En días pasados leí una noticia que me impactó de sobremanera, “En 8 meses del año tres conductores han perdido la vida y por lo menos 80 de ellos han sido víctimas de robo con o sin violencia”
Martes 1ro de septiembre de 2020
En días pasados leí una noticia que me impactó de sobremanera, “En 8 meses del año tres conductores han perdido la vida y por lo menos 80 de ellos han sido víctimas de robo con o sin violencia”
Lo nota fue publicada por el periódico “El Heraldo de Chihuahua” y la traje al tema porque me hizo pensar que la violencia también es precarización, como se puede extraer del título “Victimas de delito, 143 conductores de apps”.
Aunque regularmente vaya en sentido inverso, es decir, la principal manera en como las clases trabajadoras sufren la violencia patronal es a través, precisamente, de ver cada día más precarizadas sus condiciones laborales.
Las malas y en casos extremos “nulas” condiciones de trabajo, niegan todo tipo de relación laboral existente y se disfrazan como subempleo o subcontratación. Los empresarios en complicidad con las autoridades correspondientes son en gran medida, si no es que en todo responsables de orillar a sus empleados, en este caso, las y los chóferes de los servicios de transporte, a exponer ya no solo las pertenencias materiales y dinero de su trabajo, sino la integridad y su vida permanentemente.
La precarización laboral en nuestro país se traduce en la creciente insuficiencia de los recursos económicos para sobrevivir y mantener a nuestras familias, en otras palabras, no completar ni para sacar el día, como suele decirse.
Aunque los servicios de trasporte como Uber y DiDi son recientes, el tema de la precarización tiene décadas viviéndose en el estado. Recordemos que es a raíz de los llamados procesos de “flexibilización” laboral o “desregulación” del mercado de trabajo, promovidas de manera intensiva en la década de 1990, con la explosión de industria maquiladora en Chihuahua, que la precarización es parte integral de nuestra vida cotidiana.
La reducción del salario, el aumento en los despidos y la falta de respeto a nuestros derechos laborales, como lo son el menoscabo y deterioro de las coberturas sociales y la famosa contratación temporal, es el día a día de las clases trabajadoras y sus familias con la subcontratación.
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En la nota citada se informa que sólo en lo que va del año, la inseguridad en contra de las y los conductores de plataformas digitales de transporte en el estado generó 3 asesinatos y 143 carpetas de investigación. En más datos arrojados por la fiscalía general del estado de Chihuahua, de las 143 capetas, 80 de los casos ha sido víctima de robo con o sin violencia. Así mismo, 71 pertenecen a la aplicación de Uber y 41 a DiDi, dividiéndose el resto entre otros servicios.
Dentro de los robos, 40 de los casos incluyen vehículo completo, por otro lado, cabe decir que las y los conductores también han sido víctimas de abuso de confianza, abuso sexual, violación, hostigamiento, así como de continuas extorsiones.
Debido a la poca importancia que se da a las y los trabajadores, así como a sus vidas, en las nuevas leyes y reglas de la “flexibilización” laboral (subcontratación) en México, las y los conductores de las plataformas quedan expuestos, además de que son fácilmente engañados a través de perfiles falsos que solicitan el servicio y al momento de iniciar o durante el viaje, son atacados para tomar sus pertenencias o incluso llegar al robo del vehículo.
A principios del año se documentó sobre una banda criminal que se dedicaba al robo de estos conductores, en donde agentes de la policía vial del estado de Chihuahua estuvieron implicados.
Lo que recuerda la necesidad de la organización de las y los trabajadores no sólo de las plataformas Uber y DiDi, sino de todas sus modalidades de reparto de comida Uber Eats, DiDi Food, etcétera. Así como demás sectores precarizados, sin confiar en los gobiernos y sus autoridades de los distintos niveles, del mismo modo que de sus partidos políticos y de las mismas directrices patronales que, ahora con la pandemia Covid-19, priorizan sus ganancias, antes que la vida y salud de las clases trabajadoras.
Las consecuencias de la subcontratación legal e ilegal en nuestro país, como lo dividen ahora dentro del gobierno de la 4T, para las y los trabajadores significa más precarización, negando el derecho a la estabilidad laboral por medio de la reducción o negación del reparto de utilidades, ingresos por prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo o el derecho de adquirir un crédito para vivienda, por mencionar los más importantes.
Es clave que la clase trabajadora no deposite su confianza en la falsa conciliación con la patronal que pregona la 4T, así como tampoco en el gobierno panista de Javier Corral Jurado, que no sólo no concilia sino que tiene una abierta y descarada cargada en beneficio de las cúpulas empresariales y su renovada casta burocrática. Las y los trabajadores solo podrán ganar sus derechos y emancipación, retomando los métodos de lucha que le han abierto camino, aquellos que ponen en jaque las entrañas del modo de producción capitalista.