Este martes se publicó en el BOE el decreto como una medida para acabar con la “República digital catalana”.
Miércoles 6 de noviembre de 2019
Desde el pasado martes el gobierno español amplía sus competencias sobre las telecomunicaciones del Estado, al poder cerrar páginas webs sin orden judicial. Mediante el Real Decreto-ley 14/2019 el gobierno español modifica seis leyes basándose en los “recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español” sin especificar que se trata de Cataluña, y como una “respuesta inmediata para evitar que se reproduzcan sucesos de esta índole”.
Un zarpazo a la libertad digital
El paquete de medidas en materia de telecomunicaciones, recogidas en el decreto-ley, no es más que un intento del gobierno de Sánchez y del Estado español de poner fin a las formas de autoorganización de los sectores más combativos de la sociedad catalana que luchan por la autodeterminación y que han dicho basta a la continuidad del procesismo y la represión del Gobierno, la policía y la judicatura.
El decreto-ley contempla que para este tipo de acciones sobre las telecomunicaciones ya no será necesaria una orden judicial ni ninguna audiencia previa, como era necesario hasta ahora, sino que podrá hacerse de forma inmediata.
La acción puede ser ordenada por el Ministerio de Economía y Empresa cuando considere que existen “razones de urgencia imperiosa” que amenacen “el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional”. El texto dice:
“Previamente al inicio del procedimiento sancionador, podrá ordenarse por el órgano competente del Ministerio de Economía y Empresa, mediante resolución sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia basada en alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando exista una amenaza inmediata y grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
b) Cuando exista una amenaza inmediata y grave para la salud pública.
c) Cuando de la supuesta actividad infractora puedan producirse perjuicios graves al funcionamiento de los servicios de seguridad pública, protección civil y de emergencias.
d) Cuando cree graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas o demás usuarios del espectro radioeléctrico.”
El decreto-ley no se limita a la posibilidad de cerrar redes sociales o páginas webs, sino que también puede actuar sobre elementos que necesariamente acompañan la instalación o puesta en marcha de estos servicios de telecomunicaciones, con lo que abre la puerta a la intervención de infraestructuras que puedan alojar este tipo de comunicaciones electrónicas.
En este sentido, el gobierno podrá intervenir o cerrar los servidores que alojen redes social o páginas webs y, además, amenaza con asumir la gestión de las plataformas de las redes de comunicación electrónica de los operadores que no cooperen con la solicitud del Estado.
Datos fiscales y censo electoral en servidores de la UE
El decreto-ley también describe las condiciones para la identificación electrónica y recogida de base de datos: “Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la UE”.
Todas estas medidas del gobierno central de Sánchez están pensadas para mermar las protestas que comenzaron en repudio a la sentencia condenatoria a los líderes del “procès” y que desde hace más de tres semanas han protagonizado amplios sectores de la juventud y la clase trabajadora en todo el territorio catalán. No tenemos que olvidar que durante las manifestaciones las cargas policiales han dejado más de 600 heridos y más de 40 presos y presos políticos en Catalunya.
