El día de ayer, el juez Carroza encargado del caso de asesinato del ideólogo pinochetista, senador y fundador de la UDI Jaime Guzmán, rechazó la petición de la familia Hernández Norambuena de que se convalidaran los 17 años que cumplió en Brasil.
Martes 3 de septiembre de 2019
Revuelo ha causado el anuncio de extradición de Mauricio Hernández Norambuena, el "comandante Ramiro" del disuelto Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), desde Brasil donde se encontraba preso por 30 años por el secuestro del empresario brasileño Washington Olivetto. Potenciado además por la ofensiva apología al legado autoritario de Guzmán (redactor de la Constitución del 80) por parte de la UDI.
Esto tras la maniobra jurídica que logró hacer pasar la derecha tras la apertura de la justicia brasileña a otorgarle beneficios carcelarios a Ramiro tras los 17 años que pasó recluido en la Penitencaría de Seguridad Máxima de Avaré y su traslado a otra cárcel de menor categoría.
Ante la solicitud del abogado de Ramiro, a petición de la familia Hernández Norambuena de que se rebajara su pena por los años cumplidos en Brasil, el día de ayer, el juez Carroza, encargado del caso por el asesinato de Jaime Guzmán el año 1991, negó la petición de la familia de Ramiro para que los 17 años que pasó en Brasil fueran reducidos de la condena que cumplirá en Chile equivalente a dos cadenas perpetuas de 15 años cada una.
Las gárgaras de la derecha
Llama la atención las cátedras de moral que han salido a hacer las figuras públicas del partido defensor más duro de la herencia dictatorial en el gobierno, como lo es el partido de Guzmán. Llegando incluso a hacer un escándalo nacional por una antigua foto de Gabriel Boric, diputado de Convergencia Social en el Frente Amplio, con una polera con la cara de Guzmán y una bala en la cabeza. Con esto solo esconden el verdadero legado de Guzmán: la consolidación de un régimen político miserable que protege las jubilaciones bajas a través de las AFP, una educación entregada a las manos del mercado, una salud diferenciada entre ricos y pobres, todo resguardado por el Tribunal Constitucional, institución reaccionaria que sólo existe para proteger la herencia política de la dictadura genocida.
Mientras la derecha hace apología a Jaime Guzmán, enemigo declarado del aborto y el derecho de las personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos, son cientos los oficiales organizadores materiales de la represión, tortura, asesinato y desaparición de miles de militantes de izquierda y luchadores/as sociales que viven libres (como el asesino de Víctor Jara) o en recintos de lujo como Punta Peuco. De eso la derecha no dice nada.
