Opinión. La violencia en México y los frentes de conflicto del presidente

Andrés Manuel López Obrador continúa abriendo frentes de conflicto. El que ocupa el centro de los reflectores desde hace algunas semanas -aunque no el único- es la cruzada contra el comunicador Carlos Loret de Mola, cuyo accionar ha sido inscrito como parte de un golpismo mediático. Como en otras ocasiones, la polarización presidencial busca fortalecer su imagen, aprovechando de paso para meter en la misma bolsa “conservadora” a críticos progresistas -como Carmen Aristegui- o a quienes cuestionan desde la izquierda y las luchas sociales a las políticas gubernamentales.

El nuevo capítulo de las “mañaneras”, parece motivado por una excesiva confianza en su popularidad y en que la oposición ha perdido el rumbo, sin figuras carismáticas ni candidatos imaginables para las próximas elecciones.

Pero, aunque esto último sea así, no perdamos de vista que la confianza desmedida y la apertura de nuevos frentes supone también el peligro de traspiés inesperados. Los cuales pueden combinarse con nuevas contradicciones y problemas que le aparecen en el horizonte al partido de gobierno. Si con sus últimas declaraciones AMLO buscaba arrinconar a la oposición y ampliar su base de apoyo hacia la consulta por la revocación de mandato, el resultado puede, paradójicamente, ser el contrario.

La disputa con Loret de Mola, y los asesinatos de periodistas

Solo los incondicionales de la 4T podrían considerar que la respuesta virulenta a los ataques de Loret de Mola es el fruto de un serio cálculo político. O tal vez algunos de los intelectuales favoritos del gobierno, de los que el presidente ha dicho “son pocos pero muy buenos”. En un país donde se mata periodistas por contar la verdad, los embates de López Obrador cayeron como agua fría. A tal punto que analistas políticos, intelectuales y comunicadores opositores a la actual administración, aprovecharon para mostrarlo como una expresión de la violencia que enfrenta el conjunto de las y los comunicadores.

No cabe dudas que unificar la situación que afronta la mayoría del gremio - precarización laboral y violencia extrema- con la defensa de Loret de Mola - símbolo del periodismo palaciego y lambiscón de los sexenios previos- es una lectura interesada en favorecer a la derecha conservadora, en detrimento del oficialismo.
Pero, los defensores del gobierno no pueden ocultar que éste mostró una y otra vez una vocación autoritaria y escasamente democrática hacia las voces críticas; desdén ante la situación laboral que enfrentan la mayoría de los trabajadores de prensa -que mejor ejemplo que el caso de las y los huelguistas de Notimex-; y dejó en la indefensión a las y los periodistas, con 6 colegas asesinados en lo que va del 2022.

La situación del periodismo en México es un verdadero escándalo, aunque a AMLO le enoje que se lo recuerden. Junto a las mujeres -que enfrentan el alza de los feminicidios- son quienes más sufren las consecuencias de la descomposición política y social. La violencia que enfrentan es resultado de la colusión que existe entre el narco y los distintos niveles del poder político, profundamente corrompidos. Eso es indudable: muchos han sido asesinados, amenazados o amedrentados con acciones judiciales por señalar estos vínculos, como el caso de Lourdes Maldonado frente al empresario y ex gobernador morenista Jaime Bonilla en Baja California, o de Ricardo Ravelo, por parte del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

La violencia, el narco y la militarización

El trasfondo de esta situación viene emergiendo bruscamente en la política nacional, con el aumento de la violencia en el país. Aunque lance declaraciones tranquilizadoras, es un factor de alta preocupación para el gobierno.

En los últimos años se ha incrementado la confrontación entre los principales carteles que operan en el territorio nacional, entre los que destacan el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación. Esto se da además en un escenario de gran fragmentación del crimen organizado, con decenas de grupos y carteles que actúan en diversas regiones y estados y pugnan por el control de las plazas. Los dos más importantes, ya mencionados, se disputan el control de las rutas de trafico de drogas a Estados Unidos, así como los distintos negocios ilegales, que van desde el secuestro y el trafico humano, hasta el “huachicoleo” de los ductos de Pemex. Zacatecas y Michoacán -verdadera “zona de guerra”- son la mayor expresión de una situación que se extiende por el país.

Evidentemente no se trata solo de una confrontación entre carteles rivales. La dinámica no se puede entender sin los vínculos con el poder político; donde entran funcionarios del Morena y de los partidos de oposición que negocian con unos u otros el control de las zonas. Se calcula que un 85% de los municipios del país están gobernados por alcaldes vinculados al crimen organizado, según reseña el ya mencionado Ricardo Ravelo en su reciente libro “Narcopolíticos”.

La respuesta gubernamental ha sido el aumento de la militarización del país con la creación de la guardia nacional -la cual ya tiene más efectivos que los que volcaron a las calles los gobiernos previos-, señalada sobradas veces por violaciones a los derechos humanos. Corporación que también ha empezado a tener mayor protagonismo contra sectores que se movilizan, como es el caso de los normalistas, en un contexto donde se han dado nuevos hechos de represión, como en Michoacán, contra el magisterio el último 21 de febrero.

Aunque la retórica oficial es “Abrazos, no balazos” frente al accionar del llamado crimen organizado, la respuesta ha sido otra. Estamos ante un espiral de violencia empujado tanto por la acción de los carteles que buscan acrecentar sus negocios y disputar la hegemonía, como por el accionar de las fuerzas del estado, todo lo cual golpea a la mayoría de la población, como se vio los últimos días en Caborca, Sonora, o en Michoacán, por mencionar solo dos ejemplos.

Esta situación preocupa a los Estados Unidos, por cierto el principal responsable de las políticas prohibicionistas contra las drogas y de la militarización del país. La Comisión para la Lucha contra el Tráfico de Opioides Sintéticos, en la que participan legisladores de aquel país, señaló a México como el responsable del trafico de fentanilo -la droga sintetica del momento- y reclamó a AMLO que “haga más”.

En un país como México, el incremento de la violencia, alimentada por las disputas entre los carteles y la militarización del país, y sus efectos devastadores contra la población y sectores como los periodistas, puede tener consecuencias explosivas y afectar la confianza en las instituciones y los gobiernos. AMLO, que todavía goza de gran popularidad, lo sabe.