurar “trabajo” y “seguridad” a la población, son sus propias instituciones las que recurren a modalidades de contratación que violan los derechos laborales y no respetan ni la seguridad social para los trabajadores, promoviendo y masificando la precarización laboral.
A pesar de que el actual y los pasados gobiernos de la Ciudad de México (PRD y ahora Morena) dicen oponerse a la precarización, el outsourcing y la simulación de contratos la realidad es que en sus gobiernos se ha promovido, reproducido y agravado la destrucción de los derechos laborales, a lo que se suman los miles de despidos injustificados enmascarados en la "austeridad republicana" que se encuentra golpeando a las y los trabajadores de abajo.
¿Qué tan grave es el problema? Según el Coneval, en 2018 el 57.3 % de la población (71.7 millones de mexicanos) no tenía acceso a la Seguridad Social. Esto quiere decir, entre otras cosas, que no cuentan con servicio médico en el IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal o Pemex.
Esas cifras empalman con las de informalidad laboral, para 2018, según el INEGI, alcanzan al 56.7 % de la Población Económicamente Activa (PEA) y para el segundo trimestre de 2019 al 56.6 %; una reducción de una décima. Es decir, la mayor parte de la población vivimos sin derechos laborales, en regímenes de trabajo desregularizados, subcontratados, flexibilizados y precarizados.
No somos cifras, somos personas trabajadoras y nuestras familias
Pero estas millones de personas no somos cifras, somos personas que mueren cada día por falta de acceso a la salud, familias que se quedan en la miseria por pagar tratamientos médicos, madres sin acceso a licencias de maternidad y lactancia que ponen en riesgo su vida y la de sus hijos, y miles de relatos que quiebran la voz y nos hacen sangrar la lengua cada que por nuestro trabajo hablamos de derechos humanos.
Decía Bertolt Brecht que hay muchas maneras de matar no prohibidas por y para el Estado: no curarnos de una enfermedad, meternos en una mala vivienda, empujarnos hasta el suicidio o torturarnos hasta la muerte por medio del trabajo que nos tiene 12 horas a cambio de un salario que no da ni para vivir.
La actual administración del DIF, ahora bajo el mando de Esthela Damián Peralta, no solo mantiene esta realidad sino profundiza el despotismo, la precariedad y la violación a derechos laborales y humanos, basta recordar la disminución salarial a quienes no tuvieron un aumento en diez años o los cientos de despidos injustificados.
Desde la campaña #QueremosTrabajoDigno recogemos estos testimonios para visibilizar y denunciar las consecuencias de la violación a derechos que está administración sigue normalizando y desarrollando.
Te invitamos a sumarte con tu testimonio como trabajador de cualquier dependencia. Sumemos organización para alcanzar plenos derechos laborales y frenar los despidos.
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