Ágilmente avanza la causa abierta por la Fiscal López de Filonuk y el Juez Vaca Narvaja contra estudiantes y abogada por la lucha universitaria.
Domingo 16 de diciembre de 2018 22:42
El pasado 5 de diciembre comenzaron a recepcionarse en el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, las testimoniales solicitadas por la acusadora fiscal López de Filoñuk en la causa en la que están imputados por “usurpación” 28 estudiantes y una abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos por la toma del Pabellón Argentina durante el conflicto en defensa de la Educación Publica.
Con una velocidad que es completamente inusual en los Tribunales de cualquier tipo, y mucho más de los federales (y más durante los últimos días hábiles del año judicial), en el transcurso de dos meses se recepcionaron la totalidad de las declaraciones a los imputados, e inmediatamente se hizo lugar y se comenzó con la prueba solicitada por la fiscalía, entre otras conformada por los testimonios de miembros de las fuerzas represivas, así como el concesionario del bar y algunas docentes investigadoras de la Universidad.
En menos de una semana se tomaron testimonios que intentan inculpar a les estudiantes y la abogada de hechos delictivos que no existieron durante la ocupación del pabellón Argentina, que no tiene si quiera sujetos pasivos, es decir que no existen personas que se consideren afectadas por el delito, como demuestran las mismas constancias del expediente, con los informes remitidos por el mismísimo vicerrector de la universidad y los decanos de las facultades que se vieron “afectadas” por los reclamos estudiantiles. Incluso las mismas investigadoras que declararon, dejaron en claro que no se vio afectada la finalización del año lectivo.
Ver: Imputaciones a estudiantes de la UNC: un debate desde el derecho a la protesta
Pareciera que la justicia federal cordobesa se pone a tono con los aires de la época y quiere avanzar en la criminalización de aquellos que defendieron durante meses la educación pública y laica en las calles, intentando sentar en un precedente para limitar la protesta y los métodos de lucha, que puedan servir de referencia amedrentadora para las muy posibles próximas protestas en las provincia, por el avance en el ajuste a la educación, a la salud, a los trabajadores y sectores populares.
Resulta llamativo que esta misma justicia no ha tenido la misma velocidad, ni intención para investigar hechos graves que ocurrieron durante el mismo conflicto, como por ejemplo el cierre arbitrario e intempestivo de la facultad de Derecho para impedir la realización de una asamblea, así como la participación e ingreso de la policía provincial en jurisdicción nacional en tales circunstancias (que fueron constatados en persona por el juez Vaca Narvaja que se hizo presente en el lugar); así como las patoteadas y uso de la fuerza por parte de miembros de la Franja Morada y la Gremial San Martin contra los estudiantes que estaban en el pabellón. Incluso con hechos que surgen de este mismo expediente, como la evidente existencia del delito de falsa denuncia, sobre existencia de bombas para habilitar el ingreso de la policía con fecha 19 de septiembre.
Lejos de ello, llamativamente surge también del expediente, que el mismo juez que supuestamente se mostró reticente a mandar el desalojo de les estudiantes durante el conflicto, había dictado una orden de desalojo para el mismo 28 de septiembre, enviando a la Gendarmería que lo hiciera, lo cual no se concretó porque se acordó el levantamiento de la medida ese día.
Ver: Avanza la persecución: imputan a estudiantes que participaron de la toma del Pabellón Argentina
Esto por solo hablar de hechos ligados al largo conflicto universitario, que si la justicia fuera “independiente” debiera investigar con la misma tonalidad “de oficio” que le está dando a esta investigación a pesar de no tener denunciantes. Porque si comparamos los ritmos de la investigación con los que los mismos funcionarios tratan a las causas de lesa humanidad por ejemplo, que tienen en sus manos, peor incluso es el balance que les pesa.
Por solo citar un ejemplo que tenemos de cerca desde nuestro organismo, porque acompañamos la denuncia, nuestro compañero Jorge “Turco” Sobrado, espera hace más de dos años y medio que eleven el requerimiento e imputen a los represores implicados por su detención en el Campo la Ribera y cárcel de San Martín durante el 76. Pareciera que para llamar a indagatoria a quienes cometieron un genocidio, secuestraron y torturaron, necesitan mucha más prueba que para hacerlo con estudiantes y luchadores que solo reclamaban por la educación pública.
Esta diferente vara con la que mide la “justicia” los hechos que investiga, acorde a los tiempos políticos, demuestra que es necesario continuar y redoblar la campaña para tirar abajo estas imputaciones injustas, para intentar dejar un precedente en contrario y al revés de lo que quieren, a favor de los estudiantes, trabajadores y luchadores.
