La presentación de las firmas para habilitar el plebiscito sobre la seguridad social instaló definitivamente el tema en la campaña electoral. La derecha se juega con todo a atacar las propuestas con una campaña que combina desinformación y mentiras con el objetivo de defender las AFAP y el aumento de la edad jubilatoria. Nos proponemos en esta nota polemizar con algunos de sus principales argumentos.
Domingo 26 de mayo
Desde que el PIT-CNT presentó a la Corte Electoral más de 430mil firmas para habilitar el plebiscito de la seguridad social, el tema se ha instalado con fuerza en la campaña electoral.
Como decíamos en una nota anterior, las propuestas a someterse a plebiscito ponen en discusión aspectos centrales del actual sistema de la seguridad social, en tanto cuestionan la existencia de las AFAP y el lucro privado (ley 16.713, de 1995) así como el aumento de la edad jubilatoria (ley 20.130 del año 2023).
Nos proponemos en esta nota polemizar con algunos de los principales planteos manejados por quienes se oponen al plebiscito.
Primer argumento: Uno de los argumentos que más se ha utilizado señala que si el plebiscito triunfara, se daría una expropiación de los ahorros de las y los trabajadores.
Quienes hacen estos planteos olvidan, que actualmente ningún trabajador puede disponer libremente de estos ahorros, sino que en realidad están en poder de las AFAP (y son usados para especular e invertir).
Haciendo un poco de historia, podemos recordar que el régimen de administradoras de fondos de pensiones fue ideado desde la ultraliberal Escuela de Chicago a fines de los 70 y fue utilizado por primera vez en Chile, durante la dictadura de Pinochet. Su puesta en marcha implicó en los países en que se implementó, que cifras millonarias en dólares estén disponibles para las empresas que gestionan los dineros de las y los trabajadores.
Con ese dinero se dedican a invertir y especular y mientras tanto cobran comisiones mes a mes por administrar los ahorros de los trabajadores. En el caso de nuestro país las AFAP gestionan alrededor de 22mil millones de dólares y se llevan año a año más de 1400 millones. Una suma millonaria, casi el 2% del PBI, es transferido del BPS a las AFAP, y esto explica el supuesto déficit del BPS, que ha sido uno de los argumentos para la reforma que impuso el gobierno multicolor.
No es menor el dato de que el 64% de quienes perciben jubilaciones de las AFAP, están cobrando alrededor de 3200 pesos mensuales, una verdadera miseria, que muestra que este sistema implementado en 1996 fue un fracaso absoluto.
En relación al mecanismo concreto a implementar en caso del triunfo del plebiscito desde ATSS se ha explicitado a que lo que se propone es el traspaso de los aportes de las AFAP al BPS a través de un fideicomiso; la misma herramienta utilizada por el actual gobierno para quienes quieran renunciar al artículo 8 y también, el mismo instrumento que utilizó el FA en el pasado para solucionar el tema de los cincuentones.
Segundo argumento: Otro de los argumentos de quienes atacan el plebiscito es que llevará a una suba de impuestos para poder financiar el aumento de las jubilaciones.
Lo que en realidad ha sucedido en nuestro país, es una progresiva baja de los aportes patronales al sistema de la seguridad social, su financiamiento ha quedado en manos de las y los trabajadores que aportan el 15%, mientras las patronales aportan el 7% y el agro solo el 2%.
A nivel más general, lo que hay por detrás es un modelo económico instalado que da privilegios y exonera permanentemente a los capitalistas para garantizarles sus grandes ganancias, a partir de una gigantesca transferencia de recursos de parte de las y los trabajadores hacia los empresarios.
Esto es lo que defiende la derecha y quienes se oponen al plebiscito. No se está proponiendo que se aumente el IVA (como dicen los que atacan el plebiscito) sino revertir este modelo hecho a favor de los capitalistas.
Los fuertes ataques que sufre la propuesta a plebiscitar tienen que ver con que pone en cuestión un sistema económico que se comenzó a implementar durante la dictadura y que tuvo el apoyo de todos los gobiernos posteriores. Las privatizaciones, el desmantelamiento del Estado, las zonas francas, los subsidios a las patronales son pilares del actual modelo económico. Las propuestas del plebiscito instalan la discusión sobre la estructura económica del país, su modelo de bajos salarios y precarización laboral, todo un sistema organizado para asegurar el lucro empresarial a costa de las y los trabajadores.
Tercer argumento: La derecha también argumenta que si triunfa el plebiscito habrá una catarata de juicios al Estado, tanto de supuestos trabajadores afectados como de las propias AFAP.
En relación a este punto cabe aclarar que la propia papeleta incluye en su redacción este punto:
“la entrada en vigor de la presente reforma no implicará pérdida ni menoscabo de derechos o beneficios previstos en leyes anteriores en materia de prestaciones de seguridad social. El Estado no podrá innovar en perjuicio de los afiliados al sistema de seguridad social, concediendo prestaciones inferiores”. O sea que ningún trabajador o trabajadora perderá plata con relación a ahora si triunfamos en el plebiscito.
Y en relación a las AFAP se plantea: “la entrada en vigencia de esta reforma no generará indemnización por lucro cesante a las administradoras de fondos de ahorro previsional”.
Estos supuestos juicios intentan generar miedo en la población y que no se vote el plebiscito.
Como cuestión más de fondo es un intento de poner en cuestión el derecho popular a definir como será el sistema previsional.
En definitiva, el plebiscito abre importantes discusiones sobre el modelo de país que los distintos gobiernos de estas últimas décadas han sostenido.
Casi todos los principales candidatos que se presentan a estas elecciones ya se han pronunciado contra el plebiscito. Frente a la oposición y resistencia de la derecha (y de importantes sectores del Frente Amplio) la organización y movilización popular es la que puede garantizar el triunfo, y de esta manera evitar el aumento de la edad jubilatoria y poner fin al lucro empresarial con los fondos previsionales de las y los trabajadores.
