Conferencia matutina. ¿Las generaciones más jóvenes obtendremos nuestro derecho a jubilarnos de vuelta?

A las generaciones más jóvenes no nos tocará jubilarnos. Al menos esa es la idea que se nos repite constantemente en redes, círculos sociales, el trabajo y un largo etcétera. Un derecho perdido según el discurso neoliberal y, para algunos, un "privilegio" del que todavía gozan.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente aclaró algunos puntos de la propuesta presentada el lunes pasado referente a la reforma a la ley de pensiones. Pero antes de entrar en detalle, expliquemos cómo se constituía el régimen de pensiones y jubilaciones previo al actual.

¿Cómo era el viejo régimen de pensiones?

El viejo régimen de pensiones se le conoce en México como el Régimen del 73 del Seguro Social. Dicho régimen, instaurado durante la presidencia de Luis Echeverría en 1973, contemplaba el cálculo del retiro para los sectores nuevos de trabajadores.

Eran tiempos, todavía, del modelo de desarrollismo por industrialización y sustitución de importaciones, que en México en esos años se conocía como el desarrollo estabilizador. Dicho modelo ya estaba dando sus últimos suspiros y varios analistas preveían una fuerte devaluación monetaria; pero a la vez, el gobierno de Echeverría se enfrentaba, al fuerte cuestionamiento político que conllevó el aplastamiento militar a la expresión mexicana de la oleada revolucionaria de 1968 a nivel internacional —y que politizó a una generación que se fue a la militancia política, ya fuera a través de la guerrilla o con la militancia en las estructuras obreras para luchar por la re-organización sindical y que se expresó también en el surgimiento de nuevas agrupaciones partidarias en ruptura con la vieja dirección del PCM—, a una juventud que se incorporaba al mercado laboral una vez terminados sus estudios.

Es así que en 1973 se instaura la ley de pensiones del Seguro Social para dar pie a un sistema de jubilaciones para garantizar un recurso económico a los mayores de 65 años que hubieran sido trabajadores asalariados durante diez años aproximadamente (500 semanas cotizadas, en la ley del 97 este tope se duplicó, obligándote a ser asalariado al menos 20 años). En este esquema, la pensión se calculaba dependiendo del sueldo que percibiera un trabajador. Los últimos cinco años trabajados se promediaban para establecer el monto a recibir.

¿Cuándo y cómo se cambió este sistema?

Sin embargo, en los años 90, la ofensiva neoliberal, con el TLCAN de por medio, vinieron a golpear duramente las condiciones de los trabajadores, cuyas direcciones sindicales dejaron pasar el ataque sin miramientos. Como parte de la ofensiva impulsada por el Consenso de Washington (llamado así porque en dicha ciudad están las sedes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de EE UU, las cabezas visibles de la dictadura del capital imperialista), una serie de medidas fueron adoptadas en todo el continente por los distintos gobiernos democráticos.

En el punto número 2, de los 10 que conforman las condiciones que el imperialismo estadounidense planteó a América Latina a finales del siglo XX, está la redirección del gasto público en subsidios y la eliminación de los «subsidios indiscriminados», entre los que se encontraban las pensiones. Con ello vino una reforma fiscal fuerte que eliminó el derecho de las jubilaciones de facto, privatizándolas.

En Chile, laboratorio neoliberal por excelencia, estas medidas se introdujeron en 1986, dando pie a las infames Administradoras de fondos de pensiones (AFP); pero en otros países el ataque fue prácticamente simultáneo: en Uruguay se instauró la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) en 1996, en Argentina se crearon las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP); en México, las AFORE vinieron en 1996 con la reforma implementada por el gobierno de Ernesto Zedillo.

Siendo así que, a partir del 1ro de julio de 1997, las personas que ya no entraran en el régimen del 73 ya no podían disfrutar de su pensión estatal, vale decir administrada por el estado pero cuya fuente de capitalización era el aporte , mancomunado de los trabajadores registrados y sus patrones. Ahora, en cambio, una vez que uno entra a trabajar debe de buscar una compañía que administre sus ahorros. El fondo de este nuevo sistema de Afores es que los patrones fueron exonerados por Ley, de la obligación de dicha cotización mancomunada, un gigantesco regalo para los patrones, a través de la derogación de dicha obligación económica y, por si fuera poco, de la creación de un nuevo segmento de mercado financiero-bursátil del cual pueden extraer ingentes ganancias.

¿Cómo funciona el sistema de pensiones privatizadas?

El esquema es exactamente el mismo en toda la región: las administradoras (AFORE, AFP, AFAP o cualesquiera sean los nombres que adopten) especulan con el dinero de los trabajadores y lo usan como apuesta en el sistema financiero, de modo que las ganancias obtenidas, deja de estar al servicio del trabajador y pasan directamente a manos de la empresa capitalizadora.

Aquí, el trabajador no puede objetar, pues es obligado a firmar un contrato para que administren sus ahorros, mientras que la patronal usa "su" dinero para financiar empresas u obras licitadas por el gobierno a la iniciativa privada.

Es decir, una persona no sabría que están usando su propio dinero para financiar un proyecto que podría, por ejemplo, llevar a la reubicación de su lugar de vivienda en un proceso de gentrificación ─que implica el encarecimiento del valor de uso del suelo que conlleva al pago de mayores impuestos y un nivel de vida más caro que se vuelve insostenible y obliga a emigrar a a colonias más pobres—. O una obra que contamine en extremo su localidad o incida en el agotamiento del agua potable para la población en general, etc..

Son estas estafas las que han motivado protestas en distintas latitudes. En Chile, por ejemplo, se creó la coordinadora NO+AFP para eliminar ese esquema que solamente enriquece a los capitalistas aún más con el sudor de la clase trabajadora.

¿Por qué cambiaron el sistema de pensiones?

Aunado a los motivos políticos que mencionamos anteriormente, el capitalismo se sostiene bajo el ataque a las condiciones de vida de los trabajadores. Para los capitalistas, la culpa de que no se obtenga "la misma cantidad de ganancias", ─justo cuando lo volúmenes de ganancias están creciendo en gran cantidad a pesar de la caída de la tasa de ganancia en general—, se debe a que la propia población mundial no sólo ha envejecido, sino que ya no tienen tantos hijos y la esperanza de vida ha ido en aumento.

Por ello, sostener a esas generaciones de adultos mayores se vuelve un gasto cada vez más pesado, no para ellos sino para el Estado, el cual ellos consideran debe sostenerlos económicamente a ellos en lugar de aquellos que día a día sostienen en movimiento la maquinaria de acumulación capitalista. Por ello se muestran profundamente preocupados porque la carga de las pensiones son cada vez más elevadas e "impagables" por el Estado cuando en realidad lo que se lee entre líneas que ellos quieren que esos dineros se dejen de pagar a los trabajadores y estén disponibles para sostener los negocios comunes de la burguesía fomentados por el Estado; por poner un ejemplo notable, el Tren Maya, que proporcionará gratuitamente infraestructura al servicio de la expansión de la industria turística en el sureste y enormes volúmenes de capital que pasaran por las manos de los jerarcas del aparato represivo, las fuerzas armadas como administradoras de la megaobra.

¿Qué plantea la reforma de AMLO?

Durante la conferencia de este miércoles, el presidente aclaró algunos puntos de su reforma a la ley de pensiones de la mano de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. La titular de la SEGOB explicó algunas de las fuentes provenientes de las que se obtendrán recursos para costear la propuesta. Concretamente, la propuesta plantea, en su página 9, lo siguiente:

La iniciativa plantea la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar, mismo que se integrará a partir de aportaciones del Gobierno Federal provenientes del 75% de los recursos provenientes del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de los ingresos que se obtengan de la venta de bienes inmuebles sin construcción propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo; de los montos de los adeudos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación y de los órganos autónomos, así como de las entidades federativas, de los poderes legislativos y judiciales locales, de las administraciones públicas municipales o de cualesquiera de sus entes públicos que tengan pendientes de pago ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el ISSSTE o el IMSS; así como de los recursos por la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley del INFONAVIT, garantizando en todo momento la imprescriptibilidad de los recursos propiedad de los trabajadores.

También se propone obtener recursos de las "aportaciones derivadas del reintegro de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que se utilizaban para financiar el mantenimiento de casas habitación y otras extravagancias de jueces, magistrados y ministros, una vez que concluyan los procedimientos legales en curso; los recursos financieros y economías que se generen con la eliminación de los órganos autónomos, órganos reguladores, organismos descentralizados, órganos desconcentrados, unidades administrativas y otros entes públicos que se extingan por tener una duplicidad de funciones; del 25% del remanente de las utilidades netas que se obtengan de los ingresos propios de las entidades paraestatales sectorizadas en las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de los rendimientos, aprovechamientos y demás productos financieros derivados de la administración de dichos recursos".

Todo el plan del gobierno se hace sobre la base de recortes presupuestales y de eliminación de funciones de dependencias estatales. Es decir, en consonancia con la llamada "austeridad republicana" que ha pregonado la 4T durante el sexenio, pero ojo que lo central de su propuesta es que los patrones siguen exonerados de cumplir con su aporte obligatorio a las jubilaciones, dejando en manos del Estado toda la carga de esta vieja conquista social.

Para tomar nota, un elemento destacado de la mañanera es que se aclaró que, aunque se busca una jubilación al 100% del salario de los trabajadores pensionados, ésta tendrá un límite: el promedio establecido en el IMSS, que es de $16,777 mensuales.

¿Qué problemas presenta la propuesta de reforma de AMLO?

La reforma de AMLO, aunque plantea un retroceso en las privatización de las pensiones y una mayor preponderancia del Estado para las jubilaciones (como se hacía durante el Régimen de la Ley del 73), presenta dos grandes problemas: el primero, como lo adelantó el presidente mismo, es que aún no se ha aprobado su paquete de reformas y es probable que suceda en la administración del sexenio que viene (y si es que no se presentan modificaciones en las cámaras del congreso).

El segundo problema es que, aunque se propuso el aumento al salario mínimo por arriba de la inflación, esto no contempla el encarecimiento generado por la especulación capitalista de otras áreas, como el sector de vivienda, donde los cárteles inmobiliarios han inflado los precios de las rentas y costos en varias colonias de la capital y otras ciudades con alta inversión financiera en la república. A esto se añaden los convenios que ya se han realizado en gobiernos como el de Claudia Sheinbaum, en colaboración con AirBnb en la capital, o como el de Samuel García de la mano de Elon Musk y Tesla.

¿Podemos hacer algo al respecto?

Esta situación, empero, no es perpetua. La movilización de las y los trabajadores exigiendo un sistema de pensiones dignas gestionadas por los trabajadores, y cumplimentadas por el Estado de manera democrática. Con un salario que permita sostener a los adultos mayores, equivalente por lo menos al costo de la canasta básica e indexado periódicamente conforme a la inflación es una manera de frenar las estafas que las empresas de "ahorros" hacen con nuestro dinero.

Para ello es importante no sólo retomar la solidaridad de la clase trabajadora en su conjunto integrando a los sectores informales extendiendo la contratación obligatoria a todo aquel que trabaje y garantizándole plenos derechos laborales, sino realizando acciones concretas, como lo son la huelga y el paro, obligando a las direcciones sindicales para que exijan el fin del sistema privado de pensiones y todos los trabajadores podamos acceder a una pensión pública digna obligando a aportar a los patrones. Es decir, sin depositar confianza en que únicamente a través de las propuestas de los funcionarios y políticos se pueden obtener derechos, sino que es al revés: sólo "nos los darán" si luchamos por ellos y los obligamos a hacerlo.

Es de hacer notar que en ningún punto de la propuesta de reforma presentada por el presidente se plantea justamente la obtención de recursos del sector privado. Es decir, la 4T no pretende tocar las fortunas de los grandes empresarios que se han enriquecido con el sudor de los trabajadores y la especulación de sus ahorros para el retiro.

En resumen: sí nos podremos jubilar y obligar a los patrones a que paguen su costo, pero tenemos que garantizar ese derecho como muchos otros más: sólo mediante la organización independiente respecto a los partidos del congreso, desde el neoliberal Frente Amplio por México (integrado por el PRI, PAN y PRD) hasta el Morena y sus allegados de la 4T que no pretenden "expropiar ni un tornillo" a los grandes capitalistas que se enriquecen con nuestro trabajo.