Parece que algunos empresarios están (más) envalentonados con la derecha en el poder. Es el caso de los dueños del laboratorio de Quilmes. Mientras ganan millones, echan a trabajadoras que se afilian al gremio y ni siquiera les pagan la indemnización. Hoy protestaron frente a la planta. Jorgelina Vello, salió a insultar, con la prepotencia de una gerenta cheta. Una muestra de lo que está en juego con la Ley Bases.
Lucho Aguilar @Lucho_Aguilar2
Miércoles 8 de mayo 15:12
La gerenta salió de las oficinas, con su teléfono de alta gama en la cara, muy bien arreglada, pero algo desencajada. Caminó hacia los manifestantes, como si estuviera filmando la escena, y les empezó a gritar “delincuentes”.
Quiénes le respondían saben de qué hablan. Jorgelina Vello es la CEO de Laboratorios Drawer. Se trata de una de las empresas que mejor le está yendo en estos tiempos. Se dedican a la producción y comercialización de medicamentos con su propia marca y para terceros. Genéricos, insumos para hospitales, productos de exportación. Aunque estamos hablando de la salud de la población, los medicamentos aumentaron estos meses el doble que la inflación total, que a su vez aumentó el doble de los salarios.
Vello y el apoderado de la empresa, Ignacio Chiodos, la levantan en pala. Pero para eso también entierran los sueldos, condiciones de laburo y hasta los derechos gremiales de sus trabajadores y trabajadoras. Hace años reclaman el incumplimiento del convenio 42/89 de ATSA.
Ese es el motivo de la protesta que vimos hoy en la planta del partido de Quilmes. Hasta allí se acercaron algunos de los y las despedidos, junto a integrantes de la seccional del gremio de Sanidad.
Mirta Corro, una de las delegadas, resumió el conflicto: “Sólo se sancionó la mitad de la Ley Bases y se agarran de eso para echar gente, pero no echan a cualquiera, lo hacen con los que se afilian al gremio de sanidad, ellos ya de por sí tienen un tema. Cuando vos entrás a trabajar a esta empresa, lo primero que te dicen acá es ‘nadie se afilia’” (El Vecinal Informa).
Aunque ya es una tradición la persecución laboral y gremial, en las últimas semanas despidieron a cinco trabajadores que alquilan, tienen hijos. No solo se niegan a la reincorporación, sino que tampoco les quieren pagar las indemnizaciones que les corresponden. La empresa aduce una crisis que no tiene. Todo lo contrario, cada vez gana más plata.
La delegada contó que “una de las despedidas, con doce años de trabajo en la empresa, que jamás tuvo un problema y hace poco ya había decidido afiliarse, se afilió y, primero apercibimiento, después suspensión, hasta llegar ahora a despedirla con una causa inventada” (El Vecinal)
Antes de la movilización hubo tres audiencias en el Ministerio de Trabajo. Lamentablemente el sindicato no insistió con la reincorporación de las trabajadoras. Es lo que corresponde, ya que son despidos sin causa y además discriminatorios. En las reuniones no hubo acuerdo y los funcionarios, lejos de hacerle cumplir a la empresa sus obligaciones, “liberó a las partes”. El problema es que una de las partes actúa con la prepotencia y las ventajas que tienen los empresarios, sobre todo si están ligados al poder. El apoderado de la empresa, Ignacio Chiodo, es concejal del PRO. Pero la empresa en su momento tuvo cercanía con los popes del peronismo quilmeño. Estamos hablando de una empresa muy cercana al poder.
Ese “poder”, junto al envalentonamiento que sienten muchos patrones con el gobierno de La Libertad Avanza, es el que da rienda suelta a la ricachona Vello para verduguear a las trabajadoras.
El caso deja otra enseñanza. En pequeño muestra lo que está en juego con la Ley Bases aprobada en Diputados y que entra al Senado. La ley significa un avance en la flexibilización laboral que piden las empresas. Hay dos ataques concretos que se ven en el caso Drawer. Por un lado, la impunidad para realizar despidos discriminatorios. El artículo 91° agrava las multas por despidos por razones de género, raza o actividad gremial, pero no impone la reinstalación en su puesto de la persona discriminada. Por ejemplo una trabajadora que se afilia al gremio o impulsa la organización de sus compañeros, ahora es negada.
El otro, el sueño de los despidos más fáciles y baratos. El artículo 92 de la Ley propone sustituir la indemnización actual por “un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional”. De esa manera, la empresa puede despedir más barato, sin causa y sin los derechos contemplados en la ley, como sucede en la UOCRA.
El grito de Vello es el insulto clasista de quien se cree dueño de sus esclavos y esclavas. Que no puede tolerar que alguien reclame el derecho elemental a tener un sueldo que le permita vivir bien, criar a sus hijos e hijas, organizarse colectivamente. Por las despedidas de Drawer también hay que ir al paro este 9 de mayo y marchar hasta tirar abajo la Ley Bases y todo el plan de Milei.
Lucho Aguilar
Nacido en Entre Ríos en 1975. Es periodista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2001. Editor general de la sección Mundo Obrero de La Izquierda Diario.
