Frente a la falta de respuesta del gobierno ante el riesgo que significa el COVID19, los y las estudiantes debemos exigir que los recursos materiales y económicos de la universidad sean puestos al servicio de los y las más afectadas, personas de familias trabajadoras y populares
Martes 24 de marzo de 2020
En plena contingencia frente al COVID19, que ha cobrado ya 4 muertos y 367 contagiados, la falta de medidas de respuesta para prevenir el contagio y mitigar las consecuencias de la pandemia del COVID19 por parte del gobierno plantea la necesidad de que sea la organización obrera y popular la que exija e imponga estas medidas.
En el 2017, tras el sismo que azotó varias entidades del país, jóvenes y estudiantes nos pusimos al frente de transformar nuestras escuelas en centros de organización de acopio, ayuda técnica y profesional, así como de resguardo para los y las afectadas por el sismo.
Sin embargo, son medidas que hoy están lejos de impulsarse pues los últimos meses, las escuelas con mayor participación política entre su base (varios bachilleratos y algunas facultades), fueron tomadas por pequeños grupos de mujeres como repudio a la violencia de género dentro de la UNAM, demanda con una enorme legitimidad pero que fue acompañada de medidas que dejaron fuera a decenas de miles de estudiantes, trabajadores y académicos, debilitando en los hechos la capacidad de respuesta organizativa del movimiento estudiantil contra la violencia de género y frente a crisis como la que significa la pandemia del COVID.
El viernes 20 de marzo, las Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras (MOFFYL) reanudaron el diálogo con las autoridades de la facultad después de que el Consejo Técnico desconociera el comunicado de Jorge Linares donde éste anunciaba el inicio de clases virtuales. El diálogo se dará una vez más sin ningún tipo de representación ni participación de más de 10 mil estudiantes de la facultad.
Como lo destacan en diferentes notas La Jornada y Proceso, las MOFFYL manifestaron que en la sesión abierta del Consejo técnico ellas tendrían voz pero no voto “pues no pretenden ser autoridades”, a contramano de otras colectivas separatistas que han sido integradas a los Consejos Técnicos con voto.
Seguido de esto plantearon como “condición de seguridad” para llevar a cabo el diálogo evitar la participación en éste de los y las estudiantes trotskystas de la FFyL que militamos en el Movimiento de los Trabajadores Socialistas, la agrupación de mujeres y LGBT+ Pan y Rosas o la Agrupación Juvenil Anticapitalista.
En la lucha contra la violencia no podemos confiar en las autoridades
Nada más retomaron los medios, sobre la política punitiva de quienes sostienen la toma, sobre la persecusión política que impulsan las autoridades de la UNAM contra activistas y militantes de izquierda de la cual se han hecho parte las mismas MOFFYL incluso realizando pintas con amenazas de muerte contra quienes impulsamos la antes mencionadas organizaciones, ni sobre la política descarada de querer imponer la normalidad a través de lanzar clases virtuales por parte de la administración de Linares.
Es alarmante, en primer lugar, que la base estudiantil de por sentado que un minúsculo grupo de mujeres puede representar la voz de miles de estudiantes, profesorxs y trabajadorxs, división que sólo conviene a las autoridades que quedan excentas de responder por el conjunto de las problemáticas de la comunidad, como el ataque al contrato colectivo de trabajadores de base o la precarización laboral de la mayoría de la plantilla docente de asignatura.
Pero es igual de escandaloso que, quienes dicen desconfiar de las autoridades y buscar acabar con la violencia y hasta con el patriarcado recurran a las mismas que se negaron a buscar a Mariela Vanesa -estudiante de letras hispánicas desaparecida en el 2018-, las que espiaron durante años nuestras asambleas, las que impusieron un cierre de semestre en el marco de la toma, que prohíban la participación a estudiantes solo por diferencias políticas.
Quienes militamos en el MTS y Pan y Rosas, encarnamos una tradición de lucha y organización combativa e independiente de las autoridades y el gobierno, y somos parte activa del movimiento de mujeres, estudiantil y obrero desde hace décadas, enfrentando a las autoridades, a la burocracia sindical y a los partidos del Congreso.
Desde ahí cuestionamos que confiar en el aparato de gobierno de la UNAM, terriblemente antidemocrático e inquisidor, depositando en el Tribunal Universitario la tarea de tutelar por la seguridad de las mujeres que integramos la comunidad y llevando al movimiento estudiantil y feminista en la universidad a un callejón sin salida, fortaleciendo un aparato represivo que ya deja caer su peso sobre quienes nos organizamos políticamente de manera independiente a las autoridades.
Las MOFFyL dicen no querer ser parte de las autoridades, pero reproducen la política de Enrique Graue quien desde el día uno de su administración dijo que sacaría a los grupos antisistémicos de la universidad por desestabilizadores, en acuerdo y complicidad con el gobierno federal y las direcciones de planteles.
Desde Pan y Rosas y el MTS, pensamos que luchar contra la violencia hacia las mujeres en la universidad debe traducirse necesariamente en luchar también contra las condiciones de violencia y precariedad que viven las mujeres en todos los rincones del país, especialmente las pobres y trabajadoras. Por esto los paros y tomas que se mantienen tendrían que funcionar como trincheras para enfrentar la crisis sanitaria que va contra lxs más pobres, de entre lxs cuales el 70% son mujeres.
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Que las escuelas en paro sean centros de organización para enfrentar la crisis sanitaria
Al nivel de violencia del país y a las condiciones de precariedad que viven las mujeres en este país se suman los más de 200 casos de Covid 19 y ya cuatro fallecidos.
Esta situación repercute sobre todo en las condiciones de vida de miles de mujeres que son víctimas de violencia en sus casas donde tendrán que permanecer por la cuarentena, de las mujeres que conforman el grueso de lxs trabajadorxs de la salud y que hoy se ven obligadxs a atender a lxs enfermxs sin protección ni insumos, así como el posible fortalecimiento de la militarización del país con el DN III que aumentará la violencia y los feminicidios.
Ante la negligencia, actitud pasiva y hasta ridiculizante del gobierno frente a los riesgos de la propagación del Covid19, así como frente a la tardanza en reaccionar por parte de las autoridades universitarias para levantar las clases y las labores administrativas, queda claro que la solución no vendrá de ellxs.
Las escuelas en paro podrían volver a jugar el rol que hicieron en el sismo del 2017, permitiendo que la juventud de las universidades se organice para hacerle frente a la crisis sanitaria que está superando al Estado, poniendo los recursos materiales y humanos de la universidad al servicio de las necesidades del pueblo pobre y trabajador.
Como en la universidad de Rosario en Argentina, la facultad de Ingeniería podría comenzar a fabricar respiradores, la facultad de Medicina tendría que estar abierta para que todxs sus estudiantes se capaciten y puedan atender a lxs enfermxs, claro con las condiciones de salubridad necesarias.
Las demás facultades podrían comenzar a juntar acopio y hacer fondeos para abastecer a toda la población en condición de calle o a lxs trabajadorxs que mandaron a casa sin goce de sueldo. También podrían fungir como refugios para las mujeres que sufren violencia en sus casas y la cuarentena las pone en peores condiciones, o para aquellxs miles que ni siquiera tienen casa donde resguardarse.
La UNAM, pero también la UAM, la UACM y el IPN tienen que estar puestos al servicio del pueblo pobre y trabajador, pero esto no sucederá por la buena voluntad de los rectores y directores, sino a través de la organización de los estudiantes, profesores y trabajadores que le damos vida a nuestras escuelas.
Para esto es necesario que discutamos de manera democrática cómo desarrollar e imponer un plan de emergencia. Fortalecer toda expresión de organización frente a la crisis sanitaria que surja de la clase obrera y los sectores populares, y pelear por una perspectiva que haga que los grandes empresarios y el gobierno paguen por esta crisis.
Exijamos que todo esto sea financiado por el Estado a partir de reducir a cero el financiamiento a la Guardia Nacional y dejar de pagar la deuda externa, que representa el 420% del presupuesto a la salud.
Las mujeres que este 8 de marzo demostramos en las calles la enorme fuerza que tenemos para enfrentar el feminicidio y avanzar por conquistar todos nuestros derechos, podemos poner hoy esa fuerza para conquistar plenos derechos a la salud para todos y todas. Junto al movimiento estudiantil organicémonos para que no sean los sectores más vulnerables, los trabajadores y las mujeres las que paguemos con nuestras vidas la crisis que los capitalistas mismos generaron.
Como en el 2017 salgamos a organizarnos una vez más del lado de lxs más vulnerables desde una perspectiva anticapitalista, pues este sistema no tiene nada que ofrecernos más que explotación, miseria y pandemias.